Los comicios del domingo próximo se enmarcan en una legislación e institucionalidad electorales sin precedentes en cuanto a su confiabilidad. En el curso del presente proceso se han sancionado, por vez primera, delitos electorales; se han realizado significativos esfuerzos para normar el gasto de los partidos e introducir factores de transparencia en las finanzas partidarias; se han establecido complejos mecanismos de validación de la papelería, la documentación y el manejo de datos electorales, y se han reducido en forma importante las iniquidades en el acceso de los institutos políticos a los medios masivos.

La gestación de este panorama auspicioso para el desarrollo de la democracia en el país debe acreditarse, en primer lugar, a una ciudadanía cada vez más consciente de sus derechos políticos, y cuya presión ha sido decisiva para instaurar reformas que, a su vez, han permitido reducir en buena medida los márgenes y los mecanismos de la manipulación del voto, el maridaje entre el gobierno y su partido y el monopolio, a favor de éste, de los instrumentos publicitarios y propagandísticos. La oposición en su conjunto ha desempeñado un papel democratizador innegable, en tanto que el gobierno ha dado muestras palpables de su disposición a establecer prácticas comiciales más justas. Por su parte, el Consejo General del IFE y sus integrantes han observado en este proceso una actitud realmente independiente, imparcial y apegada a derecho, y han confirmado, con ello, la justeza de los tenaces reclamos a favor de autoridades electorales autónomas.

En este contexto positivo en lo general debe, sin embargo, insistirse en la presencia de factores que perturban la fluidez del proceso de selección de autoridades y representantes populares. Uno de ellos es la actitud asumida por varios institutos políticos que, en lugar de aprovechar los espacios de que disponen para dar a conocer sus plataformas, se han empecinado en basar sus campañas en descalificaciones y ataques personales contra candidatos y partidos adversarios. El otro es la existencia de regiones en las cuales las condiciones de marginación, miseria, cacicazgos, violencia y militarización, han venido perturbando el desarrollo de las campañas y representan una amenaza para la realización de una jornada cívica regular y pacífica el próximo 6 de julio.

Representativas de esta situación --aunque no las únicas-- son las zonas de Chiapas y Guerrero, en donde, a los rezagos sociales y políticos ancestrales, se añade ahora un clima de intimidación policiaca y parapoliciaca contra militantes de la oposición y un despliegue militar que se presenta como un serio obstáculo para la expresión de la voluntad ciudadana el domingo próximo.

Ya que en décadas no se ha querido o no se han podido combatir y erradicar los cacicazgos, la opresión y la explotación, el saqueo de tierras y recursos naturales, las desastrosas condiciones de vida de los habitantes --predominantemente rurales, y en muchos casos indígenas-- de esas regiones del país, en los escasos días que quedan, el gobierno federal, las autoridades estatales, las Fuerzas Armadas, las instituciones electorales y los propios partidos, debieran realizar sus mejores esfuerzos para asegurar que los mexicanos que viven en tales zonas, y que han vivido desprovistos de educación, salud, vivienda, trabajo, en suma, de un sitio digno y decoroso en la vida nacional, el 6 de julio no se vean también incapacitados, en los hechos, de ejercer su derecho al voto.