Alberto Aziz Nassif
Las próximas batallas legislativas
Cuando faltan unos días para que se inicie la 57 Legislatura --primera que no tendrá mayoría absoluta de ningún partido político-- ya se empiezan a fijar las primeras posiciones. El próximo 1o. de septiembre se iniciará en México una nueva etapa política, en la cual la relación entre los poderes cambiará de forma importante.
La voluntad ciudadana conformó en la Cámara de Diputados un nuevo campo de lucha política. La pérdida de la mayoría modifica la correlación de fuerzas y obliga a romper las inercias que durante décadas hicieron que el Poder Legislativo estuviera subordinado al Presidente de la República. La desafortunada declaración de Zedillo en el sentido de que no cambiaría la política económica, forma parte de esa inercia que se resiste a cambiar. Más tardó el Presidente en decirlo, que la oposición en corregirlo. Esa falta de contrapesos que tuvo el país fue, quizás, la base más sólida para que la institución presidencial llevara a cabo su proyecto durante seis años, prácticamente sin tener que rendir cuentas. No sería incorrecto afirmar que una gran parte de las decisiones presidenciales autoritarias que han golpeado al país (matanzas como la del 68, devaluaciones en los años setentas, la expropiación bancaria de 1982, las amargas purgas del neoliberalismo, los fraudes gubernamentales al voto popular, las privatizaciones y la gran corrupción del salinismo, el error de diciembre y los ``remedios'' posteriores) fueron posibles porque no había contrapesos institucionales y rendición de cuentas. En la nueva época, que se inició el pasado 6 de julio, se pueden registrar al menos dos cambios importantes al respecto: las decisiones políticas tienen consecuencias en las urnas y la composición del Congreso puede ser un freno institucional al presidencialismo autoritario. Estas dos situaciones modifican de raíz las estrategias políticas de los actores. En estos días hemos presenciado las evaluaciones que han hecho los partidos de los triunfos y de las derrotas electorales: en el PAN hay un diagnóstico de las fallas y de las necesidades para el futuro inmediato; en el PRI se mueven las aguas de forma subterránea pero no pasa nada en la superficie; en el PRD todavía se celebran las victorias y poco se habla de autocrítica.
La pista del Congreso tendrá resonancia nacional en los próximos días. Con rasgos preliminares aparecen dos proyectos legislativos que pueden generar cambios profundos en el país: por una parte, el PRD ha hablado de manera enfática de cambios radicales en la política económica y en la lucha contra la impunidad; por la otra, el PAN ha hablado de federalismo y nuevos esquemas en la vigilancia al Ejecutivo. Por su parte el PRI no acaba de saber cómo va a contener esta oleada de cambios que puede quitarle al Presidente los amplios márgenes con los que solía tomar decisiones. Carlos Medina Plascencia lo formuló así: ``En el momento en que hagamos una restructuración del Presupuesto de Egresos y una profunda reforma fiscal, podremos establecer condiciones en las que de veras se ponga a ejercer el rol que le toca al Presidente de la República'' (La Jornada, 4/VIII/97). Por su parte, Porfirio Muñoz Ledo señaló que: ``En México, la transición democrática implica abrir los expedientes, porque son demasiado cercanos los crímenes y porque son crímenes de Estado, y además porque la corrupción está imbricada en el corazón del Estado y mientras no se revise y limpie toda esa corrupción no habrá realmente una transición democrática'' (La Jornada, 4/VIII/97).
En torno al presupuesto se darán las próximas batallas del Congreso. Los proyectos de PAN y PRD abren una pinza que puede modificar la política económica y la distribución de los recursos: el PAN explícitamente plantea que su tema más importante en los próximos años será el federalismo, el fortalecimiento de los municipios y de los estados y la modificación del porcentaje de asignación de recursos que hoy le da 80 por ciento al centro, 16 a los estados y 4 a los municipios; el PRD habla de una redistribución del gasto público, incrementar el gasto social y reducir los subsidios a la banca, desaparecer las partidas secretas, hacer una reforma fiscal y aumentar los salarios.
El problema estará en la formación de acuerdos para lograr la mayoría, ya que ningún partido la tiene por sí solo. Este nuevo equilibrio de poderes puede tener tres salidas: empates catastróficos en los cuales no se logre la mayoría necesaria; parálisis gubernamentales por imposibilidad de llegar a acuerdos sobre el presupuesto o, por último, procesos de consenso y negociación que hagan del Congreso no sólo un contrapeso, sino un nuevo poder eficiente para las necesidades democráticas del país.