Los forcejeos partidistas en la Cámara para acomodarse de una manera similar a la representación obtenida en las urnas es el sello distintivo de la actualidad del país. Las normas de convivencia están siendo discutidas entre las principales fuerzas políticas que el electorado definió con sus votos. El mandato popular que se pretende atender es el de un inicial balance de actores y tendencias. El reparto puede muy bien asumirse por partes iguales entre las tres grandes agrupaciones o, en su ausencia, uno que obligue a integrar zonas consensuales para asegurar la conducción y el control.
A pesar de que la coalición gobernante retiene todavía palancas suficientes para inclinar muchas de las decisiones a favor de su visión e intereses, lo cierto es que la negociación continuada será la constante. Los recientes acuerdos logrados por la oposición para definir aspectos torales de la vida orgánica de la Cámara de Diputados y del formato para llevar a cabo el informe del presidente, asientan el punto de inflexión a la costumbre priísta de decidir para sí, y sólo ante ellos mismos, el modo y la sustancia de todos los asuntos.
El enriquecimiento que irá experimentando el quehacer público no se ha hecho esperar. La ganancia se puede observar a simple vista en puntos sensibles, como la ley de ingresos y el gasto presupuestal que ya se anuncian como tierra de nadie, y sujetos a formulaciones distintas a las establecidas por la costumbre. La mirada atenta de la ciudadanía fuerza al empleo y manejo de información adecuada y asequible a todo aquel que la solicite para fundar su juicio y tomar el partido que le plazca y convenga. Los aspectos de naturaleza financiera cuentan con una base bien procesada de datos que permiten la formación de posturas sólidas. No parece suceder lo mismo con otras áreas de la vida organizada que son tanto a más relevantes para el crecimiento y la modernización democrática que se buscan. Se piensa en temas como la pobreza y su combate, en la educación o en la actividad agrícola del país.
El caso de la educación es particularmente notorio. Para definir sus contornos, juzgar el desempeño de los conductores, fijar prioridades y rumbos, recomendar salidas, asignar recursos y prever necesidades, un conjunto nada despreciable de datos, análisis y estudios de campo pueden ser usados porque se cuenta con ellos. Se tienen además centros de reflexión especializados con expertos dedicados de tiempo completo a la materia y con insuperable como reconocido talento y dedicación. Sin embargo, los errores de acercamiento y apreciación, malos cálculos, confusión generalizada y resultados contradictorios son casi las constantes.
Nadie pone en tela de juicio la centralidad de la educación para el desarrollo de un pueblo, para el crecimiento sostenible de una economía o para concretizar un bienestar compartido.
Pero la realidad y distintas prioridades adicionales, la relegan con frialdad, sofismas y endebles justificaciones a imponderables financieros, electorales o administrativos.
Por estos días, los rezagos educativos son ya tan inocultables como vergonzosos. Quince o más años de ningunearle recursos han sometido al sector a un deterioro que aflora a pesar de los discursos y las promesas oficiales de su mejoramiento e importancia. Es desquiciante oír por un lado a las autoridades afirmar, con toda clase de frases altisonantes, que se está preparado para atender la demanda y por el otro atestiguar los rechazos injustificados y las airadas protestas de aquéllos que han sido dejados fuera del circuito y las oportunidades de recibir instrucción escolar. En los estratos de sus niveles medio y superior la incapacidad de atender la presión social se manifiesta en suicidios, plantones, tomas de carreteras y reclamos masivos para no ser dejado fuera de los politécnicos y las universidades. No ensanchar la oferta para una estructura tan dinámica como la mexicana es condenar a la muerte civil a millones de seres humanos y mutilar a la nación dejándola fuera de la competencia por un lugar digno. Forzar a un cambio para asignar jerarquías es sinónimo de modificar el modelo actual y es, también, un mandato ineludible que debe leer y perseguir la oposición.