La información divulgada por la Secretaría de la Defensa Nacional en el sentido de que más de una treintena de militares, dos de ellos comandantes, están siendo procesados por sus presuntos vínculos con el narcotráfico, así como el precedente muy cercano del general Jesús Gutiérrez Rebollo, constituyen indicios adicionales de lo peligroso que resulta involucrar a las fuerzas armadas en una tarea ajena a sus atribuciones constitucionales, como lo es la persecución de las actividades delictivas relacionadas con las drogas.

En este espacio se ha señalado reiteradamente que poner a los militares a desempeñar funciones policiales y hasta judiciales no sólo desordena la institucionalidad del país, sino que expone a nuestro Ejército a la infiltración y a la corrupción de las bandas delictivas que trafican drogas y que, si bien no disponen de un poder de fuego equiparable al de las fuerzas armadas, cuentan en cambio con un poder económico casi ilimitado, producto de sus ganancias ilícitas, capaz de comprar conciencias y corromper a efectivos, mandos medios y superiores y altos funcionarios, como se ha visto recientemente.

En lo que se refiere al involucramiento de las fuerzas armadas en tareas policiales de seguridad pública, cabe recordar que el entrenamiento, la formación y la capacitación de los soldados no armoniza con el perfil que se requiere de un policía. Este está entrenado para combatir la delincuencia, salvaguardar el orden y auxiliar a la ciudadanía, en tanto que aquéllos están entrenados para defender la integridad territorial de la nación. En la ciudad de México la inadecuación en esa función se ha traducido en incidentes lamentables que, de generalizarse, podrían provocar una indeseable animadversión de la población civil hacia los militares.

En otro sentido, resulta paradójico el hecho de que el gobierno estadunidense ha presionado, y en ocasiones incluso ha exigido, la participación de los ejércitos nacionales de América Latina en la guerra contra las drogas pero, al mismo tiempo, Washington se ha cuidado de no involucrar en ese asunto a su propio ejército.

El señalamiento hecho ayer a éste diario por el procurador Jorge Madrazo, de que la coadyuvancia transitoria y temporal del Ejército en tareas contra el narcotráfico terminará a más tardar dentro de dos años, una vez que se capacite adecuadamente a las policías para ese fin, constituye un reconocimiento implícito de lo riesgoso e improcedente de tal participación, y puede interpretarse como un indicio de que en el ámbito de procuración de justicia se tiene conciencia de lo anómalo de esa situación. Este es un dato positivo y cabe esperar que pueda cumplirse el plan- teamiento hecho por el procurador y se ponga fin a la utilización de las fuerzas armadas en la lucha contra la delincuencia, un hecho que en palabras del titular de la PGR es ``transitoria y temporal'', pero que data de los tiempos de la Operación Cóndor, a fines de la década antepasada.