Las alternativas de izquierda que hoy están resurgiendo con fuerza en Europa representan un aspecto singular que habían olvidado quienes les dieron la extremaunción con la caída del muro de Berlín y del llamado ``socialismo real'': el hecho de que su retorno se finca mucho en los límites de un proyecto económico devastador que --instalado en el supuesto fin de la historia--, no concedió la debida importancia al gasto social. Por eso, la sola instauración de un Estado de bienestar en Mexico no representa un ``retorno al populismo'', como ramplonamente lo imaginan las derechas de dentro y fuera del gobierno, sino una demanda social que nunca llegó a cristalizarse, y que por lo tanto y en el actual clima de devastación, tiene una enorme viabilidad hacia el futuro.

Y aunque el actual proceso electoral no representa en sí ningún cambio radical y definitivo, de hecho estamos ante la alta probabilidad de que las elecciones del 6 de julio se conviertan en un referéndum a la política gubernamental, en una prueba decisiva de su supervivencia. Se vislumbra que los nuevos vientos que soplan en el mundo lleguen a México con un severo cuestionamiento no sólo al régimen de control vertical e impunidad que lleva más de sesenta años en el poder, sino a la política económica aplicada con particular severidad y ortodoxia desde 1982, con los resultados que están a la vista. El irreversible triunfo de Cárdenas en el DF adquiere también --a pesar del previo acotamiento de su mandato--, un carácter de amplio simbolismo, gracias a la excesiva centralización que el mismo régimen ha conferido a la capital de la república, a tal punto que esta posibilidad ha sacudido los endebles cimientos de un proyecto económico que la sola administración del DF no podría, en realidad, modificar. Y es que el triunfo del PRD en la capital implica algo más: el fin del proyecto de bipartidismo de derecha (PRI, PAN) que los círculos financieros internacionales y sus representantes habían imaginado como nuestro único destino, aumentando la posibilidad de una real alternancia de proyectos en las presidenciales del 2000.

Para frenar esta posibilidad --y más allá de las viejas prácticas del priísmo llevadas hasta la autodegradación (compra de votos, reparto de despensas, declaraciones de Roque, videos difamatorios...)--, se nos esgrime ahora el argumento de la ``ingobernabilidad'' ante un eventual triunfo de la oposición, todo esto dicho como si hoy hubiera plena gobernabilidad. Cuando se observa la cantidad de bandas paraestatales y paramilitares fuera de control, y el clima de violencia represiva que el actual sistema ha impuesto por la fuerza en amplias regiones del país, --o su guerra de baja intensidad contra los damnificados de la gestión económica--, es difícil imaginar esto como ``gobernabilidad''. Cuando es pública y cotidiana la forma como el actual gobierno ha implicado al Ejército, una institución de la república, arrastrándola en su caída y convirtiéndolo en una fuerza armada al servicio de un puñado de caciques y grupos de interés, o implicándolo en una sistemática violación de los derechos humanos al interior y al exterior de la institución castrense, surge por sí sola la necesidad de un cambio. En fin, cuando se observa que el gobierno pertrecha y despliega al Ejército para combatir a las organizaciones sociales y a los grupos armados que son producto de la incapacidad para resolver los conflictos, cuando lo arrastra en un gasto militar excesivo (el más alto de América Latina en los últimos años) y lo usa para impedir el cambio, no cabe duda que lo que hace falta es gobernabilidad; pero ésta sólo será producto de la reconciliación nacional, no de una decisión arbitraria más del antiguo régimen.

Es más, el próximo paso sería crear un Estado de bienestar sin caer en el populismo y contribuir con formas directas y creativas a la fundación de un nuevo orden democrático, más allá de lo electoral y de lo acotado por la tímida reforma actual. En esta coyuntura, con un Congreso dominado por la oposición pasaría a la historia el antiguo control del Ejecutivo; se convertiría en un poder realmente representativo y dejaría de ser la simple oficina de trámites del FMI, vía la Presidencia. Para ello, sin embargo, tendría que disolverse la alianza natural de los dos principales partidos conservadores y generalizarse aún más la aceptación de la única alternativa al actual proyecto neoliberal: la posibilidad de un nuevo pacto social, de una refundación que implique un frente mucho más amplio que un solo partido, que incluya a la sociedad civil y sus organizaciones y que haga posible el tránsito pacífico a un orden democrático... Lo decisivo del 6 de julio estaría pues en lograr un veto colectivo al desarrollo de una política que nos da más y que requiere ser sustituida por una nueva correlación de fuerzas que haga posible la restauración de la República. Ojalá y no dejemos pasar esta oportunidad...