Cobro de cuotas, paliativo para universidades públicas

Claudia Herrera Beltrán /II y última Ť El cobro de cuotas y la aceptación de las reglas que el gobierno federal ha puesto por medio de sus programas compensatorios, han sido el paliativo para la crisis económica que enfrentan las universidades públicas estatales.

Un informe de la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica indica que en 1996, las 34 universidades estatales consiguieron por su cuenta mil 134 millones pesos, arriba de la décima parte del subsidio proveniente de los estados, la federación y los programas compensatorios, que ascendió a 10 mil 302 millones 392 mil pesos.

La otra opción que se plantean las universidades estatales -que atienden a 70 por ciento de la matrícula pública del país-- es aprovechar la mayor presencia de los partidos de oposición en la próxima legislatura y motivarlos para que legislen en favor de la educación superior pública y presionen al gobierno federal a que duplique su gasto en educación, que en la actualidad representa 4.1 por ciento del producto interno bruto (PIB).

El investigador de la UAM y ex secretario de Análisis y Estudios de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Romualdo López Zárate, asegura que ante la nueva composición de la Cámara de Diputados los rectores ya no ``van a esperar a que les digan cuánto les toca; se van adelantar a solicitar un presupuesto para distribuirlo después''.

A diferencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad Autónoma Metropolitana y de la Universidad Pedagógica Nacional --instituciones que tienen la puerta de la Secretaría de Hacienda abierta para negociar su subsidio-- los centros educativos estatales deben conformarse con regatear con los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública un presupuesto que se aprueba para el conjunto de las 34 universidades.

Criticadas por ser malas administradoras, las universidades públicas se han esforzado por poner en orden sus cuentas, sobre todo, a partir de que el gobierno de Carlos Salinas las puso bajo una intensa evaluación y las obligó a mejorar su calidad para conseguir mayor subsidio.

La forma en que el gobierno ha influido en la administración de los recursos para las universidades es a través de programas compensatorios que definen cómo debe invertirse el subsidio. En 1996, el Fondo para Modernizar la Educación Superior (Fomes), el Programa de Mejoramiento al Profesorado (Promep) y los Estímulos Académicos significaron un ingreso adicional de 662.6 millones de pesos para las universidades.

Sobre estos programas, Romualdo López considera que después de seis años de funcionar, ya es tiempo de que las autoridades gubernamentales y los rectores evalúen la utilidad que han tenido los programas gubernamentales.

Explicó que investigaciones recientes demuestran que estos programas han sido útiles en aquellas instituciones que tienen las condiciones de desarrollo interno, pero han tenido un bajo impacto en aquéllas donde hay desorganización o todavía fomentan el aumento de la matrícula escolar, y mencionó que muestra de ello, son las universidades Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Autónoma de Guerrero y de Zacatecas.

En la carrera por allegarse recursos, las universidades estatales han avanzado lentamente, pero dando pasos decisivos y a veces polémicos. Las 34 instituciones han desafiado el principio de la gratuidad de la educación y desde el año pasado, la totalidad de ellas cobran cuotas mínimas, pero no simbólicas por la prestación de sus servicios.

Con 118 millones 438 mil pesos de ingresos propios, la Universidad de Puebla se ubicó como la institución estatal que obtuvo más remuneraciones en 1996. Además, esta cantidad representó la sexta parte de los 640 millones 400 mil pesos del presupuesto total que tuvo entre subsidio federal , estatal y programas compensatorios.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas se colocó en el segundo lugar en la lista de universidades que consiguieron más recursos propios, al allegarse 96 millones 392 mil pesos. Las otras que se distinguieron en esta materia fueron la de Guadalajara, con 95 millones 400 mil pesos; Autónoma de Nuevo León, con 81 millones de pesos; la Autónoma de Baja California, con 79 millones 915 mil pesos; la Veracruzana, con75 millones 840 mil pesos; la del Estado de México, con 71 millones 600 mil pesos; la Autónoma del Carmen, con casi 63 millones, y la de San Luis Potosí , con 50 millones 100 mil pesos.

La otra cara de la moneda fue la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca que consiguió un millón 715 mil pesos. Cerca de esta institución estatal se ubicaron las universidades de Quintana Roo, con ingresos por un millón 900 mil pesos, y la de Nayarit con 2 millones 653 mil pesos. El resto de las instituciones tuvieron entradas que van de los 3 millones a los 45 millones de pesos.

Apremiadas por negociar su presupuesto con interlocutores más flexibles que las autoridades educativas o hacendarias, las universidades estatales se alistan para buscar la ayuda de los legisladores de oposición para que éstos de una vez pongan fin a la discrecionalidad con la que los se reparte el subsidio a las instituciones de educación superior.

Según Romualdo López, dejar atrás la falta de criterios en la asignación del subsidio es el punto más conflictivo de la relación entre las universidades y el gobierno federal. En 1993, el artículo tercero constitucional fue modificado y sirvió para dejar claro que el Estado no estaba obligado a subsidiar por completo la educación superior.