La empresa mexicana Domos, sancionada por la ley estadunidense Helms-Burton por su participación en la empresa cubana de telecomunicaciones que fuera creada hace casi cuatro décadas después de expropiar los activos e instalaciones de la ITT en la isla, acaba de acatar dicha ley y pide que se le levanten las sanciones estadunidenses por haberla violado. Es cierto que Domos tenía ya problemas con Cuba por no haber realizado las inversiones prometidas, pero su retirada de la isla caribeña pone en discusión dos tipos de problemas.

El primero de ellos consiste en que Estados Unidos ejerce un chantaje que jurídica y moralmente es inadmisible, pero que resulta sumamente eficaz contra quienes comercien con Cuba o inviertan en ese país según las reglas internacionales que Washington desconoce. De modo que sólo pueden resistir este bloqueo arbitrario quienes tienen firmes posiciones respecto a la necesidad de defender los principios elementales de la convivencia internacional o quienes tienen suficiente respaldo o poder y suponen que Estados Unidos vacilará antes de golpear sus intereses porque podría verse obligado a pagar un precio económico o político demasiado grande. En una palabra, se comprueba que el hilo se rompe por lo más delgado, como sostiene el refrán popular y que Washington puede tomar medidas contra empresas mexicanas, por ejemplo, o latinoamericanas, que no adopta contra las europeas, precisamente para atemorizar a éstas o llevarlas a una mayor obediencia.

El segundo, aún más grave, deriva de la aceptación y legitimación del chantaje por las víctimas del mismo. Es evidente, en efecto, que ante la ilegalidad de la ley Helms-Burton, quienes la aceptan a pesar de todo envalentonan a quienes siguen insistiendo por esa vía y piden incluso agravar esa ley aberrante. Todos los países, México entre ellos, han amenazado con adoptar contramedidas que reduzcan, por lo menos, los alcances de la ley citada y siguen insistiendo en el principio elemental de que ningún país puede aplicar sus leyes interiores con carácter retroactivo o extraterritorial, como lo hace Estados Unidos, porque eso instauraría la ley de la selva. Pues bien, Domos ha demostrado temer más al Departamento de Estado que al Congreso mexicano, cuyas sanciones a quienes acepten la ley Helms-Burton, lesionando así los intereses generales de México y colaborando en la violación de la justicia internacional evidentemente, Domos cree menos eficaces que las de Washington, o piensa quizás que no serán aplicadas.

Habrá que ver ahora si Estados Unidos osa lanzarse contra la italiana Stet, que ha reemplazado a Domos en la telefonía cubana, sobre todo después de sus sucesivos choques con los europeos. Será igualmente necesario registrar cuál será la eventual reacción legal del gobierno mexicano ante este apoyo indirecto que da Domos a la arbitrariedad y ante esta demostración palpable de que existen mexicanos que prefieren ser súbditos de una potencia extranjera cuyas leyes, y no las propias, respetan y aplican, contra los intereses mismos de su país.