Luego de las declaraciones del Presidente de la República y del secretario de Gobernación, el discurso oficial postelectoral fue retomado por subsecretarios del mismo ramo, quienes añadieron las precisiones que permitieran entender hacia dónde se dirigían las advertencias de sus superiores.

El subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación, recomendó al Ejército Zapatista de Liberación Nacional ``valorar el ejemplar proceso electoral que vivió todo el país el 6 de julio'', pero su recomendación no se refería a las elecciones en los municipios de la llamada zona de conflicto en Chiapas, sino iba encaminada hacia la reanudación del diálogo de San Andrés Larráinzar. Con esta declaración y, al parecer, sin proponérselo, el subsecretario Franco González Salas confirmó que el gobierno deliberadamente había subordinado el proceso de paz en Chiapas y en el país, al proceso electoral de 1997, pretendiendo obtener de la elección un poco de fuerza moral para dar una lección de democracia y legalidad al EZLN.

Pero más que reiniciar el diálogo suspendido, después de las elecciones el interés gubernamental está más concentrado en incorporar al EZLN como fuerza política organizada, a la vida institucional. Al menos éso es lo que se desprende hasta ahora de la aclaración a una entrevista al jefe de la delegación gubernamental para la paz en Chiapas. Pedro Joaquín Coldwell no respondió cuando los reporteros le preguntaron ¿cómo va su trabajo con relación al diálogo de paz?, pero sí explicó que él cree que ``la gran participación democrática y la prueba que pasó la reforma política, tan exitosa... es una buena señal para que fuerzas políticas del país se incorporen a la vida institucional y a la competencia política bajo las nuevas reglas equitativas y transparentes de la democracia mexicana''.

Con una percepción menos precisa y más amplia a la vez, e inspirado en anteriores declaraciones de Chuayffet, el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación interpretó que los resultados electorales habían sido un mensaje claro a los grupos de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, en el sentido de que el camino de las armas es improcedente para la transformación del país. Según Ausencio Chávez, la reforma electoral impulsada por el presidente Zedillo garantiza que esos grupos puedan ``ascender por el camino de la democracia a expresar sus ideas, a tener tribuna y espacios en la vida nacional y alcanzar, por esta vía, los objetivos por los que luchan''.

Cuando en 1977 se hizo público el proyecto de una reforma política, se anunció simultáneamente la Alianza para la Producción y se escogió al estado de Guerrero como escenario, para evidenciar que los cambios políticos se hacían atendiendo a las presiones sociales causadas por carencias de todo tipo y por una crisis económica que apenas empezaba. El contexto implícito de aquella ceremonia del segundo informe de gobierno de Rubén Figueroa era la guerrilla. El gobierno federal reconoció la existencia de lo que Reyes Heroles llamó fuerzas rezagantes que ``medran del atraso, que se nutren de la falta de comunicación, del subdesarrollo y de la miseria'', se admitió también la existencia de un ``pluricaciquismo'' con raíces seculares.

El representante del ``primer mandatario'' comunicó que éste tenía el firme propósito de contribuir al bienestar de los guerrerenses con un desarrollo que suponía empleos remunerativos, derecho a la salud, acceso a la cultura, en fin, lo que se denominó una política realista de desarrollo global.

A 20 años de aquélla reforma que asignó a los grupos y partidos políticos la tarea de actuar como ``medios de articulación institucional de la vida democrática'', los habitantes de Guerrero, como los de Oaxaca, Chiapas y los de otras entidades que en aquél entonces no merecieron mayor atención, vuelven a figurar en los primeros lugares de pobreza.

El gobierno quisiera institucionalizar a toda la oposición, asegurando --como lo ha hecho Zedillo-- que las elecciones son el camino para resolver todos nuestros problemas, por graves que sean. Pero esa vida política de exitosa democracia institucional es la que ha dejado al margen a quienes 20 años después de la más importante reforma electoral se encuentran organizados y luchando por tener trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, además de democracia con libertad, justicia y paz, entre otras demandas.