En Estados Unidos se desarrolla la primera gran huelga de la mundialización y la mayor movilización obrera en los últimos diez años: la firma United Parcel Service (UPS) enfrenta no sólo al gran gremio de camioneros, sino a todos los sindicatos organizados en la AFL-CIO, que es un potente elector del partido del presidente Clinton, y el conflicto, que lleva una semana de duración, ha requerido ya la mediación del Ministerio del Trabajo del país vecino.

La UPS transporta entre 60 y 80 por ciento de la paquetería estadunidense, emplea a 340 mil trabajadores --302 mil de ellos en Estados Unidos-- y cuenta con 2 mil 300 filiales en el extranjero. Los sindicatos, por su parte, aunque muy debilitados, se han reanimado con la mejor coyuntura económica y el leve aumento del empleo y se juegan hoy el todo por el todo. El problema de fondo es claro: la UPS basa su estrategia en la eliminación del trabajo fijo y su remplazo por el trabajo en tiempo parcial, sin jubilaciones, vacaciones, seguros de ningún tipo y pagando menos de la mitad del salario del tiempo completo. Los sindicatos de todo el mundo organizados en la Federación Internacional del Transporte ya han hecho contra esta compañía la primera huelga mundial para acabar con este intento de ``flexibilizar'' las condiciones laborales a costa de los trabajadores y de sentar un precedente contra los empleos fijos y protegidos y contra los sindicatos. De ahí la importancia política de esta ``vencida'' en curso.

La decisión de involucrar al gobierno como mediador del conflicto es en sí una victoria importante de los sindicatos, ya que contradice la idea según la cual el libre juego de la oferta y la demanda debería resolver todos los problemas --incluidos los conflictos entre el capital y el trabajo--. De este modo, los sindicatos defienden implícitamente no sólo los aspectos laborales amenazados (horarios, condiciones y ritmos de trabajo, derechos y salarios indirectos, etc.), sino también la intervención del Estado como mediador y regulador social. El conflicto entre los niveles de civilización ya alcanzados y los efectos de la mundialización y del pensamiento económico oficial estalla ahora incluso en la primera potencia industrial del globo después de las protestas en Corea del Sur y en Europa. Cuando en todas partes se habla de modificar las leyes laborales, eso es algo que hay que tener en cuenta.

Los señalamientos formulados por Antonio Paz, secretario de la Comisión de Vivienda de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, y por Marjorie Thacker, directora de la zona metropolitana del Instituto Nacional Indigenista, deben ser puestos en relieve porque obligan a recordar que los indígenas del país no se encuentran únicamente en remotas zonas rurales, sino que forman parte también de la población de los centros urbanos, empezando por la capital de la República, y que en las grandes ciudades también se realizan en forma sistemática prácticas de discriminación, opresión y explotación en contra de estos ciudadanos mexicanos.

Tales prácticas, que suelen considerarse ``rezagos sociales'' o parte de las realidades nacionales ``premodernas'', tienen lugar, sin embargo, en los bastiones de las propuestas modernizadoras, que son precisamente las urbes del país.

Esta constatación dolorosa obliga a relativizar los avances políticos, económicos y sociales que las autoridades y la propia sociedad anuncian, analizan y celebran en forma cotidiana, especialmente después de las elecciones del 6 de julio. En efecto, si una importante porción de la población padece la miseria, el hambre, la discriminación, el maltrato y la marginación en los mismos polos del desarrollo democrático y la cultura ciudadana, ello resulta indicativo de la incipiencia de tal desarrollo y del enorme esfuerzo que debe hacerse en las zonas en donde impera el ``atraso político''.

Finalmente, y por lo que se refiere a la ciudad de México, los señalamientos del representante y de la funcionaria del INI debieran dar pie a que el gobierno electo se plantee desde ahora la necesidad de crear instancias y mecanismos de atención a los indígenas capitalinos y a sus necesidades.