Juan Angulo Osorio
Desnutrición y política

Pasada la euforia por los resultados electorales, aparecen reflexiones e informes que nos recuerdan que hay todavía un trecho grande por recorrer antes de enraizar en el país el principio constitucional de una república representativa, democrática y federal, con ciudadanos que sean iguales ante la ley y oportunidades equitativas de desarrollo individual y progreso social.

Una de las deficiencias de la elección del pasado 6 de julio es la compra de votos. En estas páginas (La Jornada, 15 de julio), el consejero presidente del IFE, José Woldenberg, se refirió elegante y precisamente al problema cuando dijo que la pobreza existente en regiones del país limita el ``despliegue de la ciudadanía'' de sus habitantes.

Es ciertamente el caso de Guerrero, y la encuesta sobre nutrición que ubica a nuestro estado en el primer lugar entre las entidades con niños desnutridos viene a confirmar aquella expresión.

En las regiones más pobres del estado --La Montaña alta y baja, distritos 05 y 06; la Costa Chica, distrito 08, y el Alto Balsas, distrito 04-- ganaron los candidatos del PRI, y con amplia ventaja.

Mientras, el PRD ganó en Acapulco, Zihuatanejo, Chilpancingo, Iguala, Ciudad Altamirano y Tlapa. Siguiendo a Woldenberg, los ciudadanos en Guerrero no votaron por el PRI.

Pero debajo de estas cifras, hay una discusión de más fondo en la que tiene que involucrarse la nación. Se trata de cómo romper ese círculo vicioso que en Guerrero parece cumplir ciclos perfectos. En 1975 comenzó un periodo de 20 años de estabilidad política. Tres gobernadores en línea --Rubén Figueroa Figueroa, Alejandro Cervantes Delgado y José Francisco Ruiz Massieu-- culminan los seis años de su mandato constitucional. En este periodo Guerrero pasó a ocupar el primer lugar nacional en pobreza, el primer lugar en analfabetismo y el primer lugar en desnutrición.

La paradoja es angustiante. Si la inestabilidad política que llevaba a la represión, que llevaba a la insurrección o a la guerrilla, significó para los guerrerenses asesinatos políticos masivos y selectivos, desaparecidos y perseguidos, la paz que todos ponderamos como indispensable para las actividades productivas trajo miseria, abandono, pueblos más pobres... y desesperación, violencia individual, violencia política, represión, y guerrilla otra vez.

Los grupos gobernantes de Guerrero tienden a quejarse por lo bajo, de una injerencia desmedida de la federación, y atribuyen a ella la inestabilidad crónica en el estado. Pero, a la luz de las desastrosas estadísticas, la conclusión es más bien que la federación ha sobreprotegido a los gobernantes locales por razones de sobrevivencia no del Estado mexicano, sino del régimen político dominado por el presidencialismo y el PRI, que no es lo mismo.

Ahora que los resultados electorales agudizan la crisis terminal de ese régimen, esa situación tenderá a cambiar aunque no sin resistencia de los usufructuarios del régimen autoritario y patrimonialista, que entre la clase política priísta de Guerrero hacen amplia mayoría.

Así por ejemplo, a menos de diez días de que el presidente Zedillo haya cuestionado a los priístas su omisión en denunciar a tiempo corrupciones e impunidades, tranquilamente el procurador del estado declara concluido el caso de la matanza de Aguas Blancas con varias líneas de investigación sin abordar. Y cuando todo mundo habla de acabar con el autoritarismo, en Acapulco policías municipales inopinadamente desalojan con violencia a colonos que se encontraban posesionados de un predio en Punta Diamante, y arremeten con pleno conocimiento de causa contra un diputado local del PRD hasta dejarlo gravemente herido.

Se ha dicho con profusión en estos días que el avance de la democracia electoral quita un gran espacio de acción y de legitimidad al EZLN y al EPR. Pero, como nos dijo una vez en tono de amenaza el extinto José Francisco Ruiz Massieu, Guerrero no es el Distrito Federal. Por ello, insistimos, entre todos debemos de aislar a los duros, a los que están dispuestos a dar todos los coletazos para impedir un régimen de prevalencia constitucional, de separación de poderes, de rendición de cuentas a los ciudadanos. La pobreza, la ignorancia y la desnutrición aquí están entre nosotros más fuertes que nunca. No se les podrá enfrentar con posibilidades de éxito con las actuales políticas ni con sus operadores locales ni con una nación que cierre los ojos ante la situación crítica de los estados del sur y del sureste.