AGUAS BLANCAS: 2 AÑOS

Blanche Petrich, enviada, y Maribel Gutiérrez, corresponsal, Aguas Blancas, Guerrero, 28 de junio Ť Hace un año, la primera ceremonia conmemorativa de la matanza de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas fue eclipsada por la aparición de un grupo guerrillero que hasta ese día era desconocido. El río quedó revuelto. El Ejército Popular Revolucionario robó las primeras planas, cargó por un tiempo etiquetas como la de ``pantomima'', ``provocación'' y ``guerilla mala'' --contrapuesta al EZLN chiapaneco-- y los deudos de las víctimas, con su demanda de justicia, pasaron a un segundo plano.

Hoy, el ritual del segundo aniversario reencauzó el reclamo de esclarecimiento de la emboscada que hace dos años abrió uno de los expedientes más graves en la agenda de los derechos humanos en México.

Marcha de Coyuca de Benítez al vado de Aguas
Blancas. Foto: Duilio Rodríguez

Se logró a pesar de que fue una ceremonia amenazada.Y no sólo por la lluvia que no dejó de regar con abundancia a la concurrencia, apretada bajo el toldo plástico que lo pintó todo de rosa, aunque no lo sea.

Y se logró a pesar del saldo trágico, el accidente que le costó la vida a un campesino solidario que venía desde Chiapas, Jerónimo Peñate.

Acostumbrados al miedo

Angela Ayodoro viuda de Martínez quiso adelantar el quehacer lo más posible. Iba a ser un día intenso. De por sí amaneció deprimida con el recuerdo. ``Va para dos años que mataron a Clímaco'', pensó al levantarse. Parada en la fila de las tortillas, en Atoyaquillo, iba pensando en lo mismo. Un grito a sus espaldas la sobresaltó. ``Oiga. ¿Quiere oír balazos? Váyase para el vado, ahí la esperan''.

Lo comentó con su suegra, Martina Reza, que lleva el dolor de dos hijos perdidos en un solo día, Clímaco y Simplicio.Y también a Paula Mendoza. Así que las tres mujeres, esposas o madres de las víctimas de la emboscada ocurrida hace dos años, llegaron con esa inquietud al vado de Aguas Blancas, al punto exacto donde una lápida enorme recuerda con letras de bronce: ``Aquí murieron 17 campesinos, masacrados por el gobierno del estado''.

Comparten su susto con Cipriana Casañeda, ``la más asustada de todas, bien delgada de tanto susto'', nos dice la viuda de don Francisco Rogel Gervasio, el único anciano de los difuntos de Aguas Blancas. El esposo de Cipriana es el sobreviviente Régulo Reséndiz, muy activo en el apoyo del movimiento de las viudas. Por ese apoyo pesa sobre él la obstinada sospecha de miembros del Ejército de que ``es del EPR''. Ahora tiene que vivir prófugo y dos veces a Cipriana le ha tocado que los soldados lleguen a su casa, ``a revolver todo, exigiéndolo a él''.

Formalmente este compacto grupo de mujeres no son acusadoras en el proceso que se les sigue por homicidio a 28 agentes de la Policía Motorizada, porque ni el fiscal ni el juez las admitieron nunca como coadyuvantes en la investigación del caso. Pero son símbolo de lo que el padre Orbelín Jaramillo llamó, durante la misa, ``un clamor de justicia'' nacido justo hace dos años en esta hondonada del camino.

Un clamor incómodo, o en todo caso delicado para el gobierno federal, que ya para estas fechas tiene sobre el escritorio el reporte sellado con el membrete de ``muy confidencial'', de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA sobre el caso Aguas Blancas. Dentro de algunas semanas vence el plazo en el que el gobierno debe dar respuesta satisfactoria a la CIDH. De no hacerlo, el organismo se reserva el derecho de hacer público este informe. La consecuencia puede ser un duro golpe diplomático al prestigio internacional de México.

