La exoneración sin juicio del policía James Smith, quien asesinó en enero al médico mexicano Eli Montesinos en un centro comercial de San Antonio, Texas, luego de una insignificante discusión sobre la puerta de salida de la tienda, es un insulto a la razón y a la justicia.

De la argumentación exculpatoria del asesino, formulada por la dependencia policial de San Antonio, sólo pueden desprenderse dos conclusiones muy graves: o bien se trata de una mentira encubridora que coloca a esa corporación en la ilegalidad, o bien, si fuera cierta la afirmación de que Smith actuó con apego a las prácticas aceptadas por ese cuerpo policiaco, se revelaría que la policía de San Antonio practica el homicidio como parte de sus procedimientos rutinarios.

Por otra parte, el alegato de inocencia mencionado es una muestra contundente de la grave parcialidad e impunidad con que se desenvuelve el sistema de justicia estadunidense cuando aborda situaciones relacionadas con ciudadanos mexicanos, una expresión del racismo y la xenofobia con que actúan las corporaciones policiacas de Estados Unidos y un severo mentís a la creencia de que, en el vecino país del norte, existe un sistema de justicia imparcial, objetivo, sistemático y apegado a derecho. Por el contrario, la muerte del mexicano y la exculpación de su victimario hacen patente que las consideraciones sobre nacionalidad, raza, lengua y cultura de las víctimas y de sus agresores tienen un peso fundamental en las determinaciones de las instancias policiales y judiciales de Estados Unidos.

La circunstancia donde con mayor claridad se evidencian las distorsiones de la justicia estadunidense es la aplicación de la pena de muerte. Sin ignorar que ésta es un castigo bárbaro, inhumano, cruel y degradante, cabe recordar que ningún individuo blanco, anglosajón y protestante, ha sido ejecutado por haber asesinado a un mexicano. En cambio, desde 1993 han sido ejecutados en el vecino país dos connacionales y decenas de ellos se encuentran en la llamada ``antesala de la muerte''.

Volviendo al caso de Montesinos y de Smith, existen razones para temer que las pesquisas que se realicen obedezcan también a ese doble rasero, y que el aparato legal del país vecino muestre, una vez más, su doble cara.

Ante esa eventualidad, la sociedad mexicana debe expresar su más enérgica condena ante la inmoralidad con que se expresan los voceros de la policía de San Antonio, y exigir el esclarecimiento de ese crimen y la aplicación efectiva de la justicia. El país en su conjunto debe, asimismo, respaldar íntegramente las gestiones que en torno a ese indignante episodio realiza la cancillería para propiciar la procuración de justicia, así como adoptar y multiplicar las expresiones de protesta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.