Las declaraciones formuladas por el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Agustín Ricoy, en el sentido de que México enfrenta la posibilidad real de convertirse en un ``narcoestado'', constituyen el primer reconocimiento oficial de que la capacidad del narcotráfico para infiltrar a instituciones nacionales y corromper a funcionarios ha llegado a poner en riesgo a la nación misma.
Aunque de esta afirmación no sea posible inferir el alcance real de la penetración de los cárteles de la droga en la esfera del Estado --ni pueda señalarse con precisión a las personas, las oficinas públicas o las corporaciones de seguridad infiltradas por el narco--, los recientes procesos emprendidos por la Secretaría de la Defensa Nacional contra militares presuntamente involucrados en el tráfico de drogas, así como los señalamientos del procurador Jorge Madrazo Cuéllar sobre los numerosos casos de complicidad de agentes de la Policía Judicial Federal con el crimen organizado, constituyen indicadores de la gravedad del problema y son una muestra de los peligros que el narcotráfico y su combate entrañan para el país y para su seguridad nacional.
Ante estas circunstancias, cabe preguntarse qué puede hacerse para afrontar estos severos riesgos y de qué forma sanear y preparar las actuales instituciones de seguridad para enfrentarlos con eficacia y estricto apego a las disposiciones legales.
Por un lado, múltiples voces han señalado los inconvenientes de que el Ejército mantenga su participación en acciones de combate a las drogas, ya que, además de que se le expone al poder corruptor del narcotráfico y al indeseable desgaste de la imagen de la institución castrense ante la sociedad, esta participación es causa de contravenciones jurisdiccionales al conferirle a los militares participación en labores policiacas que son ajenas a las atribuciones que les marca la Constitución. El propio Madrazo Cuéllar reconoció hace dos días que la participación del Ejército en estas tareas es temporal y terminará cuando se conforme un cuerpo civil especialmente capacitado para asumirlas. Otras voces, como la del senador panista Gabriel Jiménez Remus, han propuesto la creación de una Guardia Nacional dotada de las facultades necesarias para asumir el control de los estupefacientes.
Por otro lado, no debe olvidarse que lo que comenzó como un problema de salud pública en las naciones preponderantemente consumidoras de droga --ubicadas, todas ellas, en las áreas ricas e industrializadas del planeta-- ha terminado por convertirse, debido a una política prohibicionista de eficacia por demás cuestionable, en conflictos cruentos y en fenómenos de disolución social e institucional que amenazan a los países productores. Esta sola constatación debería ser motivo de una revisión profunda y radical del modelo de combate antidrogas actualmente en vigor. Hoy resulta claro que la guerra contra el narcotráfico no necesariamente se traduce en un abatimiento del consumo de estupefacientes.
Dada la complejidad del problema del narcotráfico, y ante las ramificaciones internacionales cuyo control y erradicación requiere necesariamente de acciones y políticas concertadas por parte de los gobiernos de todos los países afectados, la creación de nuevos organismos de seguridad no resolverá de forma automática un asunto que tiene importantes aristas que deben ser enfrentadas, además, en las esferas política, diplomática, económica, social, educativa, de salud y familiar, así como por medio de programas de desarrollo.
Por ello, resulta indispensable y urgente repensar las estrategias vigentes de combate a las drogas y establecer, de forma paralela a lo estrictamente policiaco, medidas y programas capaces de atender los múltiples aspectos de este problema a fin de preservar la soberanía nacional y la integridad de las instituciones.