Contrasentidos y distorsiones en la política agraria, según AN y PRD

Angélica Enciso Ť Las políticas agrarias fijadas a finales de la década pasada, y que se consolidaron con la entrada en vigor del TLC, podrían ser severamente cuestionadas en la próxima legislatura, hasta el punto de tener que renegociar el rubro agrícola del acuerdo comercial, revisar el artículo 27 constitucional y desaparecer algunas dependencias.

La política agropecuaria del sexenio actual, basada en medidas asistencialistas que no van a la raíz del problema y que han hecho que el campo padezca una severa crisis con la descapitalización y falta de rentabilidad, debe transformarse, consideran por separado los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD).

Para el Revolucionario Institucional esa política tiene su fundamento en lo establecido en su plataforma electoral, aunque admite que no se han atacado los problemas estructurales del agro.

Cuestionada tanto nacional como internacionalmente la política agrícola, ha sido objeto de llamados como el de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que sugirió la reorientación de las acciones en el sector, pues en caso contrario se llegaría a ``una crisis más profunda''.

Incluso, la Comisión de Agricultura saliente de la Cámara de Diputados recomendó a los futuros legisladores reformar nuevamente el artículo 27 constitucional, ya que con las modificaciones hechas el sexenio pasado los problemas no se solucionaron.

Programas a revisión

Entre las acciones legislativas que el PRD prevé emprender, indica Jorge Calderón, senador electo y profesor de Economía Agrícola en la UNAM, estaría básicamente elevar la inversión en el campo en el presupuesto de egresos del año próximo y formalizar un Programa Integral de Apoyos para el Campo, con el que se buscará establecer precios razonables de concertación por medio de entidades públicas, sobre todo de Conasupo, a los granos básicos.

Asimismo, prevén utilizar instrumentos financieros para aumentar la base de crédito de Banrural y otras entidades; establecer en el presupuesto de egresos el aspecto público de desarrollo rural y un paquete fiscal de apoyos al campo además de que mientras se consolida el programa de apoyos, de manera transitoria otorgar un apoyo específico por hectárea a cada cultivo por regiones.

En este último caso no se trataría de una cuota fija por hectárea -como lo hace Procampo-, sino que se definirían políticas de fomento para que en el futuro los precios agrícolas sean remunerativos y no se requieran las cuotas.

Para el PRD, menciona en entrevista, el problema de fondo en la política agrícola es que ``funciona en sentido opuesto'' a las necesidades de los productores rurales. La apertura comercial ha afectado sectores básicos y los precios agrícolas en este momento son la mitad de lo que eran hace 15 años, además de que las importaciones alimentarias se han elevado, ya que de 20 a 30 por ciento de los alimentos que se consumen son adquiridos en el exterior, agrega.

Menciona que en el senado, a pesar de que la oposición es minoría, buscarán impulsar la apertura del capítulo agrícola del TLC, ya que las excesivas importaciones de maíz golpean al productor mexicano, además de que el acuerdo comercial prohíbe al país llevar a cabo regulaciones agrícolas sobre las exportaciones estadunidenses.

Por su parte, el PAN, en su plataforma legislativa 1997-2000, plantea la desaparición de la Secretaría de la Reforma Agraria, los Tribunales Agrarios y la Procuraduría Agraria, cuyas acciones deberán recaer en los poderes judiciales de los estados y en las dependencias que se creen en los niveles estatal y municipal.

Asimismo, considera la creación de la Procuraduría Nacional de Desarrollo Rural Regional, en la que habría representatividad de productores, los distintos niveles de gobierno, y organizaciones relacionadas con el campo.

Indica que buscará la revisión del proceso de ``globalización económica en el campo'', con el fin de que los plazos de incorporación de las diferentes actividades agropecuarias en los acuerdos comerciales distorsionen lo menos posible su desenvolvimiento y la producción.

También señala que se debe llevar a cabo una legislación sobre las carteras vencidas, así como una revisión de la banca agropecuaria, con el fin de aplicar un esquema financiero de apoyo subsidiado a esas actividades para lograr su desarrollo integral.

Considera que es necesario ``desmantelar, mediante las reformas necesarias al marco jurídico, los esquemas corporativos que han atrofiado las potencialidades de los habitantes del campo, para que los servicios públicos se den en forma más directa, sin que organismos intermedios distorsionen sus objetivos o se condicione el otorgamiento a determinada afiliación política''.

En su diagnóstico, el PAN señala que existe una distorsión fundamental del gobierno mexicano en la política, ya que hay una ``falta de respeto a la dignidad de la persona humana''. Destaca que el gobierno tampoco ha ofrecido el marco económico que permita las mínimas condiciones de competitividad para emprender una actividad económica redituable en el campo.

Además, los actuales esquemas de comercialización, internos y externos, han propiciado una competencia inequitativa para el productor mexicano, ``el gobierno intervino en forma avasallante en la comercialización de productos agropecuarios''.

Respecto de los subsidios, indica que se han caracterizado por ``criterios de diferenciación para que se beneficien aquellos agricultores que más lo necesitan. Se han caracterizado por prácticas paternalistas y populistas, y no han sido previstos por un tiempo determinado razonable, lo cual ha impedido que alcancen el propósito de servir como impulso a los niveles de competitividad''.

El PRI, a su vez, se mostró satisfecho de que el gobierno federal haya impulsado la Alianza para el Campo, ya que con ello se mejoran los ``apoyos a los productores'', se incrementa la inversión en infraestructura y se eleva la productividad.

Consolidar la reforma agraria con el finiquito del rezago agrario y concluir positivamente la certificación de los derechos ejidales y la titulación de los solares y sostener la comercialización de los productos agropecuarios.

Respecto del Procampo, apunta que se deben promover cambios para que sea utilizado como garantía de los créditos, para propiciar nuevas inversiones y generar nuevos apoyos.

Asimismo, indica en su plataforma legislativa 1997-2000 que buscarán la expedición de la ley reglamentaria de la fracción 20 del artículo 27 constitucional, la cual hace referencia al desarrollo rural integral.

También pretende que las tasas de interés con las que operan el Fira y Banrural se otorguen con los instrumentos más bajos que pueda haber en el mercado.