Cuando se acerca a su fin la última de las administraciones capitalinas designadas al margen de la voluntad popular, resulta necesario hacer un balance de sus acciones -logros y errores-, tanto para ubicar en su justo sitio la circunstancia actual del Distrito Federal como para poner en perspectiva los principales retos que habrá de enfrentar próximamente el primer gobierno electo de la ciudad de México.

El propio regente, Oscar Espinosa, ha venido haciendo públicamente, en días recientes, su propio balance. El sábado pasado, por ejemplo, se refirió en términos triunfales al proceso de privatización de la Ruta 100 y al desmantelamiento del sindicato respectivo, señalando que con ello se evitaron problemas a las generaciones futuras. Ayer el titular del DDF, en un tono menos complaciente, abordó el tema de la inseguridad, el cual no pudo ser resuelto por su administración, aunque responsabilizó parcialmente de ello a la sociedad y a la opinión pública, las cuales rechazaron el paquete de medidas extraordinarias propuesto por la administración urbana para combatir la delincuencia.

Con respecto a la desaparición de Ruta 100 y de la exitosa ofensiva contra su sindicato, cabe señalar que, si bien se eliminó una empresa estatal ineficiente, deficitaria y posiblemente minada por la corrupción, ello no se tradujo en ningún avance sustancial para resolver el problema del transporte público de la capital del país, ni dio pie a la aparición de entidades privadas eficientes capaces de dar servicio seguro, regular, a los millones de capitalinos y habitantes de los municipios conurbados que requieren transporte público de superficie. Por el contrario, la desaparición de la Ruta 100 implicó el fortalecimiento de los grupos que controlan a los microbuses y la proliferación de estas unidades, cuyo descontrol es, hoy, un grave factor de contaminación, inseguridad y congestión urbana. La ordenación y fiscalización de los microbuses y de los poderosos grupos de interés que hay tras ellos, así como la construcción de un verdadero sistema de transporte público de superficie -privado o estatal- son, en consecuencia, tareas pendientes que habrá de iniciar el próximo gobierno urbano.

En cuanto a las medidas contra la delincuencia organizada propuestas en su momento por la actual administración capitalina -entre las que se encontraba el Rima-, cabe recordar que si éstas no fueron ``bienvenidas'' por la población y por la opinión pública, ello se debió a que resultaban potencialmente violatorias de garantías individuales consagradas en la Constitución, así como amenazantes e intimidatorias para la propia ciudadanía, la cual, en buena hora, se opuso a su puesta en práctica.

Ciertamente, el combate a la criminalidad y el restablecimiento de un clima de seguridad en la urbe constituyen desafíos formidables y acuciantes, pero la intolerancia contra la delincuencia no puede traducirse en prácticas contrarias a la ley y nugatorias de los derechos humanos. Se requiere, por el contrario, fortalecer la confianza entre las autoridades y las instituciones policiacas y judiciales, por una parte, y la población por la otra, para, sobre esa base, aislar y contrarrestar de manera eficiente las actividades delictivas, sus causas y sus agentes.