La presión de la CIDH le acorta los tiempos al juez Adolfo Van Meeter, responsable del caso. Aun con todos los pendientes e insuficiencias a cuestas --por ejemplo, nunca se cumplió la exhumación recomendada por la CNDH para determinar si, como se teme, hubo al menos seis ejecutados con tiro de gracia--, se esperaba que esta semana se dictara sentencia. Pero se cruzó esta fecha sensible y además la agenda electoral. La palabra del juez se postergó.

Paula Galeana, quien perdió a su esposo pero paradójicamente enfrenta ahora una averiguación previa, lo sintetizó: ``La justicia no ha llegado. El gobernador con licencia Rubén Figueroa sigue libre''.

Orbelín Jaramillo es párroco en una colonia proletaria de Acapulco. Pero antes y por cinco años estuvo al frente de la parroquia de Coyuca de Benítez. Muchos de los caídos en Aguas Blancas eran sus feligreses. Cura de pobres, alentó con su consejo la creación de la Organización Campesina de la Sierra Sur.

El ofició, con gran sentimiento, la misa luctuosa. Advirtió que ``mientras no se restablezca la justicia no se restablecerá la paz''. Y dijo también: ``No apostamos por la violencia pero sabemos, como el arzobispo de San Salvador, Oscar Arnulfo Romero: me podrán asesinar pero resucitaré en la lucha de mi pueblo, que el dolor de las viudas rinda frutos de organización''.

Desfilaron por el micrófono dos docenas de oradores. Sólo uno mencionó las siglas EPR. A pesar de que en el año que ha transcurrido el grueso de las acciones de ese grupo armado se han concentrado en esta región, pocos parecían estar pensando en ello. El recuerdo de lo ocurrido el año pasado parecía prevalecer, más disfrazado de prevención, a pocos pasos de ahí.

Unos kilómetros más adelante, en el camino de tierra que serpentea hacia Pueblo Viejo y Los Encinos, decenas de tanquetas camufladas con ramas fueron desplegadas. Se intensificó el sobrevuelo de helicópteros militares. Hacia Coyuca, el habitual retén de la PGR tuvo la compañía de varias unidades de soldados. La ceremonia de Aguas Blancas transcurrió dentro de un vigilante cinturón de seguridad del Ejército.

Maribel Gutiérrez, corresponsal, y Blanche Petrich, enviada, Vado de Aguas Blancas, Gro., 28 de junio Ť Rodeados por un cerco militar, y vigilados por helicópteros del Ejército que siguieron en un tramo a la caravana que salió ayer de la ciudad de México, unos dos mil manifestantes conmemoraron el segundo aniversario de la matanza de 17 campesinos en este lugar, y demandaron castigo para el gobernador con licencia, Rubén Figueroa Alcocer, a quien señalan como el principal responsable.

Los contingentes, la mayoría del Frente Amplio para la Construcción del Movimiento de Liberación Nacional (FAC-MLN) de una docena de estados, así como del Partido de la Revolución Democrática (PRD), demandaron también el regreso del Ejército a sus cuarteles, la libertad de los presos políticos,12 de ellos en cárceles de Guerrero, y el cese de la persecución contra integrantes de organizaciones sociales.

En la marcha participó el dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Hilario Mesino Acosta, quien estuvo en prisión durante casi un año, liberado apenas el pasado 20 de junio, después de que jueces federales consideraron sin fundamento las acusaciones por hechos ocurridos en protestas campesinas durante 1995.

También marcharon campesinos sobrevivientes de la matanza del 28 de junio de 1995, y familiares de 11 presos políticos recluidos en la cárcel de Acapulco, que están en huelga de hambre, entre ellos uno de los principales dirigentes de la OCSS, Benigno Guzmán Martínez.

En un mitin realizado en el lugar donde hace dos años la Policía Motorizada disparó contra un camión en el que viajaban 54 campesinos procedentes de la sierra, la mayoría integrantes de la OCSS que se dirigían a una manifestación en Atoyac de Alvarez y donde hace un año, en el acto luctuoso en conmemoración de la matanza, apareció por primera vez el Ejército Popular Revolucionario (EPR), los manifestantes guardaron un minuto de silencio. Sólo se escuchaba el llanto de las viudas y madres de los 17 campesinos acribillados.

Después, en nombre de las viudas, Paula Galeana Balanzar quien tiene dos averiguaciones previas en su contra, por participar en manifestaciones en demanda de justicia, dijo que a dos años de los acontecimientos aún demandan justicia, ``porque Rubén Figueroa, que es el culpable, sigue libre''.

Hilario Mesino Acosta manifestó: ''La cárcel no me doblegó. Estoy aquí con ustedes para seguir en la lucha''.

Habló sobre la respuesta que dio el gobierno de Figueroa Alcocer ante las demandas de la OCSS, desde su surgimiento en 1994, y que culminó con la operación policiaca del 28 de junio de 1995 para impedir una manifestación en la que denunciarían la desaparición, por motivos políticos, del campesino Gilberto Romero Vázquez.

``Desde que empezamos la lucha nunca nos dejamos sobornar por ese mal gobierno. Figueroa siempre nos ofreció dinero para que dejáramos la lucha, nos ofreció hasta puestos políticos. Nosotros siempre dijimos que nuestra lucha no es para buscar beneficios personales, sino para mejorar las condiciones de vida de todos los campesinos; por apoyo para la producción en el campo; por vivienda, servicios y obras sociales en las comunidades. Por eso, al ver que no nos doblegamos a su capricho, el gobierno nos reprimió el 28 de junio, y nos ha perseguido''.

Desde esta mañana sobrevolaron el vado y la carretera que sube de Coyuca de Benítez a la sierra tres helicópteros militares, que se fueron en el momento en que se inició la caminata desde la comunidad de Aguas Blancas.

En las colinas que rodean el vado, donde se realizaron el mitin y la conmemoración luctuosa que concluyó con una misa, había soldados apostados a una distancia que no hizo muy notoria su presencia.

Fue más evidente la presencia del Ejército a poco más de un kilómetro del vado, en el crucero que conduce a la comunidad de Pueblo Viejo, donde estaban 10 tanquetas artilladas a la orilla del camino de terracería, cubiertas casi en su totalidad con ramas frondosas, que sólo dejaban descubiertas las ametralladoras.

De acuerdo con información de campesinos, en una carretera paralela que sube a la sierra se instaló desde principios de semana un campamento militar, con unos 800 efectivos.

También hubo tropas en un retén de la Procuraduría General de la República, a unos 10 kilómetros de Coyuca de Benítez, donde desde hace un año no había participación del Ejército.

Bajo una intensa lluvia se realizó una misa dirigida por el sacerdote Orbelín Jaramillo, quien duante cinco años trabajó en Coyuca de Benítez y conoció a muchos de los campesinos que decidideron formar la OCSS hace poco más de tres años, y a la mayoría de los muertos y heridos en el vado. Dijo en la ceremonia que mientras no se restablezca la justicia no se restablecerá la paz, y agregó: ''No le apostamos a la violencia, queremos una paz con dignidad''.

En el acto litúrgico, las peticiones a Dios fueron las mismas demandas: por los 17 campesinos muertos; por las viudas y los heridos; por la libertad de los presos políticos, y por el castigo a Rubén Figueroa. También por la caravana que llegó a este punto, y que perdió a uno de sus integrantes, el campesino Jerónimo Peñate, procedente de Chiapas, quien murió ahogado en una represa del río de Aguas Blancas, a donde fue a bañarse.

En los discursos no hubo referencias al EPR, con excepción del diputado perredista, Proceso González Calleja, cuando denunció la persecución de campesinos por tropas del Ejército, ``que buscan en cada campesino a un miembro del EPR''.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Local, Amalia Tornés, del PRD, dijo que hace dos años ``vimos la cara más cruel del gobierno, con un asesinato en masa''. Manifestó que el gobierno del estado no ha cumplido la recomendación 104/95 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con motivo de la matanza y ninguna autoridad estatal o federal investigó a fondo, ni dio seguimiento al dictamen de la Suprema Corte de Justicia.

``La justicia no ha llegado'', dijo, y recordó que pronto se conocerá la respuesta del gobierno a la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y consideró que ``será el momento para pedir nuevamente justicia''.