En Chiapas se tortura para disuadir conductas ``subversivas'', informa una ONG al relator de la ONU
Alma E. Muñoz Ť El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas entregará al relator especial de la Organización de las Naciones Unidas, Nigel S. Rodley, un documento sobre las ``nuevas modalidades'' de tortura en Chiapas, problema que, señala, ``se presenta en la entidad como un acto ejemplar para la disuación de conductas que la autoridad considera subversivas o en su contra''.
Con casos investigados por el organismo no gubernamental citado, en el texto se considera que en Chiapas ``nos enfrentamos a un problema político, social y jurídico que se encuadra en la conocida práctica inconstitucional y violatoria de los derechos humanos de la que el Estado mexicano tiene el honor de poseer uno de los índices más altos en el mundo: la tortura''.
Afirma que desde 1994 no sólo los policías realizan esta práctica, sino también el Ejército mexicano, los llamados guardias blancas y en ``tiempos de paz'', grupos paramilitares priístas ``sustituyen el trabajo sucio de la guerra'', como en Chenalhó, Pantelhó y Pueblo Nuevo Solistahuacán, con Paz y Justicia y Chinchulines, así como Alianza San Bartolomé, en Venustiano Carranza.
Dossier para el relator especial sobre tortura incluye, con base en los informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un cálculo de 35 casos de tortura por año y tan sólo en el periodo mayo 96-mayo 97, el anexo de 25 expedientes por este motivo, siete de los cuales únicamente recibieron recomendaciones por parte de la institución.
Un distintivo reciben los operativos por desalojos agrarios cuyo esquema ``deja una clara impresión de daño moral y presión sicológica contra los grupos labriegos'' pues el total de sus pertenencias al igual que su seguridad, son destruidas durante las acciones.
Aquí, el organismo habla de una larga lista de campesinos-indígenas que se encuentran en uso y disfrute de tierra ``ajena'' y de la ``admirable'' resistencia y organización de éstos para, de algún modo, ``regularizar su situación agraria''.
Los casos documentados corroboran al Centro de Derechos Humanos que el flagelo de la tortura ``no ha sido desterrado'' de Chiapas, pues se tiene un amplio conocimiento de que en la tarea de perseguir guerrilleros, el Ejército suele torturar a sus detenidos.
Ciertamente, afirma, no se sabe de algún elemento de esta institución con un proceso en su contra o a punto de recibir una condena por el delito de tortura.