Las principales impugnaciones que se han hecho a la (hoy debilitada) hegemonía del PRI emanan de una afirmación única: que no ha sido en realidad un partido político sino el gobierno mismo participando en los procesos electorales con todas las ventajas del poder. De ahí que los resultados de la jornada electoral del 6 de julio hayan fortalecido las expectativas de una recomposición del sistema político mexicano sustentada en el incipiente equilibrio de tres partidos con capacidad similar para obtener el mandato popular. Toda vez que el gobierno ya no es monopolio de un solo partido, el antiguo régimen estaría en proceso de disolución. Examinemos el contexto real.

Gobierno y poder no son indisolubles. Hay poderes de facto que influyen sobre el gobierno y, en condiciones anormales, puede haber gobiernos totalmente desposeídos de poder, al punto de quedar reducidos a ser sólo instrumentos legitimadores de la voluntad de los llamados detentadores invisibles del poder.

Cuando se funda el PNR, el poder no radicaba exclusivamente en el gobierno, pues frente al poder institucional se alzaba el poder armado personalizado en los caudillos militares. En 1929 no pudo ser el gobierno el creador del partido, porque era sólo el andamiaje de una estructura real de poderes diversificados. Fueron éstos (sus detentadores de facto) los creadores del partido, pues convinieron en someter sus respectivas cuotas de poder a un manejo hasta cierto punto orgánico, garantizado por una autoridad superior reconocida por todos ellos, pero que no era la del gobierno formal, sino la del jefe máximo de la Revolución.

No obstante que, a partir de 1936, el Presidente de la República tomó el lugar del jefe máximo, el PNR (PRM-PRI) nunca fue estrictamente el partido del gobierno sino el partido del poder. La razón es que, aun en el ámbito nacional, cada gobierno debe extinguirse al concluir su periodo sexenal, mientras que el poder permanece y se transmite al siguiente gobierno. El vehículo de esa transmisión fue el partido y no, como ocurre en otros sistemas, los organismos electorales.

Gobernadores, diputados federales y locales, senadores, presidentes municipales, surgían de las filas del partido por decisión del poder. El sistema político funcionaba como una extensa red de vasos comunicantes por los que fluía el poder y éste se reatroalimentaba a sí mimo. El crecimiento demográfico, el desarrollo económico, el progreso cultural, hicieron emerger a nuevos factores reales de poder. Pero éstos casi siempre prefirieron promover y preservar sus intereses dentro del sistema y en muchos casos dentro del partido.

Esta somera descripción explica por qué jamás el partido estuvo seriamente amenazado por la aparición y la competencia de otras formaciones políticas, salvo cuando se produjeron escisiones internas y desprendimientos de grupos o facciones detentadoras de una parte del poder emanado del propio sistema. Almazán y Henríquez Guzmán (1939-1940 y 1951-1952) son ejemplos de sobra conocidos.

Fue necesario el transcurso de casi cuarenta años para que ocurriera una nueva fractura, cuyas repercusiones trascendieron más allá de un proceso electoral aislado. Cuauhtémoc Cárdenas encabezó el nuevo desprendimiento (1987-1988) y puso en jaque al sistema, pues obligó al candidato del PRI (oficialmente declarado triunfador) a concertar una ``alianza estratégica'' con el PAN, cuyas consecuencias fueron degenerativas. El partido de más larga tradición opositora legitimó de facto la elección de Carlos Salinas, mientras éste, una vez en el poder, le entregó sucesivamente las gubernaturas de Baja California y Guanajuato. El PAN cobró su cuota de poder, como si fuera uno más de los sectores del partido del sistema presidencialista.

Ahora el PRD ha alcanzado la jefatura de gobierno del Distrito Federal en una elección en la que no hubo signos visibles de arreglos subrepticios ni componendas inconfesables. Pero Cuauhtémoc Cárdenas no podrá gobernar si se mantiene afuera de la red de vasos comunicantes por los que fluye y se retroalimenta el poder del sistema político mexicano, pues deberá mantener relaciones interinstitucionales con el Congreso de la Unión y con el Ejecutivo federal y sus dependencias, además de que su ámbito territorial de acción está sujeto a las presiones de la conurbación (física y funcional) con los estados de México, Morelos e Hidalgo, cuyos gobernadores son miembros del PRI.