El Departamento de Justicia de EU investiga el asunto Eli Montesinos

David Aponte, Triunfo Elizalde, y David Carrizales, corresponsal Ť La división de derechos humanos del Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una investigación del caso Eli Montesinos, asesinado por el oficial de la policía de San Antonio, James A. Smith, a petición del gobierno de México, informó el subsecretario de Asuntos Bilaterales de la cancillería, Juan Rebolledo Gout.

La dependencia tiene facultades para promover un juicio federal en contra del agente estadunidense, en el supuesto de encontrar elementos de cargo en la pesquisa que realiza el FBI, explicó el funcionario.

El martes, la jefatura de la policía de San Antonio, Texas, exoneró a Smith bajo el argumento de que actuó de conformidad con las políticas internas de la corporación. De tal manera que ``su conducta es justificada'', aseguró.

Rebolledo comentó que es verdaderamente lamentable que algunas autoridades policiacas estadunidenses desestimen los testimonios de los mexicanos involucrados en este tipo de incidentes, y siempre den más credibilidad a los informes de sus elementos.

El pasado primero de enero, el policía de San Antonio golpeó y asfixió al médico Montesinos, residente legal en Texas, cuando el mexicano salía del centro comercial Del Río en compañía de su esposa y tres hijas.

Smith ordenó a la familia que saliera por otra puerta. El connacional discutió con el agente, quien utilizó la fuerza y lo sujetó de la garganta. Eli Montesinos murió el 7 de enero de 1997.

Ahora, la policía de San Antonio pretende manipular las autopsias realizadas al mexicano. La primera de ellas muestra que la muerte fue por asfixia y la otra pretende hacer creer que falleció a consecuencia de un mal cardiaco, de acuerdo a los reportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Entrevistado en su despacho de Tlatelolco, el subsecretario Rebolledo dijo que las autoridades mexicanas han elevado el caso del médico a nivel federal, en los departamentos de Estado y de Justicia del vecino país.

Nos hemos encargado de que todas las autoridades estén muy atentas y estaremos vigilantes de que no vaya a existir alguna irregularidad o mala aplicación de la ley en este caso de un hombre desarmado y muerto por asfixia, situación que demanda una aplicación transparente de la justicia, una investigación y una clara resolución'', indicó.

El funcionario sostendrá, en breve, reuniones de trabajo con los abogados consultores de la representación diplomática de México en San Antonio para determinar las acciones legales a seguir. La decisión de la policía de esa ciudad ``no hará que apartemos la atención sobre este caso. Las investigaciones del Departamento de Justicia siguen y estamos pendientes de sus resultados'', añadió.

Indignación de los familiares

En la ciudad de Monterrey, familiares del médico regiomontano reaccionaron con indignación por la actitud del departamento de policía de San Antonio. Homero Montesinos, hermano de la víctima, señaló que es totalmente inaceptable el veredicto, pues prácticamente ``le están dando licencia para matar''.

Esa institución busca solapar a uno de los suyos y no ejercer justicia, pues de hecho el agente James A. Smith, en ningún momento estuvo suspendido de sus labores .

Sin embargo, mencionó que la familia de Eli Montesinos no ha perdido la esperanza de que se haga justicia cuando inicien los procesos legales, pues será entonces cuando se determine si el demandado actuó conforme a las tácticas policiacas, o incurrió en una actitud delictiva y criminal, como sostiene Susana Villarreal de Montesinos, esposa de la víctima.

El entrevistado hizo un llamado a la comunidad nacional y a los medios informativos para que brinden apoyo a la familia, a fin de que el ataque no quede impune.

Por otra parte, integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, manifestaron su ``más enérgico rechazo'' a la exoneración del oficial estadunidense, y señalaron que la SRE deberá hacer lo propio ``ya que la aplicación de la ley parece ser diferente cuando se trata de mexicanos, 35 de los cuales esperan ser ejecutados''.

Externan su opinión las ONGs

Al mismo tiempo, diversas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, la Academia Mexicana de Derechos Humanos, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, consideraron que la determinación de la policía de San Antonio evidencia el racismo y la discriminación de que son objeto los mexicanos, frente a las leyes de Estados Unidos.

Para el jurista Emilio Krieger, de la ANAD, dicha exoneración ``viene a comprobar que las leyes estadunidenses no son confiables para la protección de los derechos de los mexicanos, sobre todo cuando son discriminatorias y racistas''.

En opinión del padre Miguel Concha Malo, del Centro Vitoria, ``debe respaldarse a la SRE para que lleve a cabo una defensa diplomática, jurídica y moral de este asunto tan penoso''. Oscar González, presidente de la AMDH, dijo que la exoneración obedece a que se trata de evitar que se dé la primera consignación penal de un agresor policiaco de inmigrantes. Por último, Rafael Chong, del área jurídica de la CMDPDH, mencionó: ``es tiempo de hacer presión ante el gobierno estadunidense para que detenga estos abusos''.