Secofi: en 3 años hubo más de 300 alianzas o fusiones de macroempresas

Patricia Muñoz Ríos Ť La economía mexicana experimentó en los últimos tres años una importante ``concentración'' del capital privado mediante la realización de más de 300 alianzas o fusiones de grandes empresas nacionales con similares o extranjeras en ese lapso, y el gobierno concesionó y/o permisionó la explotación de 186 bienes y servicios propiedad de la nación.

El informe al cierre de 1996 de la Comisión Federal de Competencia Económica (CFCE), presentado ayer por el titular de la dependencia, Fernando Sánchez Ugarte, apunta lo anterior y revela que en ese periodo se llevaron a cabo 125 investigaciones de prácticas monopólicas, así como de ``depredación'' de precios, e incluso se frenaron leyes estatales que eran inequitativas para la actividad económica.

Según la agencia Efe, el gobierno sancionó en el citado periodo a 58 compañías por prácticas monopólicas de control de precios y por afectar la libre competencia. Desde que se creó la CFCE en 1993, se han investigado 543 denuncias, que representan un incremento a tasa anual de 42 por ciento.

Estrategias monopólicas sofisticadas

Sánchez Ugarte aseguró que se ha cuidado en México que la generación de estos grupos económicos no implique prácticas desleales contra los pequeños negocios y los consumidores.

Reconoció que en este sexenio ha crecido notablemente la actividad de esta comisión para frenar las prácticas irregulares del mercado y puntualizó que incluso ``se han generado en el país estrategias monopólicas altamente sofisticadas''.

Para enfrentar estas prácticas se ha fortalecido más la coordinación con las autoridades sectoriales; se estudian fórmulas de cooperación más estrecha con los gobiernos locales y con autoridades de competencia de otros países para localizar las prácticas monopólicas y ha comenzado un amplio programa de capacitación de los cuadros de la comisión, dijo Sánchez Ugarte.

Se prevé que continuará en el corto y mediano plazo la tendencia hacia la unión de empresas, y el gobierno tiene la obligación de vigilar que no se saque del mercado a los medianos competidores y no haya un desplazamiento indebido de empresas pequeñas.

Fernando Sánchez Ugarte comentó que estas concentraciones de capitales se llevan a cabo por la búsqueda de economías de escala y de diversificación, así como por el proceso de saneamiento de empresas afectadas por la crisis.

Más de 37 mil mdd en fusiones

Tan sólo en el segundo semestre de 1996, la Comisión Federal de Competencia Económica tuvo que investigar y dar el visto bueno a la fusión de capitales privados en diversas operaciones que, en total, significaron 37 mil 356 millones de pesos.

Entre las concentraciones concretadas en todo el presente sexenio, indicó, sobresalen las que se llevaron a cabo en los sectores de servicios de telecomunicaciones y aéreos, así como en los renglones farmacéutico, financiero y de la industria papelera, además de los casos de desincorporación del sector azucarero, de servicios portuarios, de almacenamiento, del ferrocarrilero y los relativos a los permisos de distribución de gas natural y concesionamiento de bandas del espectro radioeléctrico.

Las resoluciones tomadas para autorizar estas concentraciones han buscado proteger a la competencia, sin perder de vista las necesidades de adaptación y crecimiento de las empresas privadas; no obstante, estas acciones han sido objetadas cuando ``tienen fines claramente monopólicos'', sostuvo el funcionario federal.

Añadió que la Comisión Federal de Competencia Económica ha puesto el mayor énfasis en eliminar prácticas monopólicas absolutas a causa de sus probados daños a la eficiencia, y porque además contrarrestan en múltiples casos los ``beneficios de la liberación de precios'', porque algunas cámaras u organizaciones empresariales se ponían de acuerdo en fijar ciertos precios o condiciones de venta, lo que implicaba una práctica monopólica disfrazada.

De igual forma, el mercado nacional ha sufrido casos de prácticas ``monopólicas relativas'', consistentes en que los productores se ponían de acuerdo con sus proveedores o bien con sus distribuidores para fijar condiciones de venta, y por consecuencia se perjudicaba a los consumidores.

En este último caso se dictaron criterios de costos para investigar depredación de precios; se ordenó establecer medidas cautelares y que las empresas con poder de mercado estén obligadas a proporcionar información de precios y otros indicadores.

El presidente de esta comisión afirmó además que se investigaron barreras que se estaban estableciendo al comercio interestatal y eran impuestas por los estados, por lo que en este sexenio se descubrió la existencia de este tipo de restricciones en los estados de Sinaloa, Baja California, Campeche y Chiapas.

También se modificó un proyecto de ley de adquisiciones y obras públicas del estado de Chihuahua, que ponía en desventaja la participación de proveedores de otras entidades.

En global y sin considerar los juicios emitidos, los asuntos investigados por esta dependencia crecieron a una tasa anual promedio del 42 por ciento entre 1994 y 1996, anotó Sánchez Ugarte.