La Jornada 11 de agosto de 1997

Aún sin solución, tres casos de tortura contra zapatistas

Angeles Mariscal, corresponsal, Tuxtla Gutiérrez, Chis., 10 de agosto Ť Tres casos sobre tortura efectuada por miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Procuraduría General de la República (PGR) contra presuntos integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se han documentado lo suficiente como para comprobar la responsabilidad del acto, sin que al momento ninguno de ellos haya sido resuelto conforme a derecho.

Ante estos hechos, el abogado Miguel Angel de los Santos, integrante del grupo de quejosos en una de las demandas, mencionó que se sigue esperando de las autoridades la sanción de los responsables y, en su caso, la indemnización de los daños, pero sobre todo ``que se reconozca que las autoridades mexicanas continúan violando los acuerdos contra la tortura firmados ante la Organización de las Naciones Unidas''.

El primero de los casos se refiere al secuestro y posterior asesinato de tres campesinos en el ejido Morelia, ocurrido entre el 7 y el 11 de enero de 1994. En noviembre de ese año, cinco organismos no gubernamentales de los derechos humanos, nacionales e internacionales, presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el caso acusando al gobierno mexicano de violar los acuerdos contra la tortura signados ante la ONU en Ginebra en 1975 y 1984. En abril de 1996, la CIDH acepta la demanda y celebra varias audiencias con las partes en conflicto.

La solución ofrecida, dinero

En septiembre de 1996, asegura Miguel Angel de los Santos, el gobierno mexicano contactó extraoficialmente a los familiares de las víctimas (Severiano y Hermelindo Sántiz Gómez y Sebastián Sántiz López) con el fin de ``alcanzar una solución negociada al conflicto'', ofreciéndoles dinero, lo cual fue rechazado y se demandó, por el contrario, una investigación completa e imparcial y el castigo a los responsables.

Los otros dos casos se refieren a la detención de siete presuntos zapatistas en Yanga, Veracruz, y cinco más en Cacalomacán, estado de México, luego de que el presidente Ernesto Zedillo ordenó en febrero de 1995 una ofensiva general en contra del EZLN en diversos estados.

Tras sendas investigaciones, la CIDH y la Comisión Nacional de Derechos Humanos determinaron que los detenidos ``fueron coaccionados física y psicológicamente para que firmaran sus declaraciones y proporcionaran información relativa al EZLN''.

En el primer caso se ordenó al gobernador de Veracruz, Patricio Chirinos, y al procurador general de la República, que llevaran a cabo una investigación y castigaran a los responsables.

Sin embargo, el gobierno de México informó a la CIDH que tanto el gobernador de Veracruz como el procurador de Justicia habían llevado a cabo la investigación correspondiente, exonerando a los oficiales ``de cualquier mal comportamiento profesional'', por lo que los agentes consignados continúan libres y en sus puestos.

Pese a que en agosto de 1996 se condenó a los siete detenidos de Yanga a seis años de cárcel, el 3 de enero la Corte Unitaria anuló la sentencia y absolvió a los prisioneros. En octubre de 1996 se sentenció a los cinco prisioneros de Cacalomacán a cuatro y 11 meses de cárcel. Sin embargo, fueron liberados el 1o. de noviembre de 1996 tras completar sus condenas o alcanzar la libertad bajo fianza.

En ambos casos no se ha aclarado quiénes fueron los torturadores, y por tanto no se ha sancionado a los agentes policiacos.