Niega Gobernación haber concedido permisos para esas cintas

Rosa Icela Rodríguez Ť La empresa Summa Video Brock, SA de CV, productora del video contra el PRD, es uno de los proveedores del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), cuya dirección dejó el priísta Alfredo del Mazo para emprender su campaña por la jefatura del gobierno del Distrito Federal.

En tanto, tres diputados y un asambleísta del Partido de la Revolución Democrática interpusieron una denuncia penal en contra de los 14 trabajadores de la empresa citada detenidos la madrugada de ayer, y contra quien resulte responsable por los presuntos delitos electorales, difamación y calumnias, así como ultraje a la moral, pornografía, asociación delictuosa y piratería.

Inspección de uno de los sitios en donde se elaboraban los
videos apócrifos contra el PRD, en la colonia Condesa.
Foto: Omar Meneses

Por su parte, en sus declaraciones ante el Ministerio Público Federal, los detenidos, encabezados por el gerente de la empresa, Joel Moreno Hernández, reiteraron que tenían permiso de la Secretaría de Gobernación para hacer los ``filmes pornográficos'' y los videos supuestamente difamatorios contra el PRD.

Incluso se informó que ayer el titular de la dependencia, Emilio Chuayffet, desmintió ante la dirigencia del partido opositor que él haya tenido que ver en el ilícito, a lo que Jesús Ortega, secretario general perredista, le aclaró que la información había sido proporcionada por esa empresa y retomada posteriormente por el PRD al exigir el deslinde.

También se informó a La Jornada que la PGR giró nuevas órdenes de presentación en contra de otros empleados de Summa, entre ellos María Eugenia Arenas Hernández.

Sin embargo, trascendió de manera extraoficial que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales consideraba que los ilícitos encontrados ``no están tipificados como delitos electorales'', porque no se ajustan a lo estipulado en el Código Penal, incluso, que la pena más severa sería por los delitos de piratería y pornografía.

Así, de manera no oficial, los perredistas fueron informados de que a pesar de que el abuso cometido era contra un partido político y su candidato al gobierno del Distrito Federal, Cuauhtémoc Cárdenas --en plena época electoral--, lo más probable es que no sean delitos federales o algunos del fuero común, que en casi todos los casos tienen derecho a libertad provisional.

Largo interrogatorio

Las declaraciones ante el agente del Ministerio Público (MP) de los diputados Jesús Ortega, Armando Quintero y Rosario Robles, y del asambleísta Eduardo Morales, empezaron a la 1:30 y concluyeron casi a las 5 de la mañana, en el caso 088/Fepade/97, siempre asistidos por el asesor jurídico Francisco Garduño y los abogados del caso, Mauricio Dardón Velázquez y Jorge García Ramírez.

El primero en declarar fue el asambleísta Eduardo Morales. A las 2 de la madrugada relató los hechos en que se vio involucrado cuando fue llamado para que acudiera al inmueble en donde se editaban los videos en la colonia Condesa.

Los detenidos Pascual Hernández, Reynaldo Quezada Ojeda, Claudio Antonio Tolentino, Oswaldo Monter Bañuelos, Víctor Manuel Vanegas Rivera, Hermenegildo Hernández Juliana, Eduardo Villarejo Villavicencio, Manuel Villarejo, Alfonso Moreno Ayala, Gerardo Moreno, María Galeana, Alejandra García, y el gerente Joel Moreno Hernández, también rindieron durante varias horas sus declaraciones ante el Ministerio Público.

Mientras, en otra mesa de la PJF, a las 3:30 horas, Jesús Ortega y Rosario Robles relataron ante el MP cómo en compañía de los medios de comunicación ingresaron al primer piso de la empresa de videocintas y cómo antes llamaron a los patrulleros de la delegación Cuauhtémoc para evitar cualquier incidente.

Los detenidos manifestaron una y otra vez que servían a la empresa y que simplemente eran ``trabajadores''. Dijeron no saber quién les paga para hacer los videos. Por su parte, el MP revisa detenidamente la lista de compradores a la empresa.

Por su parte, el abogado Francisco Garduño mencionó que el MP tiene pruebas de la lista de proveedores del interior de la República, facturas y otros documentos comprometedores, y pueden salir algunas coautorías intelectuales y materiales que es necesario que se perfeccionen en el seguimiento de la averiguación previa.

Señaló que las autoridades deben aclarar las declaraciones del gerente y su denuncia contra Gobernación y tipificar los delitos, al tiempo que mencionó que hoy tendrá que dar a conocer si son consignados o puestos en libertad.

No se configura delito electoral, señala la PGR en un comunicado

La Procuraduría General de la República (PGR) informó mediante un comunicado que en los hechos denunciados por el PRD referente a la producción de propaganda en contra de ese partido, ``no se configura conducta delictiva en materia electoral''.

La PGR explicó que ninguna de las personas presentadas tiene alguna de las calidades exigidas por el artículo 401 del Código Penal Federal, como tampoco se presenta ninguna de las hipótesis planteadas en los artículos 403 a 412 de la misma ley, relativos a la responsabilidad de actores político electorales.

La PGR destaca que además del video, cuya producción impugna el PRD, del mismo lugar fueron decomisados otros de la serie ``Una ciudad para todos'', que contiene mensajes proselitistas a favor de la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas.