ASTILLERO Ť Julio Hernández López

¿Será delito electoral que un candidato priísta a diputado federal haga campaña al mismo tiempo que un comandante de zona militar y un presidente municipal anuncian obras y servicios para la población?

¿Será válido repartir despensas, anunciar la construcción de dos aulas y una cancha de basquetbol, iniciar electrificaciones y proyectos productivos, y al mismo tiempo distribuir playeras con el emblema del PRI para basquetbolistas locales que justamente en ese momento jugaban contra un equipo de militares?

¿Se ajustará a la normalidad democrática que el candidato priísta hiciera proselitismo mientras trabajaba una brigada de asistencia social con médicos militares y peluqueros, y el DIF municipal enseñara el cultivo de la soya y diera cursos de planificación familiar?

Todo eso sucedió el pasado 17 de junio en la población de El Quemado, municipio de Atoyac de Alvarez, estado de Guerrero, cuando el alcalde Javier Galeana Cadena y el comandante de la 27 Zona Militar, general Juan Alfredo Oropeza Garnica, encabezaron un acto público al que ``se sumó'' el candidato priísta José Luis Mosqueda Nogueda, según relato de El Sur firmado por Víctor Cardona.

El candidato Mosqueda explicó: ``el día de hoy tuvimos conocimiento que las autoridades civiles y militares desarrollarían diversas actividades donde estaría reunido el pueblo y quisimos sumarnos; sabíamos que aquí se podían exponer los problemas que tiene la comunidad''.

El presidente municipal celebró la visita del candidato del PRI pues, dijo, le recordaba su propia campaña electoral. ``Licenciado Mosqueda, yo lo felicito por esta actitud de escuchar al pueblo'', expresó la máxima autoridad municipal.

Más tarde, frente a varios reporteros, el mismo Galeana Cadena recordó que el 31 de mayo había coincidido en un acto similar --aunque sin el comandante-- con la candidata perredista María de la Luz Núñez Ramos, y que ``a los dos se les dio el mismo trato''.

Respecto de la difícil posición en la que se colocó al comandante militar al involucrarlo en un acto partidista, el presidente municipal comentó: ``Al general yo lo noté serio, porque ellos van directamente a lo que es la campaña social. Yo sentí su incomodidad por la presencia del candidato; abiertamente no se manifestó que estaba inconforme, pero sí se le notaba, porque esto se presta a que fue un acto acordado... es obvio que puede prestarse a confusiones...''.

La tarde de ese mismo día, el candidato Mosqueda se reunió con representantes de colonias. Allí, el director regional de los servicios estatales de salud en la Costa Grande, Miguel Angel Ponce Jacinto, señaló que tiene una estrategia para apoyar la campaña del PRI pero que el apoyo se dará con todas las reservas porque la ley lo prohíbe --siempre según El Sur, que dirige Juan Angulo Osorio.

Pero no se crea que no hubo sancionados por los enredos de El Quemado. Con rapidez justiciera se cancelaron los programas radiofónicos Radiografía y Tal como lo oye, que eran conducidos por los periodistas Rubén Ríos Padilla y Julio César Ocaña y transmitidos por Stereosol en Atoyac. En ambos espacios se había abordado abiertamente el encuentro e inclusive se difundió una grabación del acto hecha presuntamente por un campesino.

Los programas periodísticos fueron sustituidos con un golpe de audaz inteligencia: el noticiero oficial Ocho columnas, producido por la gubernamental Radio y Televisión de Guerrero.

Simplemente un botón de muestra

Llamativo por involucrar a un alto mando militar, el caso de El Quemado no es sino uno más del enorme caudal de actos en que las autoridades permiten o propician la inducción del voto.

Allí están los gobernadores y el Presidente de la República en permanentes giras anunciando y prometiendo.

Allí está ese ejército hormiga de activistas que promueven el voto en favor de su partido con fondos gubernamentales y partidas presupuestales especiales.

Por ello, suena destemplada la declaración que ha unido conceptualmente a Humberto Roque Villanueva y a José Woldenberg: no hay posibilidad alguna de fraude electoral.

Ciertamente se ha reducido el margen posible de la operación tradicional de defraudación electoral. Es decir, los espectáculos que dieron fama internacional a los mapaches priístas aparentemente no volverán a escenificarse. Ni carruseles ni ratones locos. Pero el fraude electoral no se agota en la mera prestidigitación frente a las urnas o en las posteriores cirugías clandestinas que poblaron antaño el anecdotario electoral mexicano.

El fraude en las elecciones comienza cuando se aplica la presión del gobierno a los ciudadanos más necesitados de ayuda oficial para inducir su voto en favor del partido en el poder y continúa con represión y censuras a los medios de comunicación para que privilegien a los candidatos gubernamentales.

Ambas cosas están sucediendo diariamente en todo el país y de ello dan cuidadosa cuenta algunos espacios de independencia de los medios en provincia.

Gobernadores, funcionarios federales, presidentes municipales, en campaña.

Los recursos públicos utilizados con sentido partidista.

La publicidad de las obras públicas convertida en el mensaje partidista que los consejeros electorales del IFE quisieron que no se diera en el mes previo a las elecciones, pero que el Tribunal Electoral restableció en apego estricto a la letra de la ley y en absoluta ignorancia de la realidad.

La misma visión legalista de Roque y Woldenberg, cuyos cristales miran un proceso electoral exento del histórico riesgo del fraude.

Que no habrá periodo extraordinario

Empleados por honorarios de la Cámara de Diputados a quienes se les terminó su contrato y ya se daban por desempleados, recibieron la noticia de que tendrían trabajo por dos meses más. No se les dijo la razón, pero tal indicio fortaleció la creciente versión de que ante la previsible debacle priísta del próximo domingo, se estaría preparando un periodo extraordinario de sesiones, acaso para autorizar el Presupuesto de Egresos de 1998, cuya aprobación sería dificilísima con una cámara sin mayoría tricolor.

La presidencia de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados, a cargo de Juan José Osorio, reiteró anoche por la vía de su oficina de prensa --coordinada por Roberto Femat-- que no habría tal periodo extraordinario de sesiones y que la discusión y aprobación de los presupuestos de ingresos y egresos del año venidero corresponden a la legislatura que está por elegirse y no a la saliente.

Según explicación oficial, los empleados por honorarios cuyo contrato fenecía con el último día de junio recibieron una extensión por dos meses de su relación laboral para terminar con el ejercicio presupuestal disponible y con las labores pendientes de aquí al fin de agosto, cuando termine la actual legislatura.

Por otra parte, se aseguró que los próximos diputados no recibirán ninguna carga de empleados por honorarios, pues todos los contratos quedarán cumplidos al último día de agosto y dependerá de los legisladores entrantes el recontratarlos o dar de alta a nuevo personal.

Astillas: No son nada más los priístas: allí está la alcaldesa panista de Tlalnepantla, Ruth Olvera, inaugurando un puente vehicular pintado de azul y blanco acompañada por los dos candidatos de su partido a diputados federales, Eduardo y Rubén Mendoza Ayala... Juan Millán Lizárraga, secretario general del PRI y cetemista distinguido, estuvo ayer largo tiempo en la casa de Miguel de la Madrid. Fue a hablar de asuntos electorales y no de la sucesión de Fidel Velázquez...