Emilio Krieger
La democracia formal o sustancial
Durante los periodos de elecciones, con toda la basura, toda la publicidad y toda la verbosidad que traen aparejadas, la atención pública se inclina a destacar los rasgos superficiales o circunstanciales (personalidades, partidos políticos, colores y símbolos), sin preocuparse demasiado por los programas, con abundancia de promesas, ilusiones o compromisos. Los procesos electorales normalmente son caminos que ``se hacen al andar'', desvían la atención de las metas perseguidas y, en ocasiones, el estruendo de la batalla comicial y del itinerario acalla el rugido de la lucha profunda. Al menos, eso es lo que quisieran lograr los políticos electoreros, los mapaches de todas clases, quienes en cada evento electoral ven sólo una ocasión propicia para asegurarse algún puesto público o algún ascenso en la carrera, aunque ello sea a costa de ``deslindes'' supuestamente oportunos y liberadores.
Pero cuando el proceso electoral ocurre en medio de una crisis como la que el liberalismo salino-zedillista ha traido a México, cuando en el combate no se están poniendo en juego sólo puestos de poder o amplias oportunidades de lucro personal o apetitos de medro, sino toda la orientación social y el destino histórico de un país, como ocurre en el México de 1997, ni podemos quedarnos en la apreciación superficial de la democracia electoral partidista, ni podemos aceptar que la lucha de fondo se ha debilitado, ni estamos en el ánimo de justificar las políticas de impunidad que protegen a delincuentes como Carlos Salinas o Rubén Figueroa, aunque favorezcan a antecesores o compadres. No podemos apreciar tácticas de ``deslinde'', aunque se originen en necesidades partidistas o emerjan de urgencias de candidatos. Ni el presidente naconal de PRI, ni el candidato de ese partido a la gubernatura del Distrito Federal han ganado un solo voto de apoyo, ni una modesta muestra de simpatía por sus inverecundos ``deslindes'' respecto a las responsabilidades de Carlos Salinas y su cuadrilla.
Por fortuna, la ciudadanía, ya a nivel nacional, ha captado plenamente que ni el PRONAFIDE zedillista, ni las arengas neoliberales, ni ``el clientelismo'' desatado, ni las ofertas siempre incumplidas, ni el sindicalismo de control fascistoide, ni siquiera la cruenta represión desatada en todo el país, son factores suficientes para imponer un nuevo fraude electoral, contrario a la voluntad de la mayoría ciudadana. Ni siquiera bastan ya para ocultar el fondo de la gran batalla social que hoy vive nuestro país, como parte de un mundo que ya vomita la represión militar y la corrupción política, la codicia y el espíritu de lucro privado de las élites aún gobernantes. La gran miseria de la mayoría mexicana, es, sin duda, el primer dato objetivo que estará presente el próximo 6 de julio. Junto a él, la indignación contra la injusticia, la mentira, la corrupción impune y la ignominia, serán un poderoso motivo moral que habrá de impulsar a los votantes. Y tal vez sea necesario completar el breve cuadro con un firme propósito ciudadano de reconstruir un Estado de derecho que entre sus datos incluya una plena soberanía nacional y un respeto verdadero a los derechos humanos.
Salta a la vista de propios y extraños, de ciudadanos y de simples observadores, de campesinos despojados, de obreros desempleados, de banqueros avariciosos y de funcionarios públicos y concesionarios enriquecidos, que la gran puerta que se abrirá el 6 de julio no es para asegurar la continuación del liberalismo salino-zedillista, sino para emprender un nuevo camino.
En esta ocasión conviene señalar que no se trata de elegir personas para que sustituyan en los puestos públicos a quienes han concluido su periodo. Por fortuna, el proceso electoral federal de 1997 y los que le sigan, entrañan la apertura hacia una nueva política, de auténtica base democrática y verdadero sentido social o ``populista''. Por ello, detrás de cada sufragio que se produzca el 6 de julio contra la torpe concepción aplanadora zedillista, habrá la voluntad de un pueblo mexicano, decidido a exigir el respeto a su voto y a su decisión política, quiéranlo o no las autoridades estatales y sus apoyos coercitivos, militares o policiacos.