Las denuncias sobre asesinato de niños en Brasil empezaron a circular en los años setenta, en plena dictadura militar, gracias al abnegado compromiso del cardenal Paulo Evaristo Arns y otros defensores de los derechos humanos. Veinte años después, en octubre de 1989, el Congreso tomó cartas en el asunto. Hasta entonces, las autoridades miraban al costado o relacionaban los crímenes con ``arreglos de cuentas entre traficantes de droga que usan a los niños como mano de obra barata''. Es decir que, a su juicio, ni la policía ni la sociedad tomaban parte en el genocidio. La realidad, que es terca, demostró lo contrario.

En 1989, los asesinatos de criaturas ascendían a 182 y fracción al año. En 1990, con datos de IBASE (organismo no gubernamental dirigido por el prestigiado sociólogo Herbert de Souza), la diputada Rita Camata elevó la cifra a 1 533 víctimas anuales. TV Globo, tan poderosa como Televisa, preparó entonces un documental sobre los escuadrones de la muerte de Río de Janeiro y Sao Paulo. En vísperas de la transmisión del programa, los cadáveres de Flavio y Dina (17 y 16 años) dos de los entrevistados, aparecieron en distintos puntos de Río.

Ya en su informe anual de 1990, Amnistía Internacional señalaba: ``Brasil sabe cómo resolver el problema de los ninos pobres: los mata''. En noviembre del mismo año el diputado Moroni Torgan elaboró un informe de media tonelada (exacto, 500 kilos) que incluía los nombres de 53 mil personas con distintos grados de complicidad en la matanza de niños. Acomodadas en los poderes constitucionales y en distintos sectores de la sociedad, estas personas movilizarán una economía subterránea de 10 mil millones de dólares anuales.

En la ciudad de Recife, capital del estado de Pernambuco, Demetrio Demetrius, de la comunidad Los pequeños profetas, fue amenazado de muerte por su trabajo con los niños abandonados. La comunidad fue allanada en marzo de 1990 y quemados los documentos de los niños allí hospedados. Entre el primero de enero y el 27 de abril de 1991, el Instituto de Medicina Legal de Pernambuco hizo la autopsia de 37 niños de 10 a 17 años asesinados en Recife. Todos habían sido ultimados a tiros, con la manos atadas a la espalda y con las orejas y los órganos sexuales cercenados. En el 80 por ciento de los casos los cuerpos estaban mutilados o desollados. De total, 17 habían pasado por ej juzgado de menores. Los demás, desde el punto de vista legal, eran inocentes. En 1991, la cifra de menores asesinados en Recife superó en 60 por ciento a los muertos en Sao Paulo y en 20 por ciento a los de Río de Janeiro.

El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística cerró 1992 informando que el asesinato era la causa de muerte del 63 por ciento de los niños de nueve a doce años fallecidos en el país.

En octubre, poco antes de la visita del papa Juan Pablo II, el ex presidente Fernando Collor de Mello (destituido por ladrón) anunció la creación del Ministerio de la Infancia. La dependencia, ejemplo de ahorro del gasto público, contrató a un solo empleado: el Ministro. Al cabo de semanas, ninguno. Nelson Marques, pediatra designado en el cargo, fue trasladado a la vicepresidecia de la Fundación Nacional de la Salud. La oficina quedo acéfala.

La tarde del 22 de julio de 1993, en el centro de la capital carioca, un policía que intentaba desalojar a un grupo de jóvenes de un solar aledaño a la iglesia de La Candelaria recibió de regalo una piedra en la cabeza.

A la una y treinta de la madrugada, un hombre llegó hasta el sitio donde dormían cerca de 50 muchachos. A patadas despertó a un niño del montón, le preguntó su nombre, y antes de la respuesta le disparó a quemarropa, matándolo en el acto. Otros tres hombres descendieron de un vehículo y comenzaron a disparar contra los chicos; cuatro murieron instantáneamente, y otros tres, dos de ellos de 12 años, llegaron muertos al Hospital Souza Aguilar. A las 10 de la mañana falleció la octava víctima, de 15 años.

El joven Wagner dos Santos, sobreviviente de la matanza de La Candelaria, con parálisis facial por las siete balas recibidas, identificó a los responsables.

Los ex policías militares Nelson Oliveira dos Santos Cunha, Marco Aurelio Alcántara y Marcos Vinicius Borges Emanuel admitieron su participación en los hechos.

Sin embargo, deslindaron responsabilidades y acusaron de la matanza al ex soldado de la policía Mauricio Conceicao Filho, conocido como Martes 13. La policía informó que, lamentablemente, Martes 13 había muerto en un tiroteo en 1994.