Aprobó el Senado de EU levantar el embargo contra el atún mexicano
Jim Cason y David Brooks, corresponsales, y Notimex Ť El Senado de Estados Unidos aprobó por 99 votos contra cero un proyecto legislativo que levantará el embargo sobre la importación del atún mexicano y de Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela y Vanatu.
La legislación aún necesita ser consensada con la Cámara de Representantes y promulgada por el presidente Bill Clinton, pero de entrada reconoce los avances en la reducción de muerte de delfines logrados por México y las otras naciones activas en el Pacífico oriental.
La nueva ley establece una norma para identificar el producto con la etiqueta Dolphin safe (pescado sin dañar delfines) y reconoce cambios en las prácticas de los pescadores en esta parte del Pacífico. La enmienda fue propuesta por Robert Kerry, senador por Nebraska.
El voto del Senado es la culminación de años de tensos debates entre ambientalistas preocupados con las muertes de dichos mamíferos, y funcionarios gubernamentales y representantes de la industria atunera de México y Estados Unidos.
El proyecto de ley fue denominado Acta del Programa de Conservación de Delfines (S.39), sólo recibió una abstención y deberá pasar ahora a una comisión bicamaral para conciliar el lenguaje de ambas versiones en una sola que, de lograrse, será sometida a votación por separado en los respectivos plenos para ser enviada a consideración del Poder Ejecutivo, que ya ha expresado su apoyo.
Fuentes legislativas mencionaron que ``existen grandes probabilidades'' de que se logre un acuerdo en el proceso de conciliación, aunque probablemente no sucederá hasta después del receso de sesiones del Congreso que empieza el primero de agosto. Bajo la nueva versión de la S.39, la oficina federal de Pescaderías Marinas Nacionales deberá dar a conocer en marzo de 1999 un estudio preliminar sobre el impacto que podría tener en los delfines la eventual eliminación del etiquetado, que será prerrogativa del Departamento de Comercio.
La prohibición de importar atún mexicano en Estados Unidos arrancó con la ley promulgada en 1990 que provocó protestas de México y, según voceros de la industria de este país, ocasionó el despido de unos 32 mil trabajadores y la pérdida de más de mil millones de dólares en ingresos por exportación.
El gobierno mexicano presentó entonces quejas formales de comercio injusto bajo el GATT y otros acuerdos comerciales internacionales, en los que sostuvo que la medida era una restricción injusta sobre el libre comercio y asunto aparte de la cuestión ambiental. El argumento no tuvo ninguna repercusión en Estados Unidos, gracias a las presiones de ambientalistas y legisladores federales.
``Nos dijeron que deseaban lograr lo mismo que se había hecho en Estados Unidos sobre este asunto, para forzar a que las flotas atuneras no maten delfines, pero que no contaban con la suficiente influencia mientras el producto mexicano estaba bloqueado en el mercado estadunidense'', explicó a La Jornada la directora ejecutiva de Greenpeace Estados Unidos, Barbara Dudley. Consideró que el debate aún no concluye y es el primero de muchos en varios renglones donde los críticos del TLC y de las políticas de libre comercio, tal como están definidas, tendrán que ofrecer alternativas concretas.