Miguel Ruiz Cabañas, coordinador de Asuntos Especiales y Control de Drogas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dejó en claro ayer que México no dará a los agentes de la DEA que operan en el país mayores atribuciones de las que ya poseen. Esta declaración expresa, por parte de la cancillería, una posición firme y acorde con la defensa de la soberanía nacional que debe ser apreciada y respaldada.
Cabe señalar que el asunto de la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos en materia de combate al narcotráfico ha vuelto a ocupar la atención pública a raíz del reciente fallecimiento de Amado Carrillo Fuentes, El señor de los cielos. Ha de recordarse que, en respuesta a la actitud de colaboración de la PGR, la cual permitió que agentes del país vecino tomaran las huellas dactilares del cadáver que se suponía del capo, la DEA procedió --con no poca falta de tacto y de respeto a la soberanía mexicana-- a confirmar tal identidad, tarea que correspondía a las autoridades nacionales.
De cualquier forma, la muerte mencionada tendrá como consecuencia previsible una restructuración de los grupos dedicados al contrabando de drogas ilícitas hacia el país vecino y obligará, en consecuencia, a adecuar las políticas de combate al narcotráfico y las medidas y mecanismos de cooperación internacional en la materia.
Ante esta situación es previsible, también, que el gobierno estadunidense intente obtener, por medio de presiones, nuevas concesiones mexicanas y que pretenda, una vez más, demandar la presencia de sus agentes en las tareas policiales que se realizan en México contra los cárteles de la droga, una participación que resultaría injerencista e inaceptable.
Frente a tal posibilidad, es especialmente oportuno el señalamiento de la cancillería mexicana en el sentido de que no se permitirá que agentes de la DEA intervengan en operativos policiales en territorio nacional.
Las autoridades mexicanas, por su parte, deberían capitalizar la circunstancia creada por la desaparición del más buscado de los narcotraficantes para impulsar una revisión general de las estrategias antidrogas vigentes en el hemisferio --e impuestas, en gran medida, por los estrechos criterios de la clase dirigente de Estados Unidos--, políticas que han sido incapaces, hasta ahora, de erradicar el gravísimo problema del tráfico de drogas, de propiciar una reducción significativa en el volumen de sustancias ilícitas que llegan a Estados Unidos o de reducir el enorme poder que concentran las organizaciones delictivas consagradas a ese negocio.