Confirma el Trife sanciones a PRI y PT

Jesús Aranda Ť El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) confirmó ayer, por unanimidad de sus siete magistrados, las sanciones económicas impuestas por el Consejo General del Instituto Federal Electoral contra el PRI y el PT; mientras que en el caso del PPS dejó sin efecto una multa y mantuvo la sanción sobre las ministraciones.

En una sesión en la que el recuerdo de dictámenes controvertidos flotaba en el ambiente, la magistrada ponente en el caso del Partido Revolucionario Institucional, Alfonsina Bertha Navarro Hidalgo, y posteriormente en conferencia de prensa el presidente del Trife, José Luis de la Peza, hicieron énfasis en la independencia y objetividad de los fallos de este órgano colegiado, al destacar que la tarea del juzgador ``no siempre es entendida'' porque la parte que pierde en el juicio impugnará lo que no le es favorable.

De la Peza dijo que ante las imputaciones de la prensa en el sentido de que el tribunal actúa de una forma ``partidista, conservadora y con estricto rigor jurídico'', era importante señalar que esas acusaciones van en contra del fortalecimiento de instituciones como el propio tribunal y del IFE, por lo cual era necesario subrayar que las actuaciones de los magistrados electorales se apegan estrictamente a derecho.

Queja infundada: Navarro

Primero se abordó el recurso de reclamación del PRI (SUP-RAP-016/97). De entrada, la magistrada Navarro Hidalgo justificó el sentido del dictamen y salió en defensa de la objetividad e imparcialidad del tribunal. Comentó que el dictamen que elaboró constaba de 134 fojas y representaba un estudio ``objetivo e imparcial'' del caso.

Luego respondió a los agravios presentados por el PRI y concluyó que eran infundadas las quejas de ese partido por la presunta retroactividad en la aplicación de leyes en su contra, parcialidad, violación a la garantía constitucional de audiencia previa, así como la posible falta de atribuciones tanto de la comisión de fiscalización de los recursos de los partidos y agrupaciones políticas como del propio Consejo General del IFE para imponerle sanciones.

Sostuvo que la queja del PRI era infundada en el sentido de que no se le había notificado oficialmente de la sanción económica que supera los 5 millones 462 mil pesos, y agregó que fue correcta la forma en que se votó el dictamen de la comisión de fiscalización en el Consejo General.

Recordó que a pesar de que el PRI tuvo oportunidad para aportar datos en su favor antes de que el Consejo General del IFE dictaminara el asunto, dicho partido no comprobó 46 por ciento de los gastos realizados durante 1996 ``en el área de prensa'' ni aportó elementos para justificar cerca de 47 por ciento de los recursos que dicho partido destinó a sus organizaciones.

Incluso, dijo que la sanción del IFE, consistente en reducir 3 por ciento el total de las ministraciones por concepto de recursos para gastos ordinarios por un mes, es ``relativamente baja'', e indicó que lejos de perjudicar al PRI, el IFE tomó en cuenta las atenuantes que expuso este partido en su favor para no comprobar gastos, y por ello la sanción estuvo lejos de la máxima pena ``económica'' que prevé el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales por la incorrecta comprobación de gastos, que consiste en que las autoridades dejen de entregar al partido afectado hasta 50 por ciento de la aportación gubernamental para gastos corrientes ordinarios durante el periodo de un año.

La magistrada insistió que la resolución del IFE --ratificada por el Tribunal Electoral-- no constituía una imputación por posible malversación contra el PRI ni se señalaba a este partido por haber ocultado información, sino a la falta de presentación de comprobantes en el rubro de prensa y en los recursos que entrega a organizaciones como la Fundación Siglo XXI Luis Donaldo Colosio.

Respecto del recurso de reclamación SUP-RAP-017/97 interpuesto por el Partido del Trabajo contra el dictamen ``consolidado'' que presentó la comisión de fiscalización al Consejo General del IFE acerca de sus informes de ingresos y egresos correspondientes al ejercicio de 1996, el pleno del Tribunal Electoral ratificó por unanimidad la sanción de 542 mil 470 pesos contra este partido por no haber comprobado a cabalidad sus gastos.

Y acerca del recurso de apelación SUP-RP-018/97 interpuesto por el Partido Popular Socialista contra la resolución del Consejo General del IFE, los magistrados electorales aprobaron sin discusión el proyecto del magistrado Leonel Castillo, en el que se dio la razón a este partido en lo concerniente a la multa por 132 mil pesos, pero ratificó la sanción consistente en reducir 4 por ciento del total de las ministraciones, durante dos meses, que el PPS recibe por concepto de gastos ordinarios.

El Revolucionario Institucional acatará las resoluciones del Trife

Más tarde, en forma oficial el PRI señaló que una ``vez que ha conocido la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al recurso que interpuso para impugnar la sanción acordada en su contra por el Consejo General del IFE, manifiesta públicamente, como siempre lo ha hecho, su pleno respeto a la máxima instancia jurisdiccional en materia electoral en nuestro país y el absoluto acatamiento a sus resoluciones''.

Ataques de la prensa: De la Peza

Al término de la sesión, el presidente del Trife, José Luis de la Peza, afirmó que ese órgano no necesita justificar sus fallos, pero afirmó que la prensa desorienta a la opinión pública cuando acusa a los magistrados de parcialidad, partidismo, conservadurismo y estricto rigor jurídico.

Interrogado sobre por qué la magistrada Navarro dedicó gran parte de su intervención para justificar el sentido de su dictamen, dijo que ella sólo repitió lo dicho por el resto de los magistrados, en el sentido de que había que sensibilizar a la opinión pública sobre la imparcialidad del tribunal y la importancia que tiene el fortalecimiento de las instituciones electorales en el país.