Demandará el Sutaur a la PGR por el bloqueo a 2 de sus módulos

Alonso Urrutia y Víctor Ballinas Ť El dirigente del PRD capitalino, Armando Quintero, envió ayer un ``carta de extrañamiento'' al director General de Servicios al Transporte, Fernando Peña Garavito, por el operativo desplegado el sábado pasado en la entrada de los módulos de la empresa Nuevo Siglo, propiedad de los ex trabajadores de la Ruta-100.

Al mismo tiempo, en una carta pública de la dirección estatal perredista dirigida al procurador General de la República, Jorge Madrazo Cuéllar, se condenó la prepotencia con que actuaron los agentes de la Policía Judicial Federal para impedir el servicio.

De acuerdo con la versión de Quintero, los reportes proporcionados por el DDF a la dirección perredista, deslindan de toda responsabilidad en el despliegue policiaco al gobierno capitalino.

Acuerdos de asamblea

El servicio de trasnporte se reanudó ayer de manera normal, según los propios trabajadores, además de que muy temprano las camionetas de la PGR se retiraron.

Los trabajadores del Sutaur-100 acordaron ayer --en asamblea-- que en caso de que continúe el hostigamiento y las provocaciones contra su organización sindical saldrán nuevamente a la calle el viernes para manifestarse contra el DDF.

En la reunión, que duró más de dos horas, acordaron que en caso de que hoy sean descongelados sus bienes el patrimonio sindical se reparta entre los agremiados de acuerdo con lo estipulado en cada fideicomiso.

Entre otros puntos alcanzados plantean solicitar la intervención en el conflicto de la comisión de enlace para la transición del gobierno en el DF en el caso de los funcionarios salientes para que informen a su contraparte de la situación.

También acordaron exigir a Banca Serfin, en su calidad de fiduciaria, ``una vez que la autoridad jurisdiccional correspondiente gire la orden de descongelamiento, el pago de las cantidades depositadas y los intereses que se hayan generado, en cumplimiento de los contratos de inversión firmados''.

De la misma manera exigirán a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores vigile el cabal cumplimiento de la orden de descongelamiento en términos de ley y con respeto a los contratos de inversión a los derechos de los ahorradores.

Hay tensión antes del cambio de gobierno

Por su parte, Leonel Villafuerte, secretario general del Sutaur y presidente del Consejo de Administración de la empresa Autotransportes Urbanos Siglo Nuevo, informó que otro de los acuerdos asumidos por la asamblea fue el de rechazar las acciones de intimidación y provocación por parte de las autoridades contra su compañía.

Se informó que en los 120 días que faltan para el cambio de gobierno en la ciudad se prevé cierta tensión con el DDF, pues no le va a alcanzar el tiempo para cumplir los acuerdos pactados y ``nos va querer presionar''.

Falta que el DDF otorgar 50 juegos de placas que están dentro del acuerdo político con el que se resolvió el conflicto de Ruta-100, no ha entregado la tercera concesión pactada ``ni nos ha entregado los títulos de concesión de las otras dos empresas''.

Villafuerte señaló que el Sutaur opera actualmente 35 rutas, pero ``nos deberá entregar el DDF más una vez que contemos con un mayor número de unidades''.

El dirigente señaló que ayer por la mañana se retiraron los vehículos de la Procuraduría General de la República que mantuvieron bloqueos en los módulos 41 y 51-A. Subrayó que ``la PGR no nos quiso informar a qué obedeció ese operativo que montó contra nosotros; en la secretaría particular del procurador Jorge Madrazo Cuéllar se nos informó que se encontraba fuera de la ciudad''.

Asimismo, destacó que también se interpuso una demanda contra el DDF y la Procuraduría General de Justicia capitalina por lo que resulte, ``pues tienen responsabilidades en esta campaña de provocación contra nosotros''.

Miriam Posada García Ť La Procuraduría General de la República (PGR) y el Departamento del Distrito Federal (DDF) deben explicar por qué se impidió que los 180 autobuses de la empresa Siglo Nuevo prestaran normalmente sus servicios el pasado domingo, advirtió el asambleísta Carlos Daniel Torres, integrante de la Comisión Plural para el caso Ruta-100; el perredista no concuerda con la opinión de José Luis Luege Tamargo, pues el Sutaur ``siempre ha mostrado disposición para llegar a un acuerdo con los pensionados, quienes fueron el instrumento político que usó el gobierno de la ciudad para complicar aún más el conflicto''.

Destacó que el operativo realizado desde las 22 horas del sábado hasta las tres de la mañana del lunes puede entenderse como un intento de revivir el problema por la libertad condicional de los dirigentes, pero en todo caso la acción no debió dirigirse a los módulos, sino a las propias oficinas del Sutaur.

El presidente de la Comisión de Fomento Económico de la ARDF señaló que el DDF paralizó las mesas de trabajo a través de las que se llegaría a un acuerdo con los dirigentes del Sutaur y los pensionados; sin embargo, no ha habido disposición para continuar con los trabajos, por lo que el acuerdo político no se ha cumplido.

Explicó que en enero de 1997 hubo una primera reunión en la que estuvo el DDF, la Comisión Plural y el Sutaur, el cual presentó una propuesta ``que rechazó misteriosamente el Departamento del Distrito Federal y los asambleístas Luege y Salvador Muñuzuri''.

La propuesta consistía en que los 23 millones de pesos se quedaran bajo resguardo del juez, que se liberaran los fideicomisos para que dos empresas pudieran operar y entonces establecer el punto de negociación, pero partiendo del objetivo claro de que ahí estaba el dinero para luego discutir el acuerdo.

En una segunda reunión hubo un careo entre el sindicato y pensionados en la que se establecieron reglas de no agresión y que se iba a buscar una media, pero los pensionados no variaron su posición de querer los 23 millones de pesos, por lo que el Sutaur tampoco modificó la de entregarles 805 mil pesos.

A la última junta --efectuada en mayo pasado-- sólo asistieron el DDF, representado por Ignacio Jiménez Brito, el Sutaur, Luege y Torres. ``Ahí, el propio DDF dijo que no era posible que los pensionados continuaran con la misma postura, ése es el punto que traba todo y que hace que el convenio político esté a medias, porque los dirigentes están libres pero bajo caución a pesar de que no hay elementos para que siga el proceso''.

Esto implica también que las dos concesiones se hayan dado pero los camiones están rentados por la empresa Dina, que podría retirarlos en el momento en que Siglo Nuevo no cumpla con los pagos, porque los fideicomisos del sindicato están congelados.

Torres explicó que fueron 740 los pensionados demandantes pero 35 por ciento recibió sus liquidaciones y algunos más no alcanzan una cifra mayor a 800 pesos, de acuerdo con los registros del propio sindicato, por lo que es claro que el punto central del conflicto es quedarse con los 23 millones de pesos.

``El gobierno de la ciudad utilizó a los pensionados para encarcelar a los dirigentes del sindicato y a su asesor jurídico, declarar la quiebra de la empresa sin haber elementos para ello y así el DDF pudo destrabar el problema que Sutaur le representaba para continuar con su proyecto de concesión del transporte público, pero el objetivo se logró a medias porque nunca imaginaron que los sindicalistas aguantaran tanto hasta obligarlos a sentarse a negociar''.

El asambleísta rechazó la propuesta de Luege para desaparecer al Sutaur, ``ésa no es una alternativa porque el sindicato todavía tiene su registro y muchos bienes como los fideicomisos, que entonces quedarían en el aire''.