Tras la recomposición del Poder Legislativo a raíz de los resultados de la elección del 6 de julio, uno de los primeros cursos de acción planteados por las principales fuerzas opositoras del país ha sido la de buscar, por vía parlamentaria, una disminución del Impuesto al Valor Agregado (IVA), incrementado de 10 a 15 por ciento por los priístas de la actual Legislatura en marzo de 1995, valiéndose de su mayoría absoluta y a contrapelo del resto de los partidos.

El tema ha suscitado una intensa -y saludable- polémica nacional en la que están participando, además de las autoridades económicas federales, agrupaciones obreras, cúpulas empresariales, economistas, así como los partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional. En ese debate, las primeras han vertido atendibles argumentos sobre la necesidad de preservar la salud de las finanzas públicas e impedir medidas que pudieran afectar en forma drástica al presupuesto gubernamental; por su parte, el PRD ha presentado una propuesta fundamentada que incluye la reducción paulatina del impuesto mencionado a 10 por ciento en la mayoría de los rubros, y su incremento en el caso de los artículos y servicios suntuarios, con lo cual se evitaría afectar en forma brusca los recursos públicos. Tanto los perredistas como sectores no partidistas que defienden la reducción del IVA han señalado que semejante medida tendría como consecuencia una reactivación económica y una expansión del mercado, fenómenos que, a su vez, ampliarían el número y los recursos de los contribuyentes, lo cual compensaría, en un segundo momento, la pérdida de ingresos fiscales por la reducción propuesta.

Es claro, en suma, que en todos los interlocutores está presente la idea de preservar la estabilidad fiscal y económica. Por ello resultan sin fundamento, altisonantes y fuera de lugar las imputaciones en el sentido de que el planteamiento de disminuir el IVA es ``demagógico'', ``irresponsable'' o ``populista''. Tales aseveraciones parecieran ecos de la pasión partidaria desplegada durante las pasadas campañas electorales, introducen elementos de ideologización indeseables en el debate en torno al IVA y obstaculizan el desarrollo de esta polémica en el terreno técnico y objetivo en el que debiera darse.

En otro sentido, debe considerarse que el aumento de marzo de 1995 fue una medida sumamente impopular, no sólo por los graves daños que causó a las economías familiares de los sectores más desfavorecidos y por sus efectos recesivos sobre el entorno económico en general, sino también porque el incremento fiscal fue lógicamente contrastado por la opinión pública con los desorbitados emolumentos de algunos funcionarios, con las determinaciones gubernamentales de subsidiar, con sumas astronómicas, a los bancos privados y a los concesionarios de carreteras, así como con los escándalos por corrupción y malversación que han sido del conocimiento público. En suma, para la reducción del IVA no sólo hay razones económicas de peso, sino también consideraciones políticas que no debieran ser soslayadas y que han sido externadas incluso en las filas del Partido Revolucionario Institucional.

Tomando en cuenta los antecedentes y el contexto señalados, es de esperar que las fuerzas políticas representadas en la Legislatura lleven la discusión en torno a la reducción del IVA al terreno de los análisis presupuestales serios y razonados, y sean capaces de formular iniciativas concertadas para reducir, sin riesgos para la estabilidad económica y la solidez fiscal del Estado, ese impuesto. El gobierno federal, por su parte, debe empeñarse en aplicar medidas de austeridad -especialmente para los altos funcionarios-, evitar los dispendios y la ineficiencia y redoblar la vigilancia ante las prácticas corruptas y los desvíos de fondos públicos. De esa forma sería posible avanzar, en lo general, en la construcción de esquemas fiscales más equitativos, más transparentes, más sencillos y más eficaces.