El Acuerdo de Gobernabilidad suscrito ayer por los coordinadores parlamentarios de los partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional, Verde Ecologista de México y del Trabajo, da pie a una situación sin precedentes en la historia política del país: la conformación, en la Cámara de Diputados, de una mayoría opositora. Esta acción, que traduce el mandato popular expresado en las urnas el pasado 6 de julio en una efectiva separación de poderes, abre nuevas y esperanzadoras perspectivas en la vida política de la Nación.

Es importante señalar que el acuerdo mencionado se articula con base en puntos comunes correspondientes a formalidades de la actividad parlamentaria y no alrededor de un programa legislativo, es decir, se trata de una coalición para fijar las reglas del juego al interior de la Cámara de Diputados, y no para aprobar leyes determinadas. Aun así, el pacto interpartidario reviste una gran trascendencia de cara a la plena democratización de las instituciones nacionales y al rescate de la independencia legislativa. Con este acuerdo se formaliza la pérdida del control de una de las instancias del Congreso federal por parte del PRI, se pone fin al mayoriteo y se da paso a un ejercicio parlamentario que requerirá la negociación constante entre los diversos institutos políticos con registro.

Otro aspecto que debe destacarse es que el Acuerdo de Gobernabilidad no necesariamente implica marginar al Partido Revolucionario Institucional; por el contrario, se ha extendido una invitación a ese organismo para que se sume a los términos propuestos. Si el PRI responde positivamente al ofrecimiento, ello implicará el establecimiento de un consenso sobre formas nuevas, y más justas, de operación de la Cámara de Diputados y de integración de sus órganos y comisiones y, lo más importante, sobre el establecimiento de una efectiva separación de poderes y de la plena independencia parlamentaria.

Por lo que se refiere a la sustancia del trabajo legislativo, es claro que las fuerzas políticas habrán de buscar acuerdos entre ellas, caso por caso, para buscar la aprobación de sus iniciativas, y ello obligará a las diferentes bancadas a realizar importantes esfuerzos de concertación, de los cuales no debe estar excluido ninguno de los partidos representados en la Cámara de Diputados, salvo que sea por decisión propia.