Pasarán muchos días antes de que la sociedad mexicana pueda asimilar en toda su dimensión la profunda transformación nacional que se expresó en los comicios del pasado domingo. En tanto, los datos han seguido fluyendo con una precisión ejemplar y señalan algunas tendencias difícilmente mutables que habrán de introducir cambios de primera importancia en el panorama político e institucional y que deben, en consecuencia, ser analizados.

Para empezar, es prácticamente un hecho que el Partido Revolucionario Institucional no logrará sobrepasar el mínimo de 42 por ciento de los votos y, en consecuencia, no tendrá la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados de la próxima legislatura. Con ello se cierra un prolongado periodo histórico en el cual el Poder Legislativo permaneció supeditado al Ejecutivo mediante la bancada priísta siempre mayoritaria, y se abre una nueva época en la cual el ejercicio gubernamental tendrá que pasar por el establecimiento de negociaciones y consensos entre las bancadas priísta, panista y perredista.

Ha de destacarse que las dos últimas tienen tras de sí porciones muy semejantes de votación (27 y 25.6 por ciento respectivamente, según las últimas cifras previas disponibles), lo cual significa, para el blanquiazul, niveles muy similares con respecto a los resultados que obtuvo en la elección anterior (1994) y, para el partido del sol azteca, un gran salto en relación con los sufragios que logró hace tres años.

En lo general, cabe afirmar que el avance perredista no se circunscribió a la victoria de su candidato al gobierno del Distrito Federal; el PRD conquistó amplias franjas de votantes en un gran número de entidades en las cuales su presencia había sido muy pequeña.

Otro dato que introducirá significativos cambios en el mapa electoral de México es la tendencia que indica el triunfo de los aspirantes panistas a las gubernaturas de Querétaro y Nuevo León, con las cuales el partido blanquiazul gobernará en seis entidades de la República. Estas importantes victorias panistas --que confirman la fuerza de Acción Nacional en el norte y centro del país-- han de contrastarse, sin embargo, con sus retrocesos en Michoacán, Chiapas, Morelos y Veracruz, entre otras entidades, así como con la derrota sufrida en la capital de la República, especialmente catastrófica si se considera que el blanquiazul empezó encabezando las preferencias ciudadanas en las encuestas y que terminó en tercer sitio en las urnas.

Por lo que hace al PRI, sus espectaculares retrocesos electorales le brindan, paradójicamente, una inapreciable oportunidad histórica para reformarse y democratizarse, así como para delinear un perfil ideológico del cual carece, como se ha señalado en reiteradas ocasiones, o que ha terminado por diluirse en su subordinación al poder presidencial.

El mayor elemento de la fuerza histórica priísta, su dependencia del Estado, ha terminado por convertirse, en los últimos comicios, en su principal debilidad y en su más evidente lastre. Ahora el Revolucionario Institucional, que durante décadas fue una mera dependencia gubernamental, fundada, controlada y financiada desde el poder público, está en posibilidad de redefinirse como un verdadero partido político, reorganizarse en torno de su militancia real y deshacerse del enorme aparato administrativo y burocrático que, lejos de garantizarle votos, se constituye en un factor de impopularidad e ineficiencia. El presidente Ernesto Zedillo, en su segundo mensaje a la nación después de las elecciones del domingo, describió atinadamente la circunstancia por la que atraviesa su propio partido político al señalar que, después de lo ocurrido antier, ya no cabe referirse al PRI como ``partido de Estado''. Tal señalamiento indica claramente la magnitud de los cambios inducidos por el voto ciudadano de hace dos días.

Otro asunto que debe ser motivo de satisfacción para todos, es la positiva respuesta de los indicadores económicos ante los comicios del domingo, y que se expresó ayer en forma de una significativa alza bursátil y de declaraciones de satisfacción por diversos líderes empresariales. Tales expresiones han de ser suficientes para acabar de despejar los rescoldos de temor y recelo que aún pudieran quedar a causa de las irresponsables profecías catastrofistas formuladas a lo largo del proceso electoral recién pasado.

En otro sentido, no deben omitirse los aspectos negativos en la jornada del domingo, empezando por los lamentables sucesos en diversas zonas de Chiapas, en donde el avance democrático sufrió un fracaso anunciado: se demostró, allí, la inviabilidad de realizar un simulacro de normalidad en un entorno en el que persiste un hondo y no resuelto conflicto y en el que, en buena medida, está roto el estado de derecho, no por los indígenas que permanecen en rebeldía desde el ya lejano enero de 1994, sino por los poderes estatales fácticos y formales. Los lacerantes hechos ocurridos deben llevar al gobierno federal a retomar la voluntad negociadora y, al Legislativo, al reforzamiento y la reactivación urgente de la Cocopa para avanzar en la búsqueda de una paz digna y con justicia en la entidad.

Finalmente, las autoridades encargadas de procurar e impartir justicia en el ámbito electoral deben aplicarse a resolver las irregularidades denunciadas, especialmente las denuncias de graves y masivas manipulaciones denunciadas por los perredistas de Campeche, en donde, de acuerdo con la información disponible, la elección de Ejecutivo local estuvo muy alejada de la limpieza, la transparencia y la legalidad que, en lo general, caracterizaron a los comicios del domingo pasado en casi todo el territorio nacional.