Por segundo día consecutivo, los sectores financieros y empresariales de México y del extranjero han expresado diversas reacciones positivas ante la jornada electoral del pasado 6 de julio. Ello no sólo habla de solidez en las perspectivas de la recuperación sino que constituye un claro indicador de lo necesarias que son para México la democracia y la credibilidad de los procesos políticos para avanzar en la superación de los problemas económicos que aún se encuentran pendientes.

Organismos como el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), personalidades del mundo de los negocios, como el ex dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, Héctor Larios Santillán, así como analistas del grupo Banamex-Accival, de la agencia neoyorquina Salomon Brothers y de diversas instancias europeas, entre otros, también se han expresado en el mismo sentido. A estos propósitos hay que sumar, para dar una medida del impacto favorable que los comicios tuvieron en los mercados financieros, las alzas históricas del Indice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, la baja de las tasas de interés de los CETES y la recuperación de la cotización del peso frente al dólar registradas en los últimos días.

Se confirma, así, que la nueva composición política del país no constituye un escollo para cumplir las metas económicas nacionales y que la limpieza y la legitimidad del proceso electoral del domingo pasado generan un ambiente de confianza entre los inversionistas.

Pero, si la confiabilidad y el apego a derecho de los comicios auspician la confianza y la estabilidad económica, es razonable suponer que, a la inversa, los desasosiegos políticos obstaculizan la buena marcha de las finanzas y la producción nacionales. En esta lógica, el mantenimiento de la estabilidad económica, además de los evidentes imperativos políticos y legales, hacen urgente y obligado resolver conforme a derecho, y antes de que alcancen mayores proporciones, las tensiones y los disensos poselectorales que se han presentado en San Luis Potosí, Campeche y Colima. En este mismo espíritu, resulta impostergable reactivar la búsqueda de una paz digna en Chiapas, en donde los comicios del domingo se realizaron sin que existieran las condiciones mínimas de seguridad, paz y legalidad que exige cualquier ejercicio democrático.

Por otra parte, es claro que los problemas generados o agudizados por la crisis que se inició en diciembre de 1994 distan mucho de estar resueltos, y que sus costos sociales siguen siendo muy elevados. Una muestra de ello es el entendible descontento de los deudores de la banca ante la inminente subasta de cartera vencida, equivalente a 150 millones de pesos, que el Fobaproa tiene previsto realizar hoy entre diversos postores nacionales y extranjeros. Lo conflictivo de la medida es puesto en evidencia por el hecho de que el acto correspondiente habrá de realizarse en un sitio secreto, y en forma casi clandestina, para evitar eventuales manifestaciones de protesta por parte de aquellos a quienes la devaluación y la brusca alza de intereses privó de su patrimonio.

Finalmente, cabe esperar que la nueva composición del Congreso de la Unión, en la que ningún partido detentará la mayoría absoluta, abra la posibilidad de revisar, si no el conjunto del modelo económico vigente, sí cuando menos sus aristas y aplicaciones menos afortunadas y más costosas en términos sociales --como las acciones leoninas e implacables contra los deudores--, y permita encontrar, por la vía del consenso y la negociación entre las tres más importantes bancadas que integrarán la próxima Legislatura, estrategias alternativas, menos gravosas para la población, que traduzcan en hechos las expectativas económicas favorables generadas por la exitosa jornada cívica del 6 de julio.