Cien mil más a candidatos.

De manera más que discreta, podría decirse que en la intimidad, varios candidatos a diputados uninominales por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) han sido llamados a las oficinas centrales de ese organismo.

Los recibe en su oficina, ubicada en la planta baja del edificio 2, el secretario de Programa de Acción y Gestión Social, Guillermo Barnes, ex particular de Guillermo Ortiz y ex oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En privado se evalúa la campaña, las condiciones políticas en que compiten en tiempos de crisis y con una oposición al alza y, al final, la escasez de dinero deriva en críticas a la falta de recursos otorgados por el partido.

Entonces Guillermo Barnes entrega cien mil pesos en efectivo por los que no se extiende recibo alguno, por los que no queda constancia alguna, confirmaron tres de los agraciados con tan singular obsequio.

--Es un saludo del señor secretario Guillermo Ortiz -les dice antes de despedirlos.

Por delante, ¿el presupuesto y quitar el candado del PRI?

La información fue corroborada con tres candidatos, bajo promesa de no revelar sus nombres. Una decena más y varios dirigentes del partido se negaron a proporcionar detalles, pero tampoco negaron que fuera verdad.

Después de todo, argumentó uno, 100 mil pesos no es cantidad suficiente para hacer una buena campaña y, por otra parte, ninguno de quienes reciban esa ayuda está en condiciones de garantizar que resultará triunfador el 6 de julio.

Cierto. Cien mil pesos no bastarían. Pero representan casi la tercera parte de lo que les ha entregado el Comité Ejecutivo Nacional a través de su Secretaría de Administración y Finanzas y casi la sexta del tope oficial.

Ese dinero también compromete, por supuesto. De entrada, en su primer periodo ordinario, los diputados deberán estudiar y aprobar los presupuestos de Ingresos y de Egresos de la Federación, interés inmediato del gobierno.

Esos diputados tendrán que recibir y cuestionar al secretario de Hacienda, precisamente el Guillermo Ortiz que manda tan económico saludo y quien no se ha visto tacaño con los legisladores que están por dejar su curul o escaño.

Las mismas fuentes confirmaron que Ortiz aprobó la entrega de tres meses de salario, a manera de liquidación, para los diputados salientes. Esos que con su voto subieron de diez a 15 puntos porcentuales el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

En su agenda de aprobaciones también aparecen los paquetes fiscales y por supuesto los planes de choque que sucedieron al error de diciembre de 1994, y el paquete crediticio ya cubierto al gobierno de Bill Clinton.

Guillermo Ortiz llamó a Oñate Laborde y se quejó

Eso es para atrás, pero hacia delante hay una agenda que comenzará a desahogarse el lunes 7 de julio, un día después de las elecciones: es la carrera hacia el relevo gubernamental del año 2000. ¿Está en las intenciones de los cien mil pesos?

Imposible saberlo de fuente directa. Sin embargo, sí es posible decir que el secretario de Programa de Acción y Gestión Social llegó de Hacienda con el sello de su jefe, es candidato a presidir la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y hace sus propias encuestas para ver la posibilidad de reformar los estatutos del partido.

Su interés concreto está centrado en el capítulo II, artículo 144, dedicado a los requisitos que desde la 17 Asamblea Nacional deben cubrir quienes aspiren a ser candidatos para determinados cargos de elección popular. Precisa el inciso X:

``Para los casos de presidente de la República y gobernador, se requerirá acreditar la calidad de cuadro, dirigente y haber tenido un puesto de elección popular a través del partido, así como diez años de militancia partidista''.

Meter esa y, fue tarea de arrebatos, de toma de tribuna en el auditorio Plutarco Elías Calles, de llamar a Los Pinos, de mandar traer a los entonces dirigentes Santiago Oñate y Juan S. Millán, de cambiar la mesa de debates, de poner en riesgo la Asamblea...

Todo se salvó hacia las 22 horas de ese sábado septembrino, cuando los enardecidos no dejaron hablar al senador Eduardo Andrade que pedía poner o en lugar de y, de exigir a los candidatos calidad de cuadro o puesto de elección, pero no una cosa y otra.

Días después hubo varios secretarios de Estado inconformes. Se mencionaron varios, de Herminio Blanco a Carlos Rojas, de Oscar Espinosa a Carlos Ruiz Sacristán. Pudieron ser todos o ninguno, pero Guillermo Ortiz Martínez sí se comunicó con Oñate para quejarse, para protestar.

Camacho Solís fue llamado para la reforma electoral

Muy en los comienzos del sexenio, el presidente Ernesto Zedillo pensó en dejar a un lado las animadversiones personales y, en aras de cumplir su promesa de impulsar la reforma electoral, pensó en Manuel Camacho Solís.

Por segunda vez en poco tiempo, el ex secretario general del PRI, ex jefe del Departamento del Distrito Federal, ex secretario de Relaciones Exteriores y ex comisionado para la paz en Chiapas, mostró que no quería colaborar.

Vayamos primero a la primera negativa.

Cubierto el gabinete, el mandatario entrante empezó a revisar los espacios diplomáticos de que disponía. Entre las embajadas importantes pendientes de cubrir estaba la de Francia. Fue la primera vez que pensó en Camacho.

El Presidente tuvo un intermediario --se supone que el canciller José Angel Gurría-- para intentar la incorporación, aunque no fuera en posición de secretario de Estado, con quien antes tuvo enfrentamientos públicos.

Trataba de borrar en una sola decisión los roces que siguieron a sus declaraciones cuando la negativa zapatista a aceptar el plan que el subcomandante Marcos y su gente habían recibido de Manuel Camacho Solís durante 1994.

--Se nos engañó --criticó Zedillo en la parte final de su campaña de 1994.

Camacho escuchó la oferta. La comunicó a unos cuantos de sus confianzas y adelantó que la rechazaría. Pensaba que se merecía mejores posiciones y que, de aceptar, la gente lo ligaría con el régimen entrante, con Zedillo.

Al parecer no consideró que la población y en especial los políticos lo verían a la inversa: que fue sacado del país para evitar que hiciera olas y que seguía vivo el rechazo desde el poder por su protagonismo de 1994 y su disputa por la candidatura priísta.

Como lo habló con sus seguidores cercanos, dijo que no y fue entonces que Zedillo pensó en una segunda opción. Esa opción llevó a Jorge Carpizo, quien había prometido no volver a ocupar ningún cargo político oficial.

Camacho hizo un proyecto de reformas que no gustó

Algo avanzado 1995 -los datos recabados llevan a marzo o abril-, el Presidente y su secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma Barragán, quisieron dar cauce al compromiso firmado en enero con los partidos políticos.

La reforma electoral debería ser, para ser definitiva, consensada. Debería incorporar propuestas de todos los partidos y por supuesto de gente, caso Camacho, que se había expresado en favor de ese cambio democrático.

De nuevo se le llamó. Al parecer en esa ocasión sí hubo diálogo en Los Pinos y café, como luego diría el mandatario en su primera conferencia de prensa. El ex regente salió con el compromiso de regresar con un proyecto.

Lo llevó. Era un documento genérico, con muchas divagaciones y dos omisiones imposibles de improvisar: no decía hacia dónde debería dirigirse el cambio político que reclamaba la sociedad y mucho menos indicaba cómo.

No fue bien recibido en Presidencia. Después vino aquel cruce de declaraciones --Camacho ``no tiene remedio'', dijo Zedillo-- y el enfrentamiento que llevó a retos y cartas entre Camacho y Emilio Chuayffet, quien le criticó hasta faltas de ortografía.

Por si algo faltara, el canciller invernal de 1993 consideró que enfrentaba al sistema y renunció al PRI. Desde entonces no ha tenido diálogo con el Poder Ejecutivo, aunque sí con el Judicial y algunos miembros del Legislativo.

Su protagonismo lo llevó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Nadie podría decir que la juez Guadalupe González Rivera no le prometió aplicar multas al Presidente de la República, al Congreso de la Unión y a otras legislaturas estatales.

Pero lo corroborado es que faltan 12 Congresos estatales de remitir constancias: Aguascalientes, Coahuila, Chihua- hua, Guanajuato, Hidalgo, estado de México, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Veracruz.

Esas legislaturas locales fueron apercibidas, no multadas. Conforme a los criterios del derecho penal, la multa sólo puede hacerse efectiva hasta el momento de dictar sentencia y no al tiempo de integrar el expediente.

Así van las cosas. La preocupación en el gobierno es que Camacho ya politizó una controversia jurídica y que pone en entredicho al Poder Judicial en momentos en que más respaldos necesita para acreditar el estado de derecho y ganar confianzas.

Tema libre

Desde ahora se augura que un paso a adoptar por las autoridades electorales tras los comicios de 1997 será regular las encuestas. Esto ya se da en lugares como Estados Unidos y se hizo a partir del principio general de que ``quien paga manda''. Allá existe la Asociación Estadunidense de Investigadores de Opinión Pública (APPOR), el Consejo Nacional de Encuestas Públicas (NCPP) y el Consejo Estadunidense de Investigación (CASRO), mientras aquí cada empresa tiene su metodología y su manera de inducir intenciones del voto... El Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (Capfce) tendrá nuevas reformas. De entrada se crean comités en todos los estados, se federaliza la inversión, se incorpora a estados y municipios a estas acciones y se impulsará una educación superior alterna con los tecnológicos. El director del comité, Manuel Jiménez Guzmán, precisó que los 18 planteles a construir ofrecerán 3 mil 800 horas de clase en dos años, apenas 200 o 300 menos de las que ofrecen universidades en un quinquenio. Ello será posible con menos vacaciones y un compromiso: ofrecer trabajo a quienes se inscriban en los nuevos planteles... El presidente Zedillo autorizó el traslado de los talleres, oficinas y almacenes de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito a Querétaro. Su director, Antonio Meza Estrada, ex secretario particular de Zedillo, ya adquirió una nave de 8 mil metros y construirá otra de 12 mil con inversión estimada en 20 millones de pesos. De manera gradual se irán unos 350 empleados de la citada comisión.