Dentro de un par de semanas, las autoridades de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Comunicaciones y Transportes anunciarán el nuevo proyecto para refinanciar las 38 autopistas privadas concesionadas en el país. Dado el alto monto de fondos fiscales que se destinará a este fin, es urgente que las autoridades hacendarias proporcionen información precisa a los contribuyentes para explicar porqué es necesario subsidiar a estas empresas privadas y cuál será el destino de nuestros impuestos en este nuevo esquema de rescate financiero.

Dentro de un régimen representativo abierto y transparente, las autoridades hacendarias deben informar tanto a los representantes políticos como a los contribuyentes exactamente en qué se gastarán los dineros públicos y los motivos para ello. Pues es a partir de esta información que se pueden debatir las opciones que existen para impulsar el desarrollo nacional y resolver los principales obstáculos a un crecimiento sostenido y equilibrado. Sin embargo, cuando no hay verdadero debate público sobre la política económica --como ha sido el caso durante largo tiempo en México-- es difícil alcanzar el equilibrio y se tiende a los extremos y a los errores.

Durante cinco decenios el gobierno mexicano ha alternado entre la adopción de políticas de estatización y/o de subsidios a la empresa privada. Desde mediados del decenio de 1980 se ha experimentado una etapa de privatización acompañada por subsidios financieros para la empresa privada. Son conocidos los enormes privilegios y subsidios financieros otorgados a los compradores de numerosas empresas paraestatales entre 1985 y 1993, aunque todavía falta que se lleven a cabo investigaciones profundas para evaluar si este proceso de privatizaciones tuvo efectos positivos para la economía. Un reciente libro de Jacques Rogozinski, zar del proceso privatizador durante la anterior administración presidencial, argumenta que se produjo un aumento en la eficiencia económica, pero en el caso de la banca es claro que los nuevos dueños de las instituciones bancarias privatizadas no pudieron evitar la peor crisis bancaria en la historia del país desde 1915, en plena revolución mexicana.

Desde 1995, y hasta la fecha, los bancos han recibido un enorme y complejo paquete de subsidios financieros para evitar su bancarrota. Existe un debate en México y en el extranjero acerca de los costos y beneficios de estos programas. Las opiniones están divididas y no existe certeza excepto que los contribuyentes van a tener que apuntalar a la banca privada durante años. Ahora, en el caso de las autopistas, se presenta un dilema similar. ¿Cuánto dinero tendrán que aportar los contribuyentes para liquidar las deudas de las empresas concesionarias? ¿Por qué es necesario salvar a estas compañías? Las dudas están sobre la mesa y faltan explicaciones claras y precisas para que la inmensa masa de mexicanos que pagan impuestos sepan en qué se propone que deben utilizarse sus dineros.