El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó ayer la determinación del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) de multar a los partidos Revolucionario Institucional, del Trabajo y Popular Socialista por la falta de comprobación de sus gastos. El fallo es positivo en muchos sentidos. Por una parte, porque contribuye a despejar la impresión de que existía un enfrentamiento entre ambas instituciones, interpretación surgida a raíz de algunas decisiones del IFE que posteriormente fueron revocadas por el Tribunal Electoral . Por la otra, porque demuestra que éste último tiene capacidad de actuar en forma imparcial, fundamentada y apegada a derecho.

En otro sentido, el fallo mencionado constituye un importante factor para desactivar el acoso de que han sido víctimas el IFE y diversos integrantes de su Consejo General, contra los cuales el partido gobernante ha realizado imputaciones y señalamientos injustificados de, entre otras cosas, parcialidad y desconocimiento de las normas legales.

En términos más generales, lo ocurrido ayer en el Tribunal Electoral debe entenderse en el contexto del proceso de construcción de autoridades electorales en el cual está empeñado el país, como condición indispensable para su plena democratización.

A este respecto, ha de considerarse que tales autoridades no se constituyen sólo por disponer de atribuciones legales para organizar y calificar comicios, supervisar el apego a derecho de los institutos políticos y, en general, garantizar la equidad, la transparencia y la limpieza de las elecciones, así como la activa participación de la ciudadanía. Un complemento necesario de estas facultades, y tan importante como ellas, es que exista en torno a la composición y el desempeño de las instituciones electorales un amplio consenso social, y que éstas tengan, además de autoridad legal, autoridad moral de cara al resto de las instituciones, los partidos y los ciudadanos. Para ello debe establecerse una dinámica en la cual las organizaciones políticas y los electores den su voto de confianza a las entidades electorales y que éstas, a su vez, correspondan a dicha confianza.

En esa dinámica, las impugnaciones y las inconformidades con las decisiones y el desempeño de la autoridad electoral deben ser la excepción y no la norma. En esa lógica, las instituciones señaladas no tienen por qué argumentar y justificar cada uno de sus actos, como lo señaló ayer el presidente del Tribunal Electoral, José Luis de la Peza.

A este respecto, es positivo el hecho de que el PRI haya decidido acatar el fallo emitido por el máximo tribunal del país en materia electoral.

Puede afirmarse, en suma, que la determinación adoptada ayer por el Tribunal Electoral constituye un acto de legitimación de las autoridades electorales y, en esa medida, contribuye a la plena democratización del país. En una perspectiva más inmediata, cabe esperar que la decisión contribuya a distender el proceso comicial que está teniendo lugar en el país y cuya recta final ha resultado más ríspida y crispada de lo que sería deseable.