El conflicto chiapaneco está nuevamente en el centro de la agenda política nacional. Esa es la opinión de la Secretaría de Gobernación, de la Cocopa, de la Conferencia Episcopal Mexicana (CEM) y del PRD. Aunque el EZLN no ha dicho nada nuevo ni tomado, por lo pronto, ninguna acción diferente a las que ha puesto en práctica durante los últimos meses, el tema de la paz en Chiapas ha emergido a la superficie de la vida política nacional.

El 15 de julio el subsecretario de Gobernación, Fernando Franco, señaló que el EZLN debía valorar el proceso electoral para definir su posición y reiniciar el diálogo de San Andrés. Un día después, el nuevo jefe de la delegación gubernamental en Chiapas, Pedro Joaquín Coldwell, indicó que estaban dadas las condiciones para la incorporación de los zapatistas a la vida política, creando las bases mínimas de confianza entre las partes.

Las declaraciones del comisionado gubernamental son importantes por tres razones. Primero, porque es uno de los pocos señalamientos públicos que ha hecho desde que tomó posesión en su cargo. Hasta ahora han sido otros los que han hablado por él, a través de la filtración a la prensa de entrevistas privadas. Eso sucedió con el hoy diputado del PRI Enrique Ku y con los obispos de la CEM. Segundo, porque reconoce la situación de desconfianza que existe en el diálogo. Y, tercero, porque acepta que la conversión del EZLN en fuerza política ``enriquecería mucho el espectro de la democracia mexicana''.

Es preocupante, empero, que ambas declaraciones se hayan hecho en momentos distintos y con mensajes diferentes. ¿Quién es el responsable de fijar la política oficial para Chiapas: Franco o Coldwell? ¿Cuál posición es la buena, la que dice que el EZLN deberá de reiniciar ya el diálogo de San Andrés, o la que reconoce que el diálogo no puede reanudarse ``de manera tan directa'' y que primero ``hay que remover obstáculos''.

Que el gobierno federal tenga hacia Chiapas posiciones contradictorias no es algo nuevo. Así sucedió en toda la fase previa del Diálogo, cuando varios funcionarios fijaron puntos de vista enfrentados sobre un mismo problema. Ello es resultado no de la descoordinación sino de un problema mucho más grave: la falta de una posición unificada en el gobierno federal sobre el tratamiento que hay que darle al conflicto, y la ausencia de un mando único en la negociación. El hecho es delicado porque provoca incertidumbre sobre el verdadero alcance de las negociaciones.

La posición del subsecretario Franco olvida que el diálogo está suspendido no por las elecciones sino debido a otras causas. Primero, a la negativa gubernamental a cumplir los Acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígena, y al veto a la iniciativa de la Cocopa. Ello provocó mayor desconfianza en la disposición del gobierno federal a negociar con seriedad la paz. Segundo, a una situación de violencia generalizada en la zona norte, alentada por el apoyo oficial a grupos paramilitares priístas como ``Paz y Justicia''. Tercero, a la ausencia de propuestas sustantivas por parte del gobierno en la Mesa sobre democracia y justicia. Cuarto, al veto gubernamental al funcionamiento de la comisión responsable de supervisar el cumplimiento de los acuerdos, la Coseve. Quinto, al encarcelamiento de indígenas simpatizantes zapatistas. Y, sexto, a la necesidad de contar con una delegación gubernamental con capacidad de decisión.

La realización de elecciones en tres distritos electorales donde no habían condiciones para efectuarlas, la intensificación de la militarización, y la intención del gobierno de Chiapas de ``dar cumplimiento'' a su modo y de manera unilateral a algunos de los Acuerdos de San Andrés, complican aún más el panorama.

En este contexto, la actual Cocopa tiene poco que hacer. Su tiempo y su mandato llegaron casi a su fin. Hace más de seis meses que no se puede entrevistar ni con el Presidente ni con el EZLN. Más que insistir en presentar su iniciativa de ley sin posibilidad alguna de que se apruebe, debería de hacer un balance de su gestión y refrendar la vigencia de la Ley del 11 de marzo.

El renovado interés por avanzar en la pacificación en Chiapas es un hecho positivo. No se puede olvidar, sin embargo, que hay factores poderosos que impiden avanzar en este camino. Las causas que originaron la insurrección, y que por Ley deberían de ser atendidas, persisten. Las mediaciones nacionales están debilitadas, y sin mediaciones fuertes no hay posibilidades de negociación. El incumplimiento gubernamental de los Acuerdos ha incrementado la desconfianza en los verdaderos alcances del Diálogo.

A pesar de los avances registrados en la democracia electoral en el país (ausentes en Chiapas), el EZLN no puede integrarse a la vida política pública sin que se creen condiciones favorables para la solución de las causas que provocaron su rebelión. El balón está del lado del gobierno. A él le corresponde hacer posible que esto suceda.