Aguas Blancas, inconcluso; falta investigar a Figueroa

Elizabeth Velasco C. y Maribel Gutiérrez, corresponsal Ť El caso Aguas Blancas debe permanecer vigente en tanto no se investigue al gobernador de Guerrero con licencia, Rubén Figueroa Alcocer, y al ex secretario de Gobierno, José Rubén Robles Catalán, para determinar su responsabilidad en el asesinato de campesinos en junio de 1995, dijo Oscar Yáñez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

Consideró adecuadas las resoluciones que sentencian hasta con 26 años de prisión a ex funcionarios y ex policías que participaron en la matanza de los campesinos, pero estimó que sólo son ``chivos expiatorios'' pues los jueces ``no ubican ni deslindan al gobernador (Figueroa Alcocer) y a su ex secretario de gobierno''.

El legislador y dirigente colegiado del Partido del Trabajo (PT) afirmó que el caso Aguas Blancas es la expresión más patética de impunidad política en México, ya que demuestra la incapacidad del Poder Judicial de impartir una real justicia ante el Ejecutivo y nos enseña que aún falta mucho por hacer.

Sentencia equivocada: defensores

Por otro lado, los defensores de 28 ex policías motorizados y nueve ex funcionarios condenados por la matanza de Aguas Blancas manifestaron que la sentencia no tiene fundamento jurídico, que la resolución del juez tercero penal Adolfo Van Meeter Roque ``es equivocada'' y que no tomó en cuenta las pruebas que se presentaron durante el proceso.

El defensor de los 28 ex policías motorizados sentenciados ayer, Andrés Osorio Vázquez, interpuso de inmediato un recurso de apelación a la condena de 24 años de prisión.

Por su parte, el ex subprocurador de Justicia, Rodolfo Sotomayor Espino, también en prisión por el caso Aguas Blancas, pero que no fue sentenciado ayer porque tiene pendiente una revisión de amparo, informó que la dirección del penal le negó el derecho a dar una conferencia de prensa, en la que informaría de los hechos ocurridos el 28 de junio de 1995.

Ayer los ex funcionarios y ex policías sentenciados hablaron de un manejo político de la sentencia, y el ex director de Gobernación, Esteban Mendoza Ramos, calificó la resolución de ``intento de quedar bien con la sociedad, afectando a lo más delgado del hilo''.

``Los policías no son intocables''

En tanto, los dirigentes de la Unión de Organizaciones de la Sierra del Sur (a la que pertenecían los campesinos asesinados en el vado de Aguas Blancas) consideraron que la condena establecida ``es buena, para que el pueblo vea que los policías no son intocables''.

Por su parte, el defensor de los funcionarios, Julio Hernández Barros, comentó: ``espero que esta sentencia sea revocada por el Tribunal Superior de Justicia'', y afirmó que ``hay pruebas suficientes de que ninguno de los servidores públicos acusados de homicidio (el ex director operativo de la Policía Motorizada, mayor Manuel Moreno González y el ex director de Gobernación, Esteban Mendoza Ramos, sentenciados a 26 años y 6 meses de prisión), intervino en la comisión de ese delito porque ni siquiera iban armados durante el operativo en el que murieron los campesinos''.

Precisó que ``hay pruebas en el video de los hechos y en más de 10 declaraciones, incluso de algunos de los ofendidos, que manifiestan que el mayor Moreno no iba armado el día de los hechos, que él no ordenó a nadie disparar y que él no pudo evitar que dispararan''.

El abogado se refirió también al caso de Esteban Mendoza, a quien la fiscalía señaló como el hombre de camisa blanca que aparece en el video de espaldas, disparando una pistola hacia los campesinos.

Dijo que ``no existen pruebas de que Mendoza Ramos hubiera ido armado el día de los hechos. Y la imagen en el video que la fiscalía pretendió atribuir a Mendoza, hasta este momento no se ha acreditado que sea él. Al contario, durante el proceso las pruebas apuntaron a que no se trataba de él, sino de otra persona''.

Hernández Barros dijo también que el juez Adolfo Van Meeter ``rebasó la pretensión punitiva del Ministerio Público, lo que a todas luces resulta ilegal''. Explicó que el Ministerio Público había solicitado la condena de los procesados por autoría indeterminada, lo que significa que los homicidios se cometieron en grupo y no hay forma de saber con precisión quién causó el daño, pero en este caso la penalidad que señala el código es de 6 a 15 años, menor que la fijada en la sentencia.

Afirmó que ``la única prueba que hay es que (los sentenciados) estuvieron en el lugar de los hechos, pero con eso no se demuestra su culpabilidad''.

A su vez, el defensor de los policías, Andrés Osorio Vázquez, coincidió en que ``el juez se excedió con mucho de la acusación que hizo el Ministerio Público''.

Dijo también que ``está imponiendo una sentencia igualitaria para todos los ex policías, sin tomar en cuenta las circunstancias individuales de cada quien ni el grado de participación de cada uno en los hechos de que se les acusa''.

Todo esto, insistió, lo consideramos violatorio de garantías.

Argumentó: ``El juez no apreció verdaderamente las pruebas que favorecen a mis defendidos, como las de Harrison Hilroy, que determinan que 28 de ellos no dispararon un arma de fuego''.

Asimismo, señaló que los policías tienen en su favor una resolución del Tribunal Colegiado, que ordenó que en este caso se debe determinar cuál es el grado y la forma de participación de cada uno de los acusados. Adelantó que esos datos del Tribunal Colegiado son los que utilizará para combatir la sentencia en espera de que ésta sea revocada.