La Jornada viernes 15 de agosto de 1997

Pablo Gómez
De mancos y tullidos

El acuerdo parlamentario de las oposiciones se refiere al gobierno interior de la Cámara de Diputados. No hay, por tanto, un frente o bloque, sino la conformación de una mayoría para un propósito concreto. Así será en el futuro inmediato, pues ningún partido cuenta con la mayoría absoluta de la asamblea.

Pero lo que tendría que verse como algo normal se convierte en un escándalo. Arturo Núñez, coordinador priísta, lanza la bronca a los opositores como si se tratara de un pleito callejero: no estamos ``ni tullidos ni mancos'', como diciendo ``lo que quieran...''. Algunos comentaristas se lamentan de lo que llaman ``desplante triunfalista'' (de la oposición), mientras otros se conduelen de que el Presidente de la República se encuentre frente a la necesidad de negociar con políticos de otros partidos distintos al suyo.

Lo que han hecho el PRD, PAN, PVEM y PT es algo lógico. Si estos partidos no hubieran llegado a ningún acuerdo para cambiar la organización de la Cámara, nadie lo podría explicar.

El primer acuerdo es que el órgano de gobierno interior de la Cámara de Diputados se integre de conformidad con la ley vigente, la cual señala que sus integrantes son los coordinadores de los grupos parlamentarios más otro tanto nombrado por la Gran Comisión (órgano integrado por el grupo con mayoría absoluta). Como esta última no existirá, entonces sus funciones no pueden ser ejercidas, es decir, los integrantes de aquel órgano de gobierno interior (Comisión de Régimen Interno y Concertación Política) tendrán que ser solamente los coordinadores parlamentarios.

Lo anterior significa que la Cámara no tendrá un líder y que ningún grupo partidista podrá ser el dictador. Así, la presidencia del órgano interno de gobierno será rotativa. Pero el PRI no admite esta situación que se deriva de las urnas, sino que reclama su derecho a ser mayoría en dicho órgano interno y a presidir éste permanentemente.

Al no existir mayoría absoluta, los funcionarios administrativos de la Cámara tendrán que ser nombrados por el conjunto de los grupos parlamentarios y no designados por un partido a espaldas de los demás, como ha sido hasta ahora. Los dineros que se gastaba la Gran Comisión tendrán ahora que usarse en otras cosas o disminuirse del presupuesto. El servicio de comunicación social de la Cámara tendrá que ser plural, como las demás funciones de apoyo.

Todas estas cuestiones son enteramente lógicas y deberían verse como normales. Lo que ocurre es que lo viejo sigue presente en la mente de algunas personas acostumbradas a vivir sometidas. Por fortuna, se ha llegado a un acuerdo de la mayoría de los diputados: texto negociado entre varios y no impuesto --como antes-- por el poder Ejecutivo que manipuló a la Cámara durante casi toda la historia independiente de México.

La cuestión del formato del Informe Presidencial es relativamente menor. Si Ernesto Zedillo no quiere negociar con la mayoría absoluta de los diputados, entonces se arriesga a que éstos le apliquen la Constitución, es decir, le reciban el Informe, le agradezcan su presencia y levanten la sesión del Congreso General, ya que éste es presidido por el presidente de la Cámara de Diputados. En una actitud flexible y considerada, el titular del poder Ejecutivo podría escuchar a los portavoces de los grupos parlamentarios y nada ocurriría, por ello, en el país. Podrían suceder otras cosas, pero lo que es seguro es que nadie saldrá herido y que no habrá una riña callejera como la que advierte Arturo Núñez.

Cuando, el 7 de junio, se dieron los resultados preliminares de la elección del día anterior, el gobierno ya sabía que los electores le habían negado la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. En la prensa de casi todo el mundo esta situación fue consignada como un hecho político fácilmente asimilable. La secretaria estadunidense de Estado declaró en Madrid que, ``obviamente'', Washington asumía el dictado de las urnas en México y que trataría con este país en las nuevas condiciones de ``un gobierno dividido''.

Casi todo mundo, al parecer, advierte la nueva situación con tranquilidad, excepto el secretario de Gobernación y su colaborador, el señor Núñez. ¿Por qué tendría que ponerse nervioso Ernesto Zedillo, cuando él ya habló de una ``normalidad democrática''?

El acuerdo de los grupos parlamentarios de los partidos de oposición es plenamente constitucional: conformar una mayoría alrededor de los puntos del gobierno interno de la Cámara. Mañana, otras mayorías, o esta misma, se crearán para tomar decisiones de diverso género.

Ni bravuconadas ni pleitos callejeros, sino lucha política republicana es lo que se advierte para los próximos tres años de la legislatura. Será una lucha muy difícil, cierto, pero ya era hora de que la hubiera.