Las verdades aritméticas no expresan necesariamente verdades políticas. Cuando Porfirio Muñoz Ledo y Felipe Calderón Hinojosa recuerdan al presidente Ernesto Zedillo que su reiterado propósito de mantener la política económica que ha sido el eje fundamental de sus acciones de gobierno estará, a partir de ahora, condicionado por la mayoría numérica que forman los diputados de la oposición, los dirigentes perredista y panista olvidan a su vez que esa suma de votos potenciales puede hacerla en el papel hasta un niño de primaria, pero que la misma operación requerirá en la realidad de arduas negociaciones y que en la conformación del resultado podrían intervenir otros factores circunstanciales y azarosos. En política, la correlación de fuerzas no se establece por el sencillo mecanismo de sumar dos más dos, porque el resultado suele ser una cifra distinta a cuatro.

En primer lugar, tanto PML como FCH se equivocan al plantear el papel que corresponde a la Cámara de Diputados en la determinación de la política económica del país. El contrapeso constitucionalmente establecido no radica en la voluntad decisoria de una sola de las cámaras, sino en las dos que integran el Congreso de la Unión. Es verdad que una alianza de los diputados que no son del PRI podría bloquear la aprobación del Presupuesto de Egresos; pero una obstrucción de esta naturaleza implicaría asumir una grave responsabilidad, no sólo política sino social, que ningún partido está en condiciones de afrontar.

El caótico escenario que en el vecino país del Norte provocó el Partido Republicano al paralizar temporalmente el flujo de recursos a la administración del presidente Clinton, los efectos perniciosos que (en lo inmediato) se produjeron contra un sector de empleados públicos y que amenazaban a toda la pobación, y el desenlace que tuvo ese episodio, demuestran la vulnerabilidad de una línea estratégica que requiere de justificaciones claras y específicas en materia de técnica y contenido presupuestales, pues no podría ser utilizada solamente como instrumento de presión o de franco chantaje para obtener otro tipo de concesiones.

Hago referencia al tema del Presupuesto, porque es la única facultad que los diputados no comparten con los senadores. Todas las demás atribuciones en materia de política económica corresponden a ambas cámaras. PML recomienda al titular del Ejecutivo federal volver a leer la Constitución, consejo que el propio coordinador de la fracción perredista debiera ser el primero en atender, pues al parecer su conocimiento de nuestra ley fundamental es fragmentario y superficial.

La reflexión que esa relectura debiera suscitar es que la política económica del actual gobierno federal se sustenta en un marco jurídico que está en vigor y cuya modificación no podría ser decidida solamente por la Cámara de Diputados. En el supuesto de que una alianza PAN-PRD-PT-PVEM se impusiera la tarea de reformar las leyes concordantes con el Plan Nacional de Desarrollo y que fundamentan su aplicación, sus iniciativas casi seguramente serían rechazadas por la Cámara de Senadores, donde el PRI conserva la mayoría. ¿Cuál sería la consecuencia? La prolongación de la vigencia de las actuales bases legislativas, que bastan al Ejecutivo para llevar a cabo sus programas y acciones, sin tener que variar el rumbo de la economía.

En otras palabras, para que una política económica alternativa, como la propuesta por el PRD, fuese obligatoria para el Ejecutivo, se requieren indispensablemente reformas legales que ni ese partido ni una coalición de todos los demás (con exclusión del PRI) podrían llevar a cabo. En cambio, para que la actual política económica del Ejecutivo continúe aplicándose, no es necesaria reforma legal alguna. Si la estrategia de la oposición va a consistir en la confrontación sistemática con el Ejecutivo y con el PRI, la paralización legislativa no impediría al presidente Zedillo seguir gobernando conforme a sus criterios de política económica, pues ya cuenta con el sustento legal requerido.

Es obvio que, pese a las balandronadas de PML y los intentos de emularlo en que ha caído FCH, sus fracciones parlamentarias tendrán un peso político limitado en los próximos tres años. No es que el crecimiento del número de sus votos en la Cámara de Diputados sea desdeñable. Pero el poder de decisión no se ha trasladado del PRI a los demás partidos. Todos estarán obligados a negociar, aunque la correlación de fuerzas en un poder Legislativo bicameral sigue siendo favorable al PRI.