La discusión aislada sobre el Impuesto al Valor Agregado y su actual tasa general del 15 por ciento es un error, por el lado que se le quiera ver. El gobierno y algunos economistas, que francamente no lo parecen, defienden ese gravamen tal y como está ahora, con lo cual están abogando en favor de todo lo demás en materia de política económica.

La cuestión del IVA está relacionada con la manera general de encarar los ingresos públicos. Los impuestos al gasto son regresivos por definición: pagan la misma tasa el más rico y el más pobre. Los impuestos al ingreso y al patrimonio suelen ser progresivos: cada nivel paga una tasa diferente y creciente en la medida del causante.

El aumento de la tasa general del IVA del 10 al 15 por ciento se decretó para suplir el descenso en los ingresos gubernamentales causados por la crisis a la que llevó al país la política priísta que se sigue aplicando. Fueron los consumidores, en tal función, quienes pagaron parte de los platos rotos de las finanzas públicas. Más allá de la seña obscena de Roque Villanueva, el aumento fue ofensivo y desconsiderado.

Los impuestos al consumo son como una moda, aunque en realidad se crean como sustitutos de aquéllos que deben aplicarse al ingreso y a la riqueza de manera progresiva. Existe la creencia de que los impuestos directos ahuyentan la inversión y, por tanto, la creación de puestos de trabajo. En realidad esto es lo que no se ha demostrado empíricamente, mientras que la reducción del consumo interno se ve agravado con el aumento de los impuestos al gasto, como ya lo observamos recientemente.

La estructura impositiva de México pretende parecerse a las de aquellos países de donde proceden las inversiones foráneas, aunque en muchos casos es más benévola con el capital. Se cree que, de esta forma, se promueve la inversión extranjera: ventaja de pobres es desventaja.

Lo que está a discusión, como lo expresa Ernesto Zedillo, es la política económica en su conjunto, aunque el Presidente niega cualquier posibilidad de modificarla, aun en aspectos parciales. Así, no era cierto que el aumento al IVA se había pensado como una medida provisional para garantizar un determinado ingreso público, sino que desde un principio se consideró como uno de los tantos paradigmas: ahorro forzado en un país de pobres.

Pero no se trata solamente de una política fiscal promotora de mayores desigualdades en un país ya muy desigual, sino también de una tendencia creciente a negar el papel redistributivo del gasto público. Los economistas que hoy nos dominan creen que los mecanismos naturales de distribución directa del ingreso pueden perfeccionarse, a través de mecanismos de mercado, hasta el punto de alcanzar nuevos equilibrios, es decir, nuevos niveles de una desigualdad menos abismal. Esto es falso a la luz de la experiencia, pero resulta también un freno al crecimiento de la economía, la cual encuentra pronto límites insuperables en la pobreza tan generalizada en el país.

Habría que revisar muchos impuestos, especialmente las tasas sobre el ingreso para resarcir la progresividad perdida y proyectar tal gravamen a terrenos a los que no ha entrado. En este marco, la reducción de la tasa general del IVA y el aumento de la que debe aplicarse a los artículos suntuarios resulta más que explicable. Se trata, entonces, de poner énfasis en aquellos impuestos sobre el ingreso y la riqueza, pues, para decirlo directamente, los más ricos son quienes más deben aportar a los gastos sociales.