Brasil: el ejército, a disposición de los gobernadores ante protestas policiacas

Dpa, Efe, Ansa y Ap, Brasilia, 4 de julio Ť El gobierno de Brasil ordenó hoy a las fuerzas armadas estar a disposición de los gobiernos estatales donde haya protestas de los policías en demanda de aumentos salariales, mientras la Comisión Pastoral de la Tierra señaló que 1996 fue el año más violento en una década para los campesinos, luego de que 54 agricultores perdieron la vida en 750 conflictos con hacendados.

Las autoridades policiales de Sao Paulo alertaron a los gobiernos locales que los movimientos de los agentes se podrían extender por todo Brasil y generar una crisis política profunda.

En las últimas 48 horas hubo protestas en los estados de Minas Gerais, Río de Janeiro, Piauí, Río do Grade do Norte, Pernambuco, Pará y Río Grande do Sul.

La decisión de poner a las tropas militares bajo las órdenes de los gobernadores fue anunciada por el portavoz presidencial, Sergio Amaral, después de concluir el jueves en el estado de Pará una segunda huelga en las últimas dos semanas de soldados y cabos de la policía militar apoyada por agentes de la policía civil.

Amaral subrayó que el presidente Fernando Henrique Cardoso confía en que las reivindicaciones de los policías sean efectuadas dentro del orden, la disciplina y el respeto a la jerarquía militar.

Las protestas, que comenzaron hace dos semanas en el estado de Minas Gerais, donde un enfrentamiento entre agentes de la policía militar ocasionó la muerte de un sargento, que fue tiroteado por sus propios compañeros, se repitieron durante el jueves en Pará y amenazaron con extenderse a otros 10 estados, entre ellos Sao Paulo y Río de Janeiro.

La policía federal de carreteras de Río de Janeiro se negó hoy a multar a los conductores, en un intento por conseguir el apoyo ciudadano, y anunció que a partir de mañana y hasta el próximo martes cortarán las carreteras durante cinco minutos cada día.

En Piauí, las esposas de los agentes desfilaron por las calles de la capital con ollas y sartenes para exigir mejores salarios.

Tanto los policías de Pernambuco como los de Piauí amenazaron con realizar una huelga para el próximo lunes, al igual que los de Río Grande do Sul, pero su paro se efectuará el próximo día 17, el cual será secundado por los bomberos y los agentes penitenciarios.

Paulo Roberto Siqueira, del sindicato de delegados de Sao Paulo, advirtió que la oleada de huelgas podría alcanzar todo Brasil. ``La crisis es peligrosa'', apuntó el sindicalista.

Convulsión social

Los agentes de la policía militar y civil del estado de Pará, por su parte, pusieron hoy fin a su huelga por aumento salarial comenzada ayer, tras aceptar la propuesta del gobernador, Almir Gabriel.

El funcionario estatal les ofreció un bono salarial de 130 dólares mensuales, además de otros beneficios como seguros de vida y un plan de financiamiento para la compra de viviendas.

La Comisión Pastoral de la Tierra, de la Conferencia Nacional de Obispos, divulgó hoy un informe en el que indicó que el aumento en 1996 de un 32 por ciento en el número de víctimas fatales en la lucha por la tierra se debió a la masacre de 19 campesinos sin tierra, perpetrada el 17 de abril del año pasado por la policía militar del estado de Pará.

Añadió que los conflictos por la tenencia de la tierra aumentaron en casi todo los estados, al tiempo que se elevó la demanda por la tierra a raíz de un incremento en el desempleo.

Los conflictos relacionados con la tierra llegaron, durante los dos años que lleva de gobierno el presidente Cardoso, a mil 304, con 112 campesinos muertos.

Por otro lado, el líder del Movimiento de los Sin Tierra, Joao Pedro Stédile, afirmó la noche del jueves --durante un acto del Sindicato de Ingenieros de Río de Janeiro-- que el país está en un encrucijada histórica, al denunciar que la burguesía brasileña, aliada y subordinada al capital financiero internacional, construyó un consenso en torno del presidente Cardoso y está incrementando un nuevo modelo de desarrollo en el país.

Explicó el dirigente agrario que se trata de un modelo de desarrollo que si no es contenido, podría cambiar la economía para los próximos 20 o 30 años, lo que causaría enormes perjuicios sociales para todo el pueblo.