PROTESTA INDIGENA EN ECUADOR

Reuter, Ansa, Ap, Dpa, Afp y Efe, Quito, 11 de agosto Ť Por lo menos seis personas heridas, tres detenidas, carreteras bloqueadas y paralización del trasporte público y privado fueron el resultado del primer día de una huelga general de 48 horas convocada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conipe), que evaluó como exitosa la jornada inicial y amenazó con radicalizar la medida si el gobierno no atiende sus demandas.

De su lado, el ministro del Interior, César Verduga, afirmó que la primera jornada de protesta provocó pérdidas por unos 245 millones de dólares, sólo por el cierre de carreteras, aunque quiso minimizar los efectos de la huelga y dijo que el país trabajó normalmente.

Ante los primeros resultados del paro, el secretario de la Presidencia, Arturo Gangotena, expresó que el gobierno está dispuesto a ceder ante la presión demostrada; añadió que el presidente interino Fabián Alarcón podría dialogar con los sectores en conflicto para llegar a acuerdos que puedan solventar los protestas.

Dirigentes del Movimiento Popular Democrático (MPD), que también impulsa la protesta junto con otras organizaciones populares, se entrevistaron con Arturo Gangotena, en lo que se considera el inicio de una apertura de diálogo entre el gobierno y los huelguistas, que demandan la convocatoria inmediata de una asamblea para reformar la Constitución y rechazan las pretensiones de privatizar la seguridad social o eliminar un seguro social para los campesinos.

Fuentes gubernamentales señalaron que el gobierno estaría analizando la posibilidad de vetar la decisión del Congreso, que convocó a la asamblea nacional para agosto de 1998, para que se instale paralelamente con el nuevo gobierno y Parlamento, y adelantarla para enero próximo.

Los sectores convocantes a la huelga, en su mayoría campesinos e indígenas, han criticado la actuación del Congreso, que aplazó la asamblea, decidida por una consulta popular realizada el 25 de mayo pasado, y al Ejecutivo, porque no actúa con determinación frente a las presiones del Parlamento.

La huelga durará 48 horas pero podría prolongarse un día más ``si el presidente no escucha'', anunciaron Antonio Vargas, presidente de la Conipe, y el diputado Gustavo Teheran, del MPD, quienes añadieron que además de que servirá como preparación para el ``levantamiento social'' si el gobierno no reconoce la celebración de una asamblea constituyente convocada por los sectores sociales para el 12 de octubre próximo.

La dirigencia indígena aseguró que las 21 provincias ecuatorianas han sido aisladas del resto del país, en especial de las zonas rurales, en tanto que en las ciudades, como Guayaquil, Quito y Cuenca, las actividades laborales se desarrollan con normalidad, y la huelga casi pasó inadvertida, excepto por el inicio de la especulación sobre el precio de los alimentos frescos, pues debido al cierre de las carreteras se teme una carestía.

Las jefaturas de Defensa Civil de las provincias de Azuay, Pichincha, Ibarra, Cotopaxi y Guayas indicaron que en las principales carreteras de la región andina los manifestantes quemaron llantas, derribaron árboles, colocaron piedras y abrieron profundas zanjas con la finalidad de paralizar el transporte. Policías militares lograron abrir algunas carreteras, también en forma pacífica, pero los manifestantes volvieron a cerrarlas.

La radio dijo que tres manifestantes resultaron con heridas leves en la provincia de Azuay en enfrentamientos entre huelguistas y obreros de una fábrica; en tanto, otros tres fueron embestidos por un automóvil que trató de evadir uno de los obstáculos de una carretera cercana a la ciudad de Cuenca.

Al hacer un balance de la primera jornada de protesta de los campesinos, indígenas y otros sectores sociales, el ministro del Interior aseguró que no se produjeron grandes manifestaciones, pero lamentó que ``una absoluta minoría'' de 4 mil personas haya cortado las carreteras.

El presidente Alarcón rechazó anoche las protestas, al señalar que esa no es la forma de expresar los puntos de vista; aclaró que la política gubernamental no prevé la eliminación de seguro social campesino.

A su vez, el diputado de izquierda Napoleón Saltos consideró que el espíritu del 5 y 6 de febrero está presente en esta protesta, en alusión a la huelga que derivó en la destitución, por ``insanidad mental'', del ex presidente Abdalá Bucaram, quien fue reemplazado por Alarcón.