Más de cuatro meses separan la elección de Cuauhtémoc Cárdenas y su toma de protesta como jefe de gobierno del Distrito Federal. Este tiempo es útil para el gobernante electo y su partido, para conocer la situación real de la administración pública y establecer, con esa base, el Programa de Gobierno que aplicaría desde el primer día de su gestión; no podemos olvidar que el partido que deja el poder lo ha controlado excluyentemente durante siete décadas. Sin embargo, este largo tiempo es propicio para muchas tentaciones y acciones de quienes tienen que abandonar el gobierno, que irían en contra de una alternancia transparente y republicana.

1. Según una nota periodística (La Jornada, 19-VII-1997), algún funcionario no identificado de la Regencia piensa que la participación del equipo de Cárdenas en la elaboración del presupuesto de 1998, totalmente lógica, debería incluir también que éste tome decisiones sobre alzas en tarifas de transporte público y otros servicios y montos de impuestos, que deben ser tomadas antes del 5 de diciembre. Se confunde así la transiciónentre los dos gobiernos, con un cogobierno donde el actual regente tendría aún el poder, y el jefe de gobierno electo tomaría, antes de tiempo y sin ningún sustento legal, decisiones posiblemente antipopulares, obligadas por el estado de cosas imperante, que marcarían negativamente su gestión desde antes de iniciarla. Por lógica, el regente actual deberá asumir esta responsabilidad hasta el 4 de diciembre.

2. Aceptando que el regente actual sigue gobernando hasta el 4 de diciembre, hay en proceso de contratación y/o autorización varias grandes obras multimillonarias como la línea B del Metro, las plantas de tratamiento de aguas negras, o algunos megaproyectos urbanos (por ejemplo, el conjunto inmobiliario de Cuicuilco y las obras viales conexas), cuyo apresuramiento para amarrar intereses parece absolutamente inconveniente, pues estas decisiones condicionarán y afectarán muy significativamente todo el gobierno de Cárdenas; él ha sido enfático en que continuará e impulsará todas aquellas grandes obras que respondan al interés colectivo de los defeños, por lo que no hay ninguna razón para acelerar antitécnicamente las decisiones.

3. Han circulado rumores y denuncias de que algunos funcionarios del DDF llevan a cabo acciones de contratismo apresurado de obras para garantizar intereses personales, dilación de pagos a contratistas para transferir pasivos al nuevo gobierno, depredación de bienes públicos y sustracción de información oficial. Estas acciones, que benefician a unos, afectan a otros y destruyen el patrimonio público, van en contra de la ley y del interés ciudadano, por lo que el actual gobierno debe vigilar estrechamente a sus funcionarios e impedir que ocurran, pues seguramente serán evaluados y juzgados por la sociedad capitalina, de acuerdo a la ley.

4. Se rumoran también acciones ``desestabilizadoras'' para crear ingobernabilidad al nuevo gobierno, tales como proliferación de ambulantes en áreas no autorizadas, ocupaciones de terrenos e inmuebles, movilizaciones y plantones, etcétera, por parte de organizaciones corporativizadas al PRI-Gobierno, o aún de oposición. Es evidente que ellas se volverían en contra de quienes las realicen y, por tanto, las bases de estos movimientos deberían tener la conciencia suficiente para aislar a los líderes corporativos que las promuevan y no cooperar en ellas.

5. La excesivamente larga ``transición'' puede desmovilizar y enfriar a los casi 2 millones de votantes y a todos aquellos ciudadanos que, aunque no votaron por el PRD y su candidato, hoy saben que el cambio es posible y que Cárdenas tiene la madurez y capacidad para llevarlo a cabo en beneficio de todos, por lo que están dispuestos a apoyar su gobierno. Ello debilitaría la gestión futura, cuya fuerza radica en el apoyo y la participación activa de la ciudadanía. Hoy, la información cotidiana y la apertura de procesos de participación para la búsqueda de consensos sobre el futuro programa de gobierno, juegan un papel importante para mantener viva esta enorme y creativa fuerza social de cambio.

La profundización necesaria de la reforma política para la capital, debería incluir la reducción de los tiempos que separan la elección y la toma de posesión de los gobernantes, como ocurre en democracias maduras, para evitar todas esas tentaciones o acciones ajenas a la vida republicana democrática, pero propias de la cultura política imperante (que tiene que cambiar) y que, en muchos casos, atraviesan la línea entre la honestidad y la corrupción burocrática.