Ocosingo, Chis. Para quienes recorren las comunidades de la llamada zona de conflicto, resulta evidente el clima de deterioro, tensión y malestar emocional. La estrategia de desgastar la lucha que estos pueblos han emprendido, adquiere dos manifestaciones fundamentales. La primera consiste en generar división, conflicto y enfrentamientos. Las ejecutoras son las dependencias encargadas de suministrar ``apoyos'' económicos, créditos, tierra, etcétera. La segunda es la de generar miedo, hacer que aquellos hombres y mujeres conscientes de su dignidad y dispuestos a transformar de raíz la injusticia y exclusión que padecen, perciban el peso del poder que enfrentan y entiendan que el precio por desafiar la dominación es la muerte. El ejecutor de este efecto psicológico es naturalmente el Ejército.

Hoy día, las comunidades y organizaciones campesinas de la región hacen un esfuerzo por discutir y resolver sus diferencias sin enfrentamientos. La estrategia se inclina entonces hacia la política del miedo.

Las comunidades reportan que en las últimas semanas el Ejército ha emprendido esta estrategia, movilizando efectivos militares a lo largo de diversas zonas de las Cañadas. Ejemplos tenemos varios.

El pasado martes 17 de junio un número importante de soldados --los vecinos hablan de miles-- entró en Patathé Viejo, municipio de Ocosingo, y se posicionaron en el lugar pese a la negativa expresa de las autoridades comunales. Al terror que generó su presencia, se sumaron los problemas deliberados de contaminación del agua, los destrozos causados en sembradíos de caña y otros similares, cuando la comunidad denunció el hecho públicamente y pidió que salieran. Como ocurrió días después, cuando al parecer el contingente se internó en la montaña, con rumbo al ejido Morelia, municipio de Altamirano.

Hechos semejantes se registraron en la zona de Avellanal, municipio de Ocosingo, donde los vecinos afirman que el Ejército ha estado incursionando en las comunidades y haciendo patente su intención de comprar un predio en la comunidad de Las Tasas, presumiblemente con el objeto de instalar allí otro campamento militar.

La versión oficial que siguen dando los mandos es que la población, asediada por sus necesidades, requiere supuestamente su presencia para la distribución y entrega de despensas y la prestación de algunos servicios fundamentales. Aunque los propios lugareños ya ponen en duda tal motivación, nos preguntamos si tales servicios tienen que ser prestados por el Ejército, cuando hay dependencias civiles, tanto del gobierno federal como estatal, que están encargadas de esos menesteres y cuentan con presupuesto para ello. La hipótesis que ronda en las comunidades es que la acción del Ejército tiene más bien objetivos políticos, sobre todo en las actuales circunstancias: inhibir la participación electoral y el voto de los opositores en las próximas elecciones, y proteger el voto y las acciones del partido oficial.

Un ejemplo de esto es el Distrito III del estado de Chiapas, que comprende toda la zona de conflicto (Altamirano, Las Margaritas, Ocosingo, Oxchuc, Sintalá y Cancuc), donde las organizaciones independientes agrupadas en la Coalición de Organizaciones Autónomas de Ocosingo (COAO), que han venido demandando un régimen de autonomía indígena dentro del Estado nacional y del propio estado de Chiapas, han postulado como candidato a la diputación federal al indígena tzeltal Nicolás López Gómez, quien sin duda sería en la próxima Legislatura uno de los principales promotores de las reformas constitucionales y de la nueva legislación indígena que se desprende de los Acuerdos de San Andrés.

No hay que olvidar que los mismos consejeros del IFE declararon recientemente que alrededor de 20 mil efectivos del Ejército se empadronaron en este distrito y votarán en él, con resultados que podemos prever. Ni que muchas de las casillas que serán instaladas el próximo 6 de julio, estarán en localidades con fuerte mayoría oficial y de difícil acceso para innumerables campesinos. Todo esto parece confirmar la versión de que el gobierno federal y el estatal están conscientes de su deterioro institucional y no confían ya en su capacidad para solucionar políticamente el conflicto. Y confirma la sospecha de que, contra lo que manda la Constitución, se le está haciendo jugar al Ejército un rol político electoral, dentro del marco más amplio de obstaculizar, condicionar o limitar militarmente una solución pacífica