Hay condiciones para los comicios en el estado; los conflictos, focalizados: IFE

Mireya Cuéllar Ť En un informe que reconoce la situación ``excepcional'' que vive Chiapas, incluida la presencia del Ejército que ``puede incidir en el ánimo de los electores el día de los comicios'', la eventualidad de que las elecciones no se puedan llevar a cabo en 30 secciones electorales (al norte del estado) y que da por hecho que no habrá en 13 más (las Cañadas), el Instituto Federal Electoral (IFE) determinó ayer que ``en términos generales existen condiciones para llevar a cabo el proceso electoral'' del 6 de julio en aquella entidad.

Asimismo, el consejero presidente, José Woldenberg, descartó cualquier posibilidad de posponer los comicios en Chiapas, dado que el IFE no tiene facultades para determinar la suspensión de elecciones y porque están ``focalizados'' los lugares en donde no se han podido desarrollar los trabajos previos a la jornada comicial.

En su amplio diagnóstico sobre la situación que priva en los distritos uno, dos, tres y cinco de Chiapas --presentado durante la sesión de ayer-- los consejeros electorales dicen que en ese estado hay una problemática sociopolítica que afecta desfavorablemente el desarrollo de la elección del 6 de julio, ya que ``el enfrentamiento, la inseguridad y violencia real'' que caracteriza a varias comunidades ponen en riesgo el derecho al voto.

Con una redacción muy cuidadosa, el Consejo hace en su diagnóstico una larga descripción de los obstáculos que ha enfrentado para hacer su trabajo en Chiapas y reconoce que, en algunos casos, ha tenido que ceñirse a la decisión de comunidades que no le permitieron el ingreso para instalar casillas; que no dejan a las mujeres ser funcionarios electorales; que no permitieron a los partidos de oposición hacer propaganda, y que exigen hasta mil pesos como pago para cada uno de los ciudadanos que serán funcionarios electorales...

Violencia real y potencial...

Sin embargo, también dice que la problemática de Chiapas ``rebasa la esfera'' del instituto y tiene un carácter excepcional, sobre todo en los aspectos relacionados con la violencia (real y potencial) y los enfrentamientos entre comunidades.

Durante un breve debate que siguió a la presentación del diagnóstico, el consejero Emilio Zebadúa --quien es autor del documento-- explicó que el fondo del problema estriba en que la ley electoral no establece estados de excepción y el IFE no tiene facultades para decretar la postergación de los comicios. Más bien, la Constitución lo ``obliga'' a realizar elecciones periódicamente y el Cofipe le impone ``velar por la autenticidad y efectividad del sufragio''.

Fue en esa sesión donde abordó el tema de la presencia del Ejército Mexicano en Chiapas --tan señalada por ONG y partidos opositores--, ``situación que puede incidir en el ánimo de los electores el día de los comicios''.

Reiteró el argumento de que ``la democracia requiere de condiciones de paz y seguridad y de respeto a la ley, sin embargo, el establecimiento de las condiciones necesarias para el desarrollo pleno del proceso democrático en Chiapas, trasciende las facultades y las posibilidades reales de actuación del IFE''.

El consejero Jaime Cárdenas --quien también estuvo en Chiapas-- en tono irónico dejó ver las diferencias que el diagnóstico final propició: ``Quienes temían que nuestro viaje y la elaboración de este diagnóstico tuviera implicaciones inconvenientes para el instituto y para la organización del proceso electoral, deben quedarse tranquilos''.

Fue así que consideró importante distinguir entre las condiciones organizativas de la elección y las condiciones sociopolíticas del estado que también pueden afectar el proceso, situación que la propia ``estructura institucional'' ha señalado: ``Está consciente de la posibilidad de bloqueos a vías de comunicación, inseguridad en el traslado de la paquetería electoral y peligro de que la elección sirva para generar conflictos violentos''.

Habló del clima de violencia e inseguridad que se manifiesta a todos los niveles de la convivencia social, y de cómo el Ministerio Público de El Limar, municipio de Tila, sede de la organización Paz y Justicia --ligada al PRI-- tuvo que alejarse del lugar ``por carecer de seguridad para realizar sus investigaciones''.

Para algunos, agregó, ``la presencia militar es preocupante''. Según opiniones de organizaciones no gubernamentales, ``los campamentos militares se encuentran ubicados muy cerca de las mesas directivas de casilla, lo que provoca temor en algunos para salir a votar''.

El consejero Cárdenas dijo que quienes se empeñan en negar las condiciones de violencia en el norte del estado, detención en la zona de conflicto y de intolerancia en algunas comunidades, ``quizás tengan buenas o malas intenciones, pero no están diciendo la verdad''.

Por su parte Leonel Godoy, representante del PRD en el Consejo, expresó que él estaba de acuerdo con el contenido del diagnóstico, en lo que no coincidía era en las conclusiones.

El documento es un desglose minucioso de violaciones a la ley electoral por parte de ``comunidades'' que optan porque sus líderes decidan quiénes son los funcionarios de casilla, que exigen un pago, que definitivamente no quieren que se realicen elecciones... y que reconoce que eventualmente acciones de los grupos en conflicto pueden llegar a interrumpir la elección.

Es ``muy grave'', apuntó Godoy, que el informe diga que pese a que en los distritos referidos no han prevalecido las condiciones mínimas que garanticen una adecuada competencia electoral, se quieran organizar comicios que de antemano ``sabemos que van a carecer de su principal componente: la participación libre de los ciudadanos''.

Hizo un nuevo recuento: ``que si en Tila el grupo Paz y Justicia tiene intimidada a la población; que si en San Juan Chamula y Mitontic los candidatos de oposición pudieron entrar a hacer proselitismo hace apenas 20 días; que si en Ocosingo la presencia del Ejército inhibe la participación de los indígenas...'' y solicitó formalmente la posposición de las elecciones.

Emilio Zebadúa le respondió que el IFE, por ley, está obligado a organizar y llevar adelante los comicios: ``Los elementos que se desprenden del diagnóstico nos permiten apostarle, además, a que esas elecciones se realizarán en términos generales, en condiciones normales... nosotros no podemos aplazar una elección sin haber encontrado, ni en el diagnóstico ni en la ley, elementos que así lo sostienen'', afirmó

José Woldenberg, el consejero presidente, ratificó lo dicho por Zebadúa. Vino una nueva intervención del perredista Leonel Godoy, reconociendo la imposibilidad legal del Instituto Federal Electoral para tomar esa decisión. Esto último cerró el debate, porque cuando el presidente del Consejo General del IFE preguntó ``¿hay alguna otra intervención?'', nadie se dio por aludido.

Hubo un momento de silencio y el Consejo respiró aliviado, como quien ha pasado un trago amargo.