Astillero Ť Julio Hernández López
La editorial Nuevo Chiapas facturó al gobierno del estado, en diciembre del año pasado, 402 mil 500 pesos por ``gacetillas'' publicadas en el Diario de Chiapas durante los diez días anteriores a la ratificación de Julio César Ruiz Ferro como gobernador.
Al otro día de esa consolidación, el Diario de Chiapas publicó, el 14 de diciembre de 1996, el ``mensaje'' de Ruiz Ferro ``a los sectores chiapanecos, en espacio de ocho planas'', con un costo de 92 mil pesos.
Cualquier investigación al respecto la podría hacer Jorge Enrique Hernández Aguilar, procurador de Justicia de la entidad y, al mismo tiempo, subdirector del citado diario.
En cambio, quienes no pueden hacer ni esa ni otras investigaciones respecto al gasto gubernamental en comunicación social son los diputados chiapanecos de oposición, a quienes no se les ha entregado un reporte detallado de la manera como se gastó el dinero público durante 1996, aunque, en cambio, recibieron un superficial y genérico informe de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso chiapaneco, que de manera sorpresiva y apresurada fue aprobado por la fracción priísta.
Los datos aquí publicados respecto a las facturaciones de los periódicos Cuarto Poder y Diario de Chiapas muestran la sospechosa coincidencia de la carga de desplegados a favor de la continuidad de Ruiz Ferro --más de 500 en los diversos diarios chiapanecos--, con el generoso pago de ese gobierno a los medios por publicación de ``gacetillas'' presunta, pero no demostradamente relacionadas con programas de difusión de acciones oficiales y licitaciones públicas.
En el fondo de todo este caso están dos hechos: las maniobras del gobierno chiapaneco para controlar a la prensa local, y el escamoteo a la opinión pública, y a los mismos diputados de la oposición, de la información real y detallada de la manera en que se gastan los dineros públicos.
Carta de don Samuel
Ayer mismo, el obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz, envió una carta al diario Cuarto Poder (el que se equivocó al elaborar 19 diferentes facturas con las que quería cobrarle 357 mil pesos al gobierno del estado, en lugar de hacerlo a los espontáneos firmantes de los desplegados de apoyo al gobernador), en la que declina la invitación que le hizo el 17 de mayo del presente año el director de ese diario, Conrado de la Cruz Jiménez, para escribir artículos o ser entrevistado.
``Por una coincidencia, a partir de fechas posteriormente cercanas, el Cuarto Poder le dio más intensamente cabida a artículos que avergüenza que sean publicados en un diario que se debería esforzar por formar opinión pública con un periodismo de serio nivel'', explica el obispo Ruiz.
``No se trata únicamente de artículos noticiosos donde los hechos se deforman'', o de opiniones plurales o juicios críticos no compartidos, ``sino de algo más grave, esto es, de una postura sistemáticamente calumniosa y agresiva, dirigida especialmente contra la diócesis de San Cristóbal de Las Casas. Estas posturas delictivas, normalmente aceptadas por la dirección, contaminan a Cuarto Poder, convirtiéndolo en una plataforma de otro tipo de poder, desde hace mucho en descomposición'', agrega el obispo.
Los indicios documentales aquí publicados de la peculiar relación gobierno-prensa en Chiapas suman casi un millón de pesos y, aun cuando una tercera parte ha sido declarada como ``equivocación'' que, al menos con esa numeración, no habría pagado el gobierno estatal, serían suficientes para generar una cuidadosa y creíble investigación.
Desgraciadamente, como ha sucedido durante décadas, el tema del gasto público es ocultado mediante artificios legaloides ejecutados por un órgano típico de encubrimiento como han sido las contadurías mayores de Hacienda (un órgano técnico especializado en la supervisión de las cuentas públicas, siempre controlado por quien tiene el dominio de la cámara), y mediante la votación automatizada de una mayoría priísta que con la pura superioridad numérica da por discutidos los temas y los aprueba sin mayor recurso en contra.
Historia de un mayoriteo apresurado
En Chiapas, el pasado 2 de mayo, el gobernador Ruiz Ferro presentó la cuenta pública de 1996, que fue turnada a la Comisión de Hacienda, que a su vez la remitió a la Contaduría Mayor de Hacienda para su estudio e informe.
El 20 de mayo, los diputados panistas miembros de la Comisión de Hacienda solicitaron la documentación correspondiente a la cuenta pública. A pesar de que la Ley Orgánica y el Reglamento Interno del Congreso facultan a los diputados a solicitar todos los documentos que les sean necesarios, lo relativo a la cuenta pública no se les entregó.
Conforme a las disposiciones del caso, la citada Contaduría tendría un lapso de hasta seis meses para rendir su informe, es decir, hasta el 2 de noviembre. Panistas y perredistas se dedicaron a las campañas electorales y a los preparativos del 6 de julio.
El martes 8, al mediodía, cuando los diputados todavía hablaban de los resultados electorales y los incidentes en lugares como San Andrés Larráinzar, les fue presentado a los miembros de la Comisión de Hacienda el informe de la Contaduría Mayor sobre la cuenta pública de 1996. Aprobado de inmediato por el mayoriteo priísta, se pasó al pleno de la sesión para que, también por mayoriteo, fuera votado a favor, con la abierta oposición de panistas y perredistas, que nunca conocieron los términos exactos del análisis detallado de gastos y que, en el caso de los blanquiazules, ni siquiera lo tuvieron enfrente para estampar su firma, así fuera en contra.
Informar sin informar
El informe de la mencionada Contaduría Mayor y el dictamen de la mayoría priísta, todo en poder de Astillero, son una larga lista de laudatorias consideraciones generales, aderezadas con oficio profesional de contadores, en las que finalmente se justifica a grandes rasgos el gasto público pero sin ofrecer información a detalle de los rubros y los montos del manejo de temas como la inserción de gacetillas en los diarios locales.
Una muestra de cómo danzan los millones se da en el citado informe cuando se asienta que en 1996 se recaudó 40 por ciento más de lo originalmente calculado, sobre todo gracias a participaciones federales y subsidios a la educación. Con esos apoyos extraordinarios, ingresaron a las arcas 6 mil 208 millones de pesos, de tal manera que contra los 4 mil 413 .8 millones de pesos presupuestados se ejercieron 5 mil 836.2 millones y se ahorraron 371.8 millones.
Pero, ¿en qué se aplicó esa diferencia entre el presupuesto original y el ejercicio final? Pues, dice el informe mayoriteado por los priístas, en ``la realización de acciones importantes en los renglones de agricultura y ganadería (169 millones), comunicaciones y obras públicas (155.2), educación (943.3), agua y saneamiento (30.8), seguridad pública (sin dato) y salud (8.2)''. ¿Comprobantes y detalles? Ninguno.
Así es que, en ese anchuroso mar, ¿qué tanto son unas cuantas gotitas repartidas a los medios para que publiquen gacetillas al por mayor en las vísperas de la ratificación del poder gubernamental hasta el año 2000?
Posdata en espera de aclaraciones y equivocaciones
Por si ahora también hubiera equivocación a la hora de facturar, o para que la oficina de prensa asegure sin adjudicar comprobantes de que las gacetillas publicadas se refieren a licitaciones y difusión de obras, las 18 facturas que amparan los cobros anunciados al principio de la columna por parte del Diario de Chiapas llevan numeración consecutiva del 6598 al 6614, con excepción de la 6607, más la 6619 y la 6620.
La factura relacionada con las ocho planas para difundir el mensaje a los sectores chiapanecos es la 6647.
Y una última reflexión inevitable: ¿No acaso estaba todo documentado y aprobado por instancias fiscalizadoras en el caso Conasupo, de la que fue director de Finanzas Julio César Ruiz Ferro durante el imperio de Raúl Salinas de Gortari?
Fax: 512 65 46. Correo electrónico: