El país tiene hoy, domingo 6 de julio de 1997, una jornada cívica decisiva para su futuro.
Después de muchos años, de muchos esfuerzos y de muchos mexicanos que murieron o fueron asesinados en el empeño, la sociedad ha logrado darse a sí misma normas e instituciones electorales que, siendo perfectibles, pueden permitir, hoy, el desarrollo de comicios en condiciones de equidad, transparencia, apego a la ley e imparcialidad.
No menos importante, en las circunstancias actuales es posible denunciar, combatir, sancionar y neutralizar los delitos electorales que hasta hace muy poco resultaban una práctica corriente, impune y hasta proverbial en las elecciones mexicanas.
Pero los avances experimentados por el país en materia de democratización no son únicamente de formas y procedimientos, sino también de sustancia: en la votación de hoy realmente están en juego, en las urnas, fundamentales posiciones de poder, gobierno y representación: la mayoría de la Cámara de Diputados, varias gubernaturas estatales y legislaciones locales, así como la autoridad del Distrito Federal, la cual, por primera vez en la vida de casi todos los mexicanos, será designada por la voluntad popular y no por las afinidades o los compromisos del jefe del Ejecutivo Federal.
En suma, México está, hoy, en posibilidad de consumar avances democráticos sustanciales que, hasta hace una década, resultaban impensables o parecían meras fantasías. El capitalizar esta oportunidad depende ahora de la voluntad de cada ciudadana y ciudadano de acudir a las urnas a depositar su voto y de decidir el sentido del sufragio con base en un ejercicio de reflexión basado no sólo en los intereses, simpatías o conveniencias personales, sino también en consideraciones sobre las necesidades y prioridades del país y de la sociedad.
No puede descartarse que, a contrapelo de la determinación nacional por establecer en México una democracia plena, sigan realizándose en este día ensayos desesperados por torcer el sentido de la votación mediante el ofrecimiento de dádivas o servicios a los sufragantes, amenazas veladas o directas, la propalación de rumores catastrofistas o, incluso, por medio de manipulaciones y alteraciones de la documentación electoral.
Por ello, la ciudadanía tiene, además del deber de expresar su voluntad por medio del voto, la obligación de resistir a cualquier eventual intento de cooptación o distorsión de su voluntad política y de denunciar cualquier ilícito electoral.
Cabe esperar, por último, que las autoridades electorales sigan manifestando, como lo han venido haciendo a lo largo de la preparación de esta jornada y durante las campañas políticas, su determinación de independencia, equidad y transparencia, y que los partidos sean capaces de expresar sus eventuales inconformidades por los cauces legalmente establecidos y de acatar la voluntad mayoritaria.