A Cristina Payán, un sentido adiós A Carlos, Inna y Emilio, un cariñoso abrazo

Generalmente ocurre que, pasadas las elecciones, el interés de los partidos políticos por los ciudadanos vuelve a desaparecer, pero también con demasiada frecuencia los ciudadanos se olvidan de los gobernantes y de los representantes que surgieron de una elección, y ya no participan políticamente en los años subsecuentes.

Los futuros grupos parlamentarios se han estado reuniendo para elaborar sus respectivas agendas legislativas, y en el ámbito de la capital del país las tareas no son asunto secundario. Las más recientes reformas a la Constitución federal, concernientes a la vida política de la ciudad de México (1996) fueron introducidas después de las últimas modificaciones al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal (1995), con lo cual la legislación local quedó parcialmente obsoleta. Una parte obsoleta y otra parte susceptible de ser modificada de acuerdo con los criterios --suponemos que distintos-- de la nuevacomposición política de la Asamblea, abren completamente el panorama de la próxima legislación local.

Entre las innovaciones introducidas en la reforma constitucional de 1996 relativas al Distrito Federal, se encuentra la de la elección directa de los titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales, hoy todavía conocidas como delegaciones del DDF. Como otros muchos temores reflejados en cambios de última hora que se agregaron en artículos transitorios, esta elección directa se pospuso para el año 2000, por lo que al final del presente año, días después de que tome posesión el jefe de gobierno del DF, la elección que se realizará de esos sustitutos de delegados, será indirecta.

Las mencionadas reformas constitucionales no sólo prevén la elaboración de códigos, leyes y reglamentos que no tienen antecedentes en el DF, sino también afectan leyes que ya existían, y una de esas es la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal que, en consecuencia, tendrán que rehacer los legisladores. Esta circunstancia, aunada a la elección indirecta de delegados, constituye una oportunidad de excepción para que la participación ciudadana no sea sólo materia de una ley, sino que sea efectivamente una nueva forma de relación entre gobernantes y gobernados.

La preparación de las elecciones indirectas de delegados puede convertirse en un ejercicio de participación popular directa, que arroje experiencias para la elaboración de una verdadera ley de participación ciudadana. La mayoría de las experiencias hasta ahora padecidas por los capitalinos derivan, por un lado, de gobiernos comprometidos con modelos urbanos e intereses económicos ajenos y contrarios a la mayoría de la población, y por el otro, de los remedos de organización vecinal y consejos consultivos que desde 1928 han servido, más para avalar las decisiones del gobernante en turno, que para hacer oír la voz de los ciudadanos y defender los intereses de los habitantes de la ciudad.

No parece ser lo más conveniente para el futuro gobierno de la ciudad de México dejar transcurrir cinco meses sin consultar a la población, sin incentivar su organización, sin permitir su participación en la selección de los futuros Delegados. Asimismo sería un desperdicio de los ciudadanos que, después de las elecciones de jefe de gobierno y de diputados locales, se dejara a éstos la exclusiva responsabilidad del rumbo de la ciudad, y no se aprovechara el interés que los resultados electorales despertaron en diversos sectores de la sociedad, para ampliar su participación, para aportar experiencias y demandar la orientación de la legislación en un sentido más ciudadano.

Sea por vía directa o indirecta, la preselección de los candidatos a puestos de elección popular es una facultad que en México ha quedado bajo el dominio de los partidos, de ahí que los partidos políticos que tendrán en sus manos la elaboración y aplicación del marco legal que regule las relaciones con y entre los gobernados, bien harían en tomar en cuenta los antecedentes y los pendientes de participación ciudadana, antes de modificar la legislación en la materia.

La sola elección de gobernantes y legisladores no es suficiente para hablar ni de una sociedad ni de un gobierno democráticos.