Detenidas, 180 unidades de la empresa Siglo Nuevo; los mayores problemas, en Iztapalapa

Alonso Urrutia y Miriam Posada Ť Llegaron apenas pasadas las 22 horas, una vez que habían arribado las últimas unidades de la empresa Siglo Nuevo al módulo de Cárcel de Mujeres. Sin mediar advertencia, diálogo ni documento legal alguno, tres suburbans de la Policía Judicial Federal virtualmente clausuraron el servicio de los nueve ramales que opera el sindicato de la antigua Ruta 100 en la zona de Iztapalapa.

Veinticuatro horas después, la Procuraduría General de la República (PGR) no había dado alguna respuesta oficial sobre las causas para impedir el servicio. Tampoco el DDF hizo movimiento alguno para sustituir el servicio que dificultó el traslado de habitantes de por lo menos 10 colonias aledañas.

Vehículos de la PGR bloquearon los accesos de los módulos
41 y 51 A de la empresa Siglo Nuevo, en Iztapalapa.
Foto: Frida Hartz

A las 4:00 horas de ayer ninguna de las 180 unidades que corren de cárcel de mujeres a Chapultepec, la Alameda y Constituyentes, entre otros destinos, pudo dar servicio. Por lo menos 12 agentes de la PGR descendieron de las camionetas y con armas largas conminaron a los conductores a no salir. No hubo más argumento ni autoridad que lo sostuviera.

La policía capitalina se dijo ajena, ``no sabíamos nada, ni nos han pedido apoyo'', señalaron, aunque varias patrullas de la PJ y de la SSP aguardaban a sólo unos metros. Nadie sabía nada. Se tuvo el cuidado de que el operativo fuera discreto si no hubiera sido por lo miles de usuarios de colonias como San Miguel Teotongo, Santa Martha y Emiliano Zapata que se quedaron sin servicio.

Por ser domingo los usuarios no tenían prisa por llegar a su destino y hubo tiempo para elegir otras opciones, aunque más costosas. Para hoy sí se esperan problemas.

A las 11 de la mañana los ex sindicalizados volvieron a los mítines, esta vez frente a los módulos para que se les permitiera dar servicio. De visita por un plantón aledaño, Armando Quintero acudió para condenar la prepotencia de los agentes.

``¿Quién es su jefe?'', preguntó el líder perredista.

Apenas una mueca y un ademán del agente para señalar que el jefe se encontraba en la camioneta trasera. De inmediato los vidrios y las puertas de la camioneta sin placas se cerraron y no hubo respuesta.

A la entrada del módulo, Fernando García encabezaba el mitin y daba detalles de la situación: ``es una forma de presión política del gobierno para hostigar a los ex trabajadores de R-100''.

Las razones no son precisas para los propietarios de la empresa pero García aventuró que podría relacionarse con la intención gubernamental de obligarlos a pagar liquidaciones excesivas a quienes renunciaron al sindicato o bien podría vincularse a la tentativa oficial de no cumplir el acuerdo pactado con el Sutaur-100, el cual consideraba la posibilidad de entregarles una tercera empresa si las dos primeras operaban con eficiencia. Para García en el fondo se encuentra el interés del DDF por satisfacer las demandas del ex pulpo camionero y de los líderes de las rutas 1, 2 y 3 de microbuses por adquirir algunas de las nuevas empresas.

Ayer los mil 500 trabajadores quedaron sorprendidos a sólo una semana de que el presidente de la Comisión de Transporte y Vialidad de la ARDF, José Luis Luege, afirmara que entre los pendientes en la materia queda ``resolver por completo'' el conflicto con la ex Ruta-100, para lo que sería necesario ``disolver el sindicato y que sus dirigentes lleguen a un acuerdo con los trabajadores pensionados'' y así generar confianza entre los inversionistas.

Al igual que hace dos años, los choferes se organizaron en pocos minutos. En sus pancartas responsabilizaron a Fernando Peña Garavito y a Fernando Ramírez de Aguilar, funcionarios del DDF, e informaron a los capitalinos del ``nuevo atentado'' en su contra por medio de un altavoz, mientras entre murmullos trataban de explicarse lo que ocurría. ``No hemos cometido ningún delito y menos federal para que ahora nos traigan a la PGR. Llevamos ocho meses de trabajo sin ningún problema; ahora qué quieren, cuánto tiempo vamos a estar así, qué pasó, no se sabe que haya detenidos''.