ASTILLERO Ť Julio Hernández López

Quienes se preguntaban la razón por la cual el PRI-gobierno había aceptado sin grandes molestias los resultados electorales del pasado 6 de julio, podrían encontrar buenas pistas para sus indagaciones en el principio de acuerdo comercial que se ha dado entre la Unión Europea y México.

Sólo un México distinto, un México nuevo, podría recibir el beneplácito de la comunidad europea, tan quisquillosa respecto a la cláusula democrática y de derechos humanos cuya observancia impone a todos sus miembros y socios.

Por ello, el 6 de julio amaneció un nuevo país, radiante de democracia, sin campañas electorales impulsadas desde el gobierno, sin gasto de dinero público dirigido a los segmentos sociales más pobres para inducir su voto, sin uso de dineros de procedencia desconocida para financiar campañas de difamación contra candidatos de oposición... un México democrático y... respetuoso de los derechos humanos.

Una primera aproximación a la realidad política derivada del 6 de julio nos muestra ciertamente una muy importante tendencia de respeto al resultado de la emisión del voto ciudadano -haciendo a un lado las manipulaciones previas a los comicios y las que se intentaron, y en algunos casos se lograron, durante la propia jornada electoral- y por tanto una nueva conformación del poder político nacional.

Sin embargo, sólo con una visión, digamos, muy europea, se puede negar que, con todo y ser impresionantes los resultados en lugares como la capital del país, en el resto se vivió una jornada irregular.

Ciertamente, ese 6 de julio se sumaron correctamente los votos, y se asignó el triunfo a quien tenía más, pero... eso no es ni remotamente un estado ``de normalidad democrática'', como gusta decir el presidente Zedillo, sino simplemente una ``normalidad aritmética'', en la que haciendo omisión de los abusos y excesos anteriores para inducir el voto priísta e inhibir el opositor, se pasó a un recuento de sufragios y al muy importante hecho de dar como válido, sin tretas ni alquimias, tales datos.

Sin embargo, es posible que ese estado de ``normalidad aritmética'' pudiese producir en el ánimo de los juzgadores europeos la sensación de que en la rupestre tradición electoral mexicana se había dado un paso trascendente e irreversible.

También es posible que a la luz de los resultados reconocidos, con el triunfo perredista capitalino, los panistas de dos gubernaturas y la pérdida priísta de mayoría en la Cámara de Diputados y de mayoría absoluta en el Senado, los europeos cedieran a la necesidad de estampar la paloma de aprobado en la libreta escolar mexicana.

Pero, donde difícilmente se pueden encontrar asideros para el visto bueno es en el terreno de los derechos humanos.

México vive en estos momentos una silenciosa guerra sucia desatada contra opositores de diversas siglas y en distintas regiones, aunque principalmente contra perredistas y militantes de organizaciones sociales a quienes se vincula con el Ejército Popular Revolucionario, y sobre todo en Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Cotidianamente se producen detenciones ilegales, confinamientos clandestinos, torturas y asesinatos, sin que autoridad alguna identifique, procese y castigue a los responsables.

Pero no es sólo en esa franja de rojo intenso en la que se dan las violaciones a los derechos humanos, sino también en casos individuales que, tomados de uno en uno, tienen menores tintes dramáticos, pero que tomados como ``normalidad'' muestran una barbarie institucional contra los ciudadanos.

De hecho, los mexicanos se encuentran inermes frente a los excesos del poder, si acaso mal atendidos por instancias oficialistas dedicadas a enredar burocráticamente los asuntos sometidos a su consideración.

Basta una revisión de los niveles de impunidad que se viven en México para entender cuál es el verdadero respeto a los derechos humanos.

Y también serviría a los europeos analizar el funcionamiento de instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, por ejemplo, para darse cuenta de la situación real que reina en México respecto a los citados derechos.

En todo caso, y buscando el lado positivo del asunto, esperemos todos que ahora que México está en vías de obligarse al cumplimiento con Europa de una cláusula democrática y de derechos humanos, ese hecho ayude a impulsar, por un lado, el verdadero encauzamiento hacia la democracia de los buenos resultados aritméticos de las elecciones del 6 de julio y, además, hacia una verdadera ``normalidad'' en materia de derechos humanos.

Una disculpa para Jesús González Schmall

El 5 de junio reciente, en 12 palabras escritas al final de las astillas, esta columna cometió una injusticia que ahora, con tardanza, es necesario reconocer.

``Jesús González Schmall está siendo tentado a caer en una intolerancia preocupante'', decía aquel comentario escrito a la ligera al saber que el abogado coahuilense había iniciado un proceso judicial en busca de satisfacción a su honor maltrecho por una nota publicada en este diario.

En esa nota se hablaba de una orden de aprehensión en contra de González Schmall, y de su eventual inhabilitación como candidato a diputado local, debido a un proceso enderezado en su contra por el presunto delito de responsabilidad profesional de abogado patrono.

Con documentos a la vista, el entonces candidato a diputado local por el PRD mostró a Astillero que desde el 15 de abril se había determinado por parte del juez cuarto de distrito del estado de México que el auto de formal prisión había sido desechado, y que el 20 de mayo se había confirmado esa decisión por parte del magistrado del segundo tribunal unitario del segundo circuito con sede en Toluca.

Inclusive, González Schmall esperaba que Francisco Alvaro Saavedra, el agente del Ministerio Público federal que sustentó las acusaciones en su contra, fuera investigado y eventualmente castigado por falsificación y alteración de declaraciones en las actuaciones ministeriales en las que se sustentó el inicial auto de formal prisión que luego fue desechado al conocerse tales adulteraciones.

Sin deseos de trabar un litigio con La Jornada -así fuera de manera específica con quien redactó la nota, y no con el diario en sí-, pero al mismo tiempo dispuesto a pedir por la vía jurídica satisfacción a su prestigio profesional y ciudadano, González Schmall estuvo dispuesto a dar por concluido el diferendo mediante procedimientos que, por desgracia, y no por culpa de él, no pudieron realizarse.

A causa de las 12 palabras que en su momento involucraron a esta columna en el episodio narrado, y por el posterior conocimiento de los hechos jurídicos definitivos, es necesario establecer la convicción de Astillero de que González Schmall no está cometiendo ninguna intolerancia preocupante.

Astillas: A 45 días de iniciada la investigación que ordenó el presidente Ernesto Zedillo para saber quiénes del Estado Mayor Presidencial habían agredido a periodistas en vísperas de la celebración del Día de la Libertad de Expresión, ¿todavía no hay resultados?... En Veracruz se está mostrando el nuevo PRI: por obra y gracia del gobernador Patricio Chirinos, en un proceso absolutamente dinosáurico, allanándole el paso para perfilarse como precandidato a la gubernatura, Miguel Angel Yunes dejó la secretaría general de Gobierno y pasó a presidir el comité estatal priísta... Las presiones de los familiares de los sentenciados por el caso Aguas Blancas serán conocidas por los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA que visitará México para agregar datos a la investigación que sobre el caso realiza. Los familiares y algunos de los propios policías presos dicen que son simples chivos expiatorios para salvar al verdadero culpable, que es Rubén Figueroa Alcocer